Otra fecha en la que las promesas a las víctimas sobre la reparación no se cumplen, y por el contrario, el número de defensores de derechos humanos asesinados sigue subiendo en medio de la impunidad
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Colombia es uno de los países del mundo en los que más se han violado los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario, y en el que el conflicto armado se ha mantenido en el tiempo. Pese al avance en unos procesos de paz con las insurgencias, el conflicto continua latente en las regiones más apartadas del país, poniendo en evidencia que la crisis en derechos humanos, no solo es un problema estructural, sino que además no dependía de la existencia de las guerrillas en los territorios. En lo que va corrido de la terminación del proceso de paz con la reincorporada guerrilla de las FARC-EP, la violencia se acrecentó y el fenómeno paramilitar se fortaleció, copando las zonas dejadas por las FARC-EP, y cientos de líderes sociales han sido amenazados y otros más asesinados.
En términos de cifras, el país cuenta con aproximadamente unos nueve millones de víctimas, y existen diversas iniciativas que pretendían responder a la reparación de las mismas. Una de esas iniciativas desde el establecimiento fue la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, su objetivo principal reparar a quienes han padecido las consecuencias del conflicto armado y además de la reparación material, como la restitución de tierras a las familias desplazadas por la violencia, o la reparación económica, también contaba con las reparaciones simbólicas, de allí que el nueve de abril se institucionalice como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
Del centro de atención al olvido
Sin embargo, de los nueve millones de personas, cifras alertadas por las organizaciones sociales, que han sido afectadas de diversas formas en el marco del conflicto interno, la Unidad de Víctimas que es un organismo institucional que gestiona los programas de reparación, solo habla de siete millones, esto sin mencionar que tan solo un diez por ciento de las víctimas, se estima como reparadas por vía administrativa. Lo que en el pasado proceso de paz se estableció como el centro del debate para continuar con unos acuerdos de cara a la verdad y la terminación del conflicto, hoy después de firmados los acuerdos, todo ha quedado en el olvido.
Es por ello que, como todos los años, las organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos acudieron a las calles para manifestar su descontento, pero además para denunciar, que en Colombia uno de los fenómenos que se muestra como el principal responsable de las violaciones de los derechos humanos, como lo es el paramilitarismo, sigue existiendo, hoy día con mayor fuerza en algunas zonas del país sin que el Estado lo reconozca y cree mecanismo para erradicar esta realidad.
En un informe entregado por las mismas organizaciones sociales y en el que han registrado información sobre dicho panorama en el país desde iniciados los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FACR-EP, se evidencia la magnitud de esta tragedia nacional. Según el informe, “Entre 2013-2017 se registraron al menos 276 asesinatos y 164 atentados 188. Durante este periodo fueron asesinadas 29 personas LGBT1 89, 61 indígenas, 20 afrodescendientes, 41 mujeres. La situación es tan preocupante que la Defensoría elaboró un informe de riesgo que reportó 156 homicidios, 33 atentados, entre 1/01/2016 y el 5/03/2017. Los homicidios se concentran en departamentos donde hay grupos paramilitares, presencia masiva de las FF.AA.”
Además de ello, señalan que la impunidad es una de los elementos que más apena como Estado, pues lo que se conoce como crímenes de Estado, o ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional, permanecen en la total impunidad, “En relación con las investigaciones penales sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FF.AA. desde el 2005 existen 838 investigaciones, de las cuales solo el 3,22% se encuentran en ejecución de pena y el 8,35% en etapa de juicio”. Y por otra parte, “se reportan 4.578 procesos por desaparición forzada, de estos solo el 0.9% se encuentran en juicio y el 0,42% en ejecución de penas. Por tortura y tratos crueles e inhumanos, entre enero de 2013 y mayo de 2017 existían ocho procesos penales, de los cuales cinco se encuentran en etapa de indagación, uno en investigación y solo dos en juicio”. Este informe también contiene elementos que vinculan otros tipos de violación de derechos.
Otro nueve de abril sin justicia
Luis Emil Sanabria, director de Redepaz y quién estuvo al frente de la jornada del nueve de abril, comenta que, “El nueve de abril lo definió la ley 1448, y la conmemoración del día de la memoria y la solidaridad con las víctimas, pero además fue la muerte de Gaitán, y este año la jornada de movilización la hemos querido convocar entre muchas organizaciones sociales, reclamantes de tierras y víctimas en general, y quisimos demostrar y denunciar desde la simbología los más de 240 líderes sociales asesinados en los últimos dos años en Colombia”.
Así mismo comenta, “esta es una cifra alarmante y esperábamos que desde la firma del proceso de paz no se siguiera afectando fundamentalmente los líderes y lideresas sociales y lo que ha ocurrido es una persecución, sobre todo con quienes han estado comprometidos con la implementación de los acuerdos de paz en el territorio, con quienes reclaman la tierra etc.”.
Esta nueva jornada en la que participaron victimas de diversas organizaciones sociales y de víctimas, se marchó desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de Bolívar, entre consignas alusivas a la impunidad y una representación simbólica con ataúdes, evidenciando el drama que viven los y las líderes sociales con el sistemático asesinato de este sector en diversas zonas del país.
