El Movimiento Ríos Vivos expresó su posición frente a la violación de derechos que tiene lugar con la construcción de represas
En el marco de la IV jornada por la defensa de los territorios y del día de acción contra represas y por los ríos, el agua y la vida, el Movimiento Ríos Vivos expresó su posición frente al drama y la violación de derechos que tienen lugar con la construcción de represas en Colombia.
El movimiento informó que, de continuar la imposición de proyectos hidroeléctricos en el país, se agudizarán la violación de derechos humanos, la crisis humanitaria, la crisis ambiental y la conflictividad social, lo cual es un asunto que involucra al conjunto de las poblaciones del país.
Durante la gira, los delegados de Ríos Vivos se entrevistaron con el Ministerio del Interior, de Minas y Energía (el de Medio Ambiente no accedió a recibir al movimiento), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Procuraduría, la Contraloría, la Fuerza Pública, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y cinco embajadas, entre otras entidades, lo cual permitió evidenciar la desarticulación institucional, el desconocimiento de los conflictos socioambientales y la vulneración de derechos generados por la política minero-energética, así como la ausencia de mecanismos eficaces para garantizar la protección de estos derechos.
El movimiento llamó la atención de las instituciones sobre la sentencia T-135 de la Corte Constitucional, dado el cuestionamiento que se abre frente a las limitaciones de la participación en la construcción de represas, y donde se revierte el cargo de la prueba, es decir, si una empresa estima que una persona no es afectada, será la empresa (el foráneo en el territorio) el que debe demostrar por qué la persona no es afectada.
Ríos Vivos solicitó el Ministerio de Ambiente se pronuncie al respecto, dado que la ANLA manifestó solo hacer seguimiento a las resoluciones y que esto debe ser, por tanto, tarea del Ministerio de Ambiente. El acatamiento de esta sentencia y de las interpretaciones y acciones que emprenda la autoridad ambiental definirá la garantía de derechos de todos los afectados por represas en Colombia y otros megaproyectos.
