Después de una campaña electoral polarizada, en que el uribismo se jugó su patrimonio político al oponerse abiertamente a la paz firmada el 7 de agosto de 2018, en su posesión el Presidente Iván Duque invitó “a construir un gran pacto por Colombia, en que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen”. Anunció que radicará “ante el Congreso un paquete anticorrupción, en el cual se incluirá la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, sanciones severas a empresas y dueños que corrompan funcionarios”.
Existe hoy una preocupación generalizada de la comunidad internacional sobre la suerte de la paz en Colombia. En la 73ª Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado, bajo la certeza de que este organismo multilateral respaldó una salida negociada al conflicto, Duque afirmó que tiene “la convicción de implementar lo pactado en Cuba”. Sin embargo muy rápidamente su discurso “del pacto por Colombia”, la lucha contra la corrupción y su compromiso con la implementación de la paz se desmoronaron en los hechos.
Las protestas estudiantiles de octubre y noviembre de 2018 recibieron del gobierno un tratamiento de guerra, cientos de jóvenes presos y heridos por la barbarie del Esmad. El Centro Democrático, partido de gobierno, rápidamente engavetó en el Congreso los proyectos, producto de la consulta anticorrupción, que obtuvieron 12 millones de votos en agosto de 2018.
Lo más grave y censurable ha sido la embestida del presidente y del partido de gobierno en el parlamento, contra la implementación del acuerdo de paz. Desde antes del absurdo atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, Duque cancelaba los diálogos con esta guerrilla. El país y la comunidad internacional evidenciaron la sistemática intervención del presidente, en asocio con el fiscal Martínez Neira, en el montaje judicial contra Santrich, para estorbar el debido proceso e impedir su libertad a toda costa.
La objeción presidencial a seis aspectos puntuales de la ley estatutaria de la JEP ha sido calificada como una torpeza colosal, por cuanto ya era cosa juzgada y pisoteaba el estado de derecho. Es evidente que con sus actos, Duque pone en grave peligro el proceso de paz y estimula la confrontación armada. Los ataques del presidente Duque contra la JEP reflejan su afán para proteger al expresidente Uribe, evitar las declaraciones de militares y terceros que se han acogido a la JEP y que pudieran implicar al expresidente mencionado.
La idea de que se eligiera al que Uribe dijo, ahora se explica, al ver a Duque quien actúa como alfil del entramado que se urde contra la paz desde la bancada del Centro Democrático en el Senado. Además, la naturaleza elitista del poder, se demuestra con los beneficiarios de la política de Iván Duque: el capital financiero, las multinacionales, los latifundistas y los autores intelectuales de los asesinatos de los líderes sociales. quienes gozan de absoluta impunidad. El actual Gobierno, está lastrado por su total dependencia de las bravuconadas del tantas veces mencionado Uribe Vélez, cuyas acciones están orientadas por su odio enfermizo.
Urge una convergencia nacional real, que se manifieste en escenarios sociopolíticos amplios y unitarios; en calles y plazas públicas, para articular las acciones por la vida y la paz. Unidad en la acción, sin cálculos egoistas y con desprendimiento generoso, es un imperativo necesario, para enfrentar solidariamente las amenazas que se ciernen sobre la vida, la paz y las libertades ciudadanas. Solamente unidos podemos ganar esta batalla por la vida, la soberanía, la democracia y la defensa de la naturaleza.
