Alfonso Castillo Garzón
Defensor de Derechos Humanos
Presidente de ANDAS e integrante del MOVICE
hojasuelta0@gmail.com
Las graves denuncias de corrupción y entrega de auxilios a parlamentarios, realizadas el 23 de enero en el congreso por representantes de partidos incrustados en el gobierno, no sorprende, no se trata de hechos que no se conozcan por la ciudadanía en general, más aun, quienes denuncian han sido promotores, repartidores, beneficiarios de lo que ahora se denomina la mermelada.
El hecho reprochable sin duda, tiene toda credibilidad por cuanto se trata de una denuncia de políticos que conocen la forma en que funciona y se ha “aceitado” el estado Colombiano durante muchos años, sólo que ahora las voces del “Uribe Centro Democrático” pretenden ganar el favor de los electores para las elecciones del 9 de marzo, sin embargo, es necesario recordar que toda esa clase dirigente ha tomado el estado y sus recursos, como fuente de enriquecimiento y para ello, han desarrollado todo tipo de prácticas corruptas y clientelares y más aún, se han apoyado y realizado como lo señalan centenares de denuncias y procesos judiciales, alianzas criminales con el narcotráfico y el paramilitarismo para mantener sus privilegios en el poder.
Esta denuncia no perjudica al Presidente Juan Manuel Santos, la afectada es la maltrecha democracia colombiana la cual de nuevo demuestra su inexistencia, pues no se trata sólo de esa repartición de puestos burocráticos o contratos, a ello se suma la ausencia de garantías para que sectores políticos distintos a los que han ejercido el poder del estado, desarrollando un marco legislativo para favorecer la impunidad y apoyo a sectores políticos dominantes como se expresa claramente en la reciente reforma electoral que sólo otorgar beneficios a los partidos políticos vinculados al gobierno actual, lo que de plano niega posibilidades a sectores opositores y democráticos que han accedido -no sin dificultades- a algunos cargos de elección popular, esto además de la persecución, amenazas, asesinatos, montajes judiciales, y estigmatización a opositores al modelo político imperante.
Nuestra democracia bien puede calificarse de “Mermecracia criminal” porque mientras al mismo tiempo que se hacen denuncias de “ayudas” a los parlamentarios, se conocen graves hechos de corrupción y saqueo del erario público por parte de esos mismos políticos que hoy hacen las denuncias. Y de manera casi simultánea, se conocen también graves denuncias hechas por la Marcha Patriótica en las que se indica que en un año de existencia han sido asesinados 29 de sus integrantes y judicializado varios de sus directivos a partir de montajes judiciales a entre quienes se encuentran Huber Ballesteros y Francisco Tolosa, igualmente se conoce de las trabas y obstáculos que se ponen para que la Unión Patriótica, acceda a los apoyos de ley en el financiamiento de la campaña electoral.
Esto demuestra la necesidad que tiene el país de impulsar una asamblea nacional constituyente, que involucre a diversos sectores populares y sociales, a partir de mecanismos de verdadera y auténtica participación política, para permitir al pueblo colombiano dotarse una nueva constitución política, que se ponga al servicio de la soberanía, la justicia social, derrote la impunidad y desmonte de los aparatos criminales que continúan ejerciendo control y dominio territorial en vastas zonas del país, igualmente una transformación de la constitución que permita la redistribución de manera equitativa de la inmensa riqueza nacional, es esto sin duda entre otros cambios democráticos, serán caminos seguros y estables para garantizar la paz, el desarrollo y la justicia social que el país reclama y necesita de manera urgente.
Bogotá, 25 de enero de 2014
