Más de un mes de cese de actividades por parte de 322 mil profesores, fue necesario para que el Gobierno aceptara buscar cambios en la normatividad que permitan más recursos para la educación. ¿Qué acordaron el Gobierno y los maestros?
Con el compromiso de recuperar el tiempo que los estudiantes perdieron por el cese de actividades y la satisfacción del deber cumplido, el pasado 16 de junio los dirigentes y negociadores de la Federación de Trabajadores de la Educación, Fecode, en conjunto con la jefe de la cartera educativa, Yaneth Giha, anunciaron al país el fin del cese de actividades, luego de llegar a acuerdos.
El conflicto había iniciado desde el 28 de febrero pasado, cuando en un pliego de peticiones los docentes habían exigido aumento de recursos para la educación, por el incremento de la población estudiantil, las necesidades del país y la implementación de la jornada única, entre otros aspectos.
Las negociaciones iniciaron en el contexto de las discusiones de los diferentes pliegos de trabajadores del sector estatal, pero los delegados del Ejecutivo se dedicaron a dilatar sin ofrecer soluciones reales. Según negociadores de Fecode, el Gobierno buscaba desgastar la movilización.
La contundencia del cese de actividades se mostró en varias oportunidades cuando miles de docentes se tomaron a Bogotá y las capitales de departamento, y mostraron unidad. Pero también cuando la sociedad en general empezó a expresar apoyo a la causa de la comunidad educativa.
La amenaza de la Ministra de no pagar los días no laborados no amilanó a los maestros, por lo contrario, radicalizó sus acciones al punto que hubo más asambleas, cacerolazos, marchas de antorchas y bloqueo de vías, con la conocida respuesta gubernamental: violencia policial por parte del Esmad.
Según negociadores de los docentes, los ánimos en la mesa estuvieron candentes en varias oportunidades, al punto que los negociadores de Fecode decidían levantarse de ella ante los insultos de la Ministra, quien se mostraba iracunda por el paro y las exigencias. Finalmente, esta fue separada de las negociaciones que estuvieron a cargo de otros delegados de la cartera de Hacienda y Educación, y sólo en la última semana el Gobierno se tomó en serio los diálogos.
En rueda de prensa, Yaneth Giha y líderes de Fecode anunciaron al país la buena nueva, que luego de 37 días permitió el retorno a la normalidad académica a más de ocho millones de estudiantes y el regreso a labores para los 322 mil profesores, con un pacto en beneficio de todo el país.
El profesor Pedro Arango, de la junta nacional de Fecode, hizo un balance político del cese de actividades: “La movilización de los sindicatos fue en todo el país, cumpliendo las orientaciones de la dirección nacional de la Federación, entendiendo que la financiación de la educación pública era la bandera principal de la pelea. Por eso recibimos el apoyo de la comunidad educativa y la sociedad en general, que así lo entendieron. Se entendió que no era un problema sólo de salarios”. La Federación elevó su nivel de confrontación al modelo económico, lo que le permitió un mayor fortalecimiento y una mayor legitimidad. Por lo contrario, fue evidente que las políticas gubernamentales van en contravía de la búsqueda de bienestar.
Lo que se ganó
El principal logro de la movilización fue la modificación estructural que tendrá el Sistema General de Participaciones, SGP. Este está compuesto por los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales -departamentos, distritos y municipios-, para la financiación de salud, educación, servicios públicos y vivienda, en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
El cambio de esta norma será un proceso. En palabras de la Ministra de Educación: “Será una discusión amplia, sin precedentes, que contará también con la participación del Congreso, alcaldes, gobernadores y otros actores del sistema educativo”. Entre los actores estará Fecode.
En esa materia, el documento suscrito expresa lo siguiente: “El Ministerio de Educación Nacional y Fecode reconocen la necesidad de una reforma estructural del Sistema General de Participaciones (SGP) que permita garantizar de manera progresiva los recursos necesarios para seguir cerrando las brechas relativas a: 1) el acceso universal al sistema educativo público de todos los niños y jóvenes desde los tres grados del preescolar hasta el grado once, 2) la canasta educativa para todos los estudiantes en el sistema educativo público, 3) los requerimientos necesarios para la implementación de la jornada única, 4) los déficits históricos vinculados al retraso en la renovación de la infraestructura educativa pública y 5) las relaciones técnicas alumno-docente y alumno-grupo.
“En este sentido, el Ministerio de Educación y Fecode acuerdan llevar conjuntamente a la discusión sobre la reforma la propuesta de que los recursos para educación aumenten progresivamente en un horizonte de 10 años posteriores a la entrada en implementación de la reforma.
“Para tal efecto, se acuerda crear una comisión de alto nivel, que contará con la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación y Fecode, entre otros. Esta comisión deberá ser instalada antes de que transcurra un mes después de la firma de esta acta, de tal forma que antes de que finalice el primer semestre de 2018 se tenga una propuesta a presentar al Congreso de la República.
“Fecode deja constancia de que la financiación de la educación pública en el Sistema General de Participación -SGP- debe hacerse vía reforma constitucional. Para ello, Fecode invita a los distintos sectores sociales a participar en el debate sobre la reforma constitucional que garantice la financiación de la educación pública”.
Logro político
En palabras del profesor Pedro Arango, con lo acordado se da un fuerte golpe a las intenciones gubernamentales de privatizar la educación, porque ahora ésta debe ser financiada y administrada por el Estado. “Logramos eso con la reforma, logramos que se inyecte presupuesto. Aunque sabemos que no será fácil porque ellos pretenderán continuar con sus propósitos, pero la enseñanza del paro es que el magisterio tiene que defender la educación”.
Aunque en el acuerdo se expresa que el Gobierno reconoce la necesidad de garantizar recursos para la educación, el profesor Arango comentó que esa no es la idea de estos gobiernos desde hace más de 15 años. “Ellos iban a continuar con esos actos legislativos. Hay un faltante de 130 billones en el Sistema General de Participaciones y para educación 73 billones, si ellos lo reconocieran hubieran tomado las medidas hace tiempo. Que se inyecte un billón seiscientos mil millones de pesos por año, en 10 años, para un total de 16 billones para iniciar, es nuestra propuesta. Esto, por encima del presupuesto para educación”.
Nuevas peleas
Acerca de la bonificación que pedían los docentes, para que fuera igual al resto de los trabajadores del Estado, no hubo acuerdo. Actualmente, los estatales que devengan menos de dos salarios mínimos al mes, tienen como beneficio una bonificación del 50% de su salario cada año. Y, quienes devengan más de ese valor, reciben un 35%. Los docentes como trabajadores estatales pedían el mismo derecho, pero les fue negado.
En contraposición se creó la bonificación pedagógica. Sobre esta, la Ministra de Educación expresó: “Creamos una nueva bonificación para los docentes, que será pagada de forma progresiva: En 2018 los docentes recibirán un pago equivalente al 6% de su asignación básica. En 2019, esa bonificación será del 11% y a partir del 2020, del 15%. Este es un esfuerzo para seguir cerrando una brecha histórica que el país ha tenido con nuestros maestros”.
Los maestros aceptaron la medida, pero saben que quedaron con las manos libres para dar una pelea jurídica y seguir exigiendo la bonificación por los servicios prestados, por eso dejaron constancia que el aumento de esa nueva debe ser progresivo. También será un punto de los próximos petitorios.
En el acuerdo también quedó que no habrá represalias contra los docentes por parte del Gobierno y que los sindicatos regionales se pondrán de acuerdo con las secretarías de Educación de cada departamento para la recuperación de las clases. Por ahora, se irá a vacaciones.
Con este conflicto quedó claro que es el magisterio el principal actor en defensa de la educación de todos los colombianos. Que aunque se logró modificar una norma para conseguir recursos, es una pelea de largo aliento en la que debe participar toda la sociedad y que aunque ya se abrieron nuevas sendas, hay que estar pendientes del cumplimiento de lo pactado, y del desarrollo de nuevas batallas que permitan la dignificación de la educación como derecho y no como negocio.
