A los 51 años de la conmemoración de los famosos disturbios de Stonewall Inn en New York, como hecho icónico de la lucha de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (LGBT) en el mundo, es necesario pensarnos el estado de los derechos de estas personas en las actuales circunstancias del país
Nixon Padilla
@nixonpadilla
Cabe recordar que, en Colombia, la “homosexualidad” deja de ser un delito hace solo 40 años (Decreto-Ley 100 de 1980 Reforma del Código penal) y que la apertura institucional para el reconocimiento de derechos se abre solo con la constitución de 1991. Así mismo, es necesario decir que los reconocimientos de derechos y el desarrollo de políticas públicas que los aplique y defienda se han dado a cuenta gotas.
El principal papel lo ha jugado la Corte Constitucional, que en un proceso de interpretación de la aplicación de los derechos fundamentales, ha venido desarrollando un largo camino jurisprudencial, que va desde el reconocimiento de derechos patrimoniales hasta el reconocimiento y protección de las familias homoparentales, pasando por la exigencia al gobierno de expedir y desarrollar políticas públicas dirigidas a la población LGBT, así como al Congreso de la República, para que legisle en las materias que son de su competencia.
Pero, ambos poderes públicos, tanto Congreso como Gobierno Nacional, atrapados por fuerte oposición de sus componentes clericales-conservadores, no han cumplido con sus respectivos deberes. Es bueno reconocer que los gobiernos locales, han jugado un papel de vanguardia en la implementación de políticas publicas dirigidas a la población LGBT, en particular los gobiernos progresistas del Distrito Capital.
Ahora bien, los avances institucionales y jurídicos, que hoy existen serían imposibles sin el movimiento social LGBT que, como característica particular, en los últimos 20 años, su desarrollo ha estado vinculado a la lucha por la Salida Política Negociada al conflicto armado colombiano. La inclusión de las personas LGBT, como uno de los sectores sociales destinatarios de las medidas incluidas en los acuerdos de paz entre el estado y las FARC-EP, se convirtió en uno de los temas movilizados por los detractores del acuerdo en el marco del plebiscito del 2016.
No obstante, lo anterior se puede constatar que, a pesar de los avances institucionales, del reconocimiento y de la visibilización del movimiento LGBT, la existencia cotidiana de la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género, se mantiene de una manera dramática. La violencia contra las personas LGTB en el marco del conflicto armado, así como la exacerbación de la misma, a propósito de los ataques homofóbicos y los intentos de hacer retroceder en el reconocimiento de derechos, por parte de los sectores conservadores y fundamentalistas, que hoy hacen parte del gobierno, es un problema fundamental que debemos señalar.
La violencia institucionalizada contra las mujeres transgeneros, sobre todo aquellas que ejercen actividades sexuales pagadas en calle, se ha exacerbado en el marco de las medidas de confinamiento tomadas por la pandemia del COVID-19, y desnuda la homofobia internalizada en los cuerpos policiales y militares.
El gobierno Duque se ha orientado a entregar la institucionalidad que debe desarrollar una política pública a favor de la población LGBT, a los sectores más atrasados de la coalición de gobierno, ligados, sobre todo, a iglesias evangélicas. El papel fundamental de estos sectores ha sido, por un lado, ralentizar, detener y hacer inocua cualquier medida a favor de los sectores sociales LGBT, desde el Gobierno nacional, y por otro lado, impulsar acciones que en la práctica cierren espacios al disfrute de derechos. Tal es el caso de la formulación del Ministerio de la Familia, que pretende devolver las políticas públicas dirigidas a niños, niñas, adolescente, mujeres, al puro ámbito privado e invisibilizar las distintas formas de familia que ya se reconocen en el país.
La trasformación de esta realidad pasa, necesariamente, por un cambio estructural en la dirección del estado, por lo que incluir al movimiento social LGBT, sus demandas y movilizaciones de manera efectiva, al proceso de construcción de un bloque popular que trabaje por un gobierno democrático es ineludible y necesario.
VOZ
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