Jorge Armando Rodríguez Avella
“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, Artículo 12 de la Constitución Política. Es uno de los artículos que debería llamar más la atención de quienes predican y dicen practicar el amor al prójimo.
La desaparición forzada es un crimen atroz practicado de forma masiva en Colombia con una indiferencia de los gobiernos para lograr que la sociedad se insensibilice y no reaccione.
Solo hasta en 2010, la Fiscalía creó una unidad especializada en desaparición, a pesar de que nuestro país pasó hace años el número de desaparecidos registrado en países del cono sur bajo dictaduras militares. (Chile entre 3 mil y 9 mil, Argentina cerca de 30 mil, Uruguay cerca de 600). Colombia no ha necesitado de la figura dictatorial para implementar, desde las esferas del poder, este crimen de lesa humanidad.
“Hacia las 10 de la noche del 4 de julio de 1990 llegó Alirio Pedraza Becerra al centro comercial La Campiña, (calle 145 con carrera 92 de Bogotá) para comprar el pan y llevarlo a su hogar, donde lo esperaban, como de costumbre, su esposa Virginia Vargas y pequeño su hijo Oscar Alberto. Cuando salía de la panadería para dirigirse al edificio de su apartamento a unos cuantos metros, lo aguardaban ocho hombres vestidos de civil, fuertemente armados. Estos habían llegado al lugar en tres vehículos: un Mazda oscuro, un Chevrolet Trooper blanco y otro. Los tres automóviles se estacionaron frente a la panadería”.[1]
También Colombia ostenta otro de los muchos records malos del mundo. La impunidad en casos de desaparición forzada es del 99.5% y la cifra de víctimas de este crimen sobrepasa los 80 472, sin que las entidades oficiales encargadas de llevar las estadísticas realicen su labor de manera diligente. El hoy discutible Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, bajo la dirección anterior del sociólogo Gonzalo Sánchez, realizó un trabajo minucioso sobre el fenómeno de la desaparición, sus posibles causas, los perpetradores y el sufrimiento que provoca en el entorno social de la víctima y en toda la sociedad, porque es un crimen horrendo y por el efecto terrorífico que provoca.
“El asedio por parte de la fuerza pública contra Alirio no se reflejó únicamente este día 4 de julio. Con anterioridad, el 21 de agosto de 1989, doña Paulina Becerra de Pedraza, madre de Alirio, había sufrido, en su residencia en Sogamoso, un violento y humillante allanamiento por parte de unidades del Batallón de Artillería Tarqui. Este batallón obedecía órdenes de la juez séptima de Instrucción Criminal de Sogamoso, luego de que ésta se reuniera con el Comandante del Batallón Tarqui, coronel Ricardo Mora González y el Comandante del VI distrito de Policía de Sogamoso, quienes le habían aseverado que doña Paulina era colaboradora de la guerrilla. La orden de allanamiento, transmitida a la juez, no tenía fundamento legal alguno y la I Brigada de Tunja no tenía competencia para ordenarla”. Únicamente a la eficaz y valiente inteligencia militar colombiana se le podría ocurrir semejante despropósito de considerar a una anciana, creyente e inofensiva mujer como sospechosa.
El documento del CNMH, Hasta encontrarlos, da cuenta de los porcentajes y cifras aproximadas de los grupos perpetradores. Así: Paramilitares son responsables del 62%. El Estado, que empezó “a dar ejemplo” de cómo practicar el crimen: 6%. Guerrilla: 25%. Grupos de posmovilización y bandas criminales: 6%.
Alirio como estudiante del Colegio de Sugamuxi de Sogamoso, su ciudad natal, participó en numerosas actividades de la vida social estudiantil. Formó parte de la nómina de redactores del periódico Pluma Joven, fue colaborador activo en la organización de Semanas de la Juventud y coadyuvó en eventos para recaudar fondos para el bienestar estudiantil como corridas de toros, bazares, etc. Lo que demuestra su fuerte arraigo por lo social y participación colectiva.
“Los testigos, entre el celador del centro comercial, Víctor Martínez Jáuregui, declararon haber presenciado cómo los sujetos se abalanzaron sobre Alirio Pedraza golpeándolo y obligándolo a abordar el vehículo Mazda. Ante la agresión de la que estaba siendo víctima, Alirio empezó a gritar su nombre y a pedir auxilio. Los hechos fueron observados por dos agentes de Policía, quienes se encontraban en inmediaciones del sitio de los hechos. Dos de los captores se identificaron ante los policías como miembros de un organismo de seguridad del Estado, por lo cual los agentes de Policía permitieron pasivamente la captura del abogado”.
En su declaración´, el celador Martínez Jáuregui relató: “Había cuatro personas contra él y le decían palabras soeces y escuché que le decían al señor de la chaqueta amarilla [Alirio] que era una requisa, que se ponga contra la pared, y yo fui hacia él para ayudarlo porque pensé que lo estaban robando y alcancé a llegar, ahí cerquitica … y cuando yo fui a desenfundar el revólver, el conductor del Truper me dijo que eran Policía Judicial y que no fuera a hacer nada. Entonces fue cuando sacó la cartera negra y me mostró un carnet que decía POLICÍA JUDICIAL, y tenía un tricolor nacional… El tipo de bigote permaneció conmigo unos cinco minutos más; él estaba asustado y miraba por todos los lados y fue cuando llamó al compañero y le dijo estese aquí con él, y entonces fue cuando el negrito estuvo ahí conmigo; la orden fue dada con voz de mando, era gruesa la voz, entonces inmediatamente el muchacho moreno estuvo conmigo hasta que por fin alzaron al tipo de chaqueta amarilla y lo subieron al carro Mazda y fue cuando él empezó a gritar que él era no sé qué, el crespo cerró la puerta del Mazda bien duro y arrancó el carro inmediatamente, y el crespo le dijo a los dos policías que estaban cerca de la cabina telefónica ‘tranquilos lanza, que no ha pasado nada’, que ellos eran de la Policía Judicial…”
Desde ese 4 de julio de 1990, sus familiares, compañeros y amigos realizaron insistentes búsquedas por todos los despachos públicos como Procuraduría, juzgados, instituciones de salud, etc. e incluyendo la Policía Nacional en donde les negaron las identidades de los agentes que presenciaron el secuestro y desaparición.
El secuestro y desaparición del abogado defensor de Derechos Humanos Alirio Pedraza Becerra se convirtió infortunadamente en un emblemático mundial de la Colombia sucia y ruin y cuyos sucesivos gobiernos han acudido a los métodos viles para acallar a sus opositores. Hoy 30 años después la investigación sigue en fase preliminar.
Coincidió el crimen contra Alirio con el 30 Aniversario de Amnistía Internacional. Esta respetada institución inglesa escogió 30 casos de violaciones flagrantes de derechos dumanos, para mostrar y llamar la atención mundial sobre los gobiernos que practican métodos en contra de la dignidad humana. Dentro de estos casos el de Alirio Pedraza fue uno, el cual estuvo apadrinado por un reconocido artista como todos los demás 29. Fue Raymond Depardon, un fotógrafo francés de mucha prestancia artística. Su testimonio fue incluido en una película realizada por Jean-Luc Godard a propósito del aniversario de Amnistía Internacional.
De otra parte, el periódico francés La Humanidad (L´Humanité) en su tradicional fiesta anual, de ese año desplegó por numerosos stands de países participantes el afiche de Alirio en el que se denunciaba su desaparición.
Lo que quedará para siempre es que los perpetradores del secuestro y desaparición de Alirio Pedraza Becerra fueron funcionarios de la Policía Nacional. Que la identidad de los cobardes y gavilleros criminales ejecutores materiales gozan de la total impunidad, así como también quienes dieron las órdenes para cometer otro crimen más del Estado colombiano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por este crimen atroz.
[1] Testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
