En todos los gobiernos locales de la UP, la gente vio por primera vez los presupuestos y participó decisoriamente en la definición del destino de los recursos públicos, lo cual se tradujo en muchas obras en beneficio de la gente.
Ómer Calderón
Cumplir con una trayectoria de 30 años en la lucha por la paz indica el grado de persistencia de la movilización por las transformaciones de fondo, así como de la permanencia del carácter excluyente del régimen político colombiano. Este es el caso de la Unión Patriótica, cuyo origen y recorrido es una expresión de las banderas por una solución política al conflicto político, social y armado al que por más seis décadas las clases dominantes han sometido al país.
Desde la década de los años 70, es trazada una ruta para imponer el modelo económico, social y cultural neoliberal en América Latina, que se desenvuelve en Chile a través del golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular, en 1973, y en Colombia por medio del proyecto de reformas presentado por el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978). Pero aquí, a diferencia del hermano país, López encuentra la resistencia organizada del movimiento popular y sindical, que logra contener el proyecto neoliberal, a través de diversas movilizaciones masivas, siendo el momento más emblemático el paro cívico nacional de 1977.
La relación de fuerzas no le era favorable al establecimiento, por lo cual éste recurre a la represión sistemática, abierta y masiva contra las fuerzas populares, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), quien reprimió todas las manifestaciones políticas, sociales, culturales y armadas que propendían por la democracia plena. La resistencia popular encontró una expresión a inicios de 1980, en la toma de la embajada de la República Dominicana por un comando del M-19, que fue resuelta a través de la negociación entre el gobierno y el grupo guerrillero.
Solución política
Ante el fracaso del modelo represivo del gobierno de Turbay, producto de la más amplia y unitaria lucha democrática, el siguiente gobierno, de Belisario Betancur Cuartas (1982 – 1986), ensaya una vía de solución negociada en el plano de la confrontación más aguda, representada en la lucha guerrillera. De esta forma se constituye un ámbito de lucha por la solución política al conflicto interno como una forma de tramitar la confrontación entre el proyecto neoliberal esbozado desde el mandato de López y el proyecto de democratización política, económica y social contendido en las múltiples reivindicaciones de las fuerzas populares.
Surgen así en 1984 los Acuerdos de la Uribe, suscritos entre el gobierno y las FARC-EP, consistentes en que el movimiento guerrillero decretaba un cese al fuego que podría prolongarse indefinidamente, y el gobierno hacía lo propio para que así éste propiciara una serie de reformas democráticas y por su parte la insurgencia armada se transformara en un movimiento político legal, que contaría con garantías para acceder al poder por vías democráticas. Las FARC-EP cumplieron su parte, mientras que el establecimiento se resistió a las reformas democráticas y gestó una nueva ofensiva contra las fuerzas democráticas y populares, esta vez a través de continuas operaciones encubiertas estatales.
Con fecha 11 de mayo de 1984, las FARC-EP proponen una plataforma de lucha para un movimiento amplio al que por iniciativa de Jacobo Arenas denominaron Unión Patriótica. Con esta propuesta unitaria, una vez se dio inicio al cese el fuego decretado por la insurgencia armada a partir de las cero horas del 28 de mayo, los guerrilleros empezaron a hacer tránsito a la vida civil, actuando según lo pactado, sin uniformes ni armas, en la constitución de las estructuras de base de la Unión Patriótica.
La convocatoria a un nuevo movimiento político de carácter democrático, con el propósito de darle sustento social a la terminación de la confrontación armada, tuvo una amplia aceptación en diversas organizaciones: el Partido Comunista, el movimiento armado Autodefensa Obrera, dos frentes del ELN, movimientos políticos regionales como Causa Común en el departamento de Cesar, el Frente Amplio del Magdalena Medio con sede de Barrancabermeja, sectores regionales de la Anapo, e importantes destacamentos de base del Partido Liberal dieron vida a la fuerza política de la paz en Colombia.
Condiciones para avanzar
De esta forma la UP se constituyó en una expresión del auge de la unidad popular manifestada en la creación de la Central Unitaria de Trabajadores; la más amplia unidad del movimiento estudiantil hasta entonces, a través del Comité de Unidad Estudiantil; la convergencia de la mayoría de los movimientos cívicos en la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos; entre otros muchos procesos unitarios de mediados de la década de los años 80. En marzo de 1985 en Bogotá se hace un acto público de lanzamiento de la UP con el cual se inició el camino hacia el primer congreso de la UP los días 15 y 16 de noviembre de 1985.
Entonces se dieron las condiciones para avanzar hacia posiciones de poder en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1986. La UP obtiene un importante avance político para las fuerzas sociales populares, al alcanzar el 4,6% de la votación presidencial a favor de Jaime Pardo Leal, luego de que cuatro años antes se lograra una votación del 1,2% con el candidato del Frente Democrático Gerardo Molina. Con variadas coaliciones regionales logró elegir también a nueve representantes a la Cámara y cinco senadores. Así mismo, el nuevo gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) cumple con designar alcaldes según los resultados electorales de ese año, nombrando a 23 representantes de la UP allí donde se obtuvo la primera votación.
Regiones estratégicas de la economía nacional fueron así gobernadas por la UP: la mayoría de las del eje bananero; las alcaldías de la que en ese entonces se le llamaba la Arauca Saudita; los dos principales municipios de extracción de oro, Remedios y Segovia; municipios de una de las principales despensas agrícolas del país, en los Llanos Orientales, entre otros municipios. En todos estos, con concejos municipales de mayoría de la UP. En estas regiones, con significativa representación en las asambleas departamentales. Triunfos electorales que se sostuvieron hasta 1992, a contracorriente de la ofensiva de guerra desatada por el establecimiento.
Gobiernos democráticos
Entre 1986 y 1992 la UP sostuvo su votación regional, entre otras razones porque ejerció gobierno con una orientación hacia la dignificación de las condiciones de vida de la población. En todos los gobiernos locales de la UP, la gente vio por primera vez los presupuestos, participó decisoriamente en la definición del destino de los recursos públicos, lo cual se tradujo en la construcción de escuelas, centros médicos, casas de la cultura, centros recreativos, terminales de transporte, pavimentación de vías urbanas, puentes, electrificación, entre otras muchas obras en beneficio de la gente. Se dio así una materialización del poder popular.
Este avance político popular fue objeto de la ofensiva del régimen a través de operaciones encubiertas estatales, conocidas como paramilitarismo, que obligaron a que desde mediados de 1987, muchos hombres y mujeres destacados por las FARC-EP para integrarse a la UP retornaran a los campamentos para preservar sus vidas y contribuir a la resistencia armada por una paz democrática, al tiempo que la UP se sostenía en la lucha política electoral apoyada por una ciudadanía multitudinaria que persistía en conquistar el poder local para cimentar una paz democrática con justicia social.
