Mediante un fallo eminentemente político, la Corte Suprema de Estados Unidos obliga a la Argentina a pagar una deuda pública por más de tres mil millones de dólares y pone al país frente a una peligrosa disminución de sus reservas internacionales
Alberto Acevedo
El pasado 12 de junio, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dejó en firme una sentencia proyectada por el juez de Nueva York Thomas Griesa, mediante la cual obliga al gobierno argentino a pagar de inmediato una deuda representada en bonos en favor de dos entidades financieras de carácter especulativo por un valor de 1.500 millones de dólares, que podrían ascender a cinco mil millones si se suman reajustes por concepto de intereses.
La medida provocó de inmediato una enérgica reacción no sólo del gobierno de Cristina Fernández sino de amplios sectores de la sociedad argentina, que calificaron la decisión judicial como un fallo eminentemente político que lesiona la soberanía nacional y abre un enorme boquete para que las presiones de la banca privada norteamericana permitan meter sus narices en los asuntos internos de otros países latinoamericanos, torciendo programas económicos fundamentales, poniendo en riesgo programas de inversión social y exponiendo a los gobiernos a la cesación de pagos con otras entidades crediticias, lo que en el lenguaje financiero se conoce como un ‘default’.
Sectores populares del país austral dicen que el fallo judicial de una corte de Nueva York es una grosera intromisión a los asuntos internos argentinos, afecta los programas económicos internos del país y ofende la soberanía nacional. Llaman al gobierno de su país a declarar una cesación de pagos de manera inmediata, como lo hizo en el pasado, y a adelantar una auditoría a la deuda externa, que en buena parte considera ilegal e ilegítima.
Cuando en 1976 se produjo el sangriento golpe militar, que dio comienzo a un largo período de regímenes castrenses en Argentina, la deuda externa era de ocho mil millones de dólares. Siete años después, cuando cayó la dictadura, las obligaciones por ese concepto eran de 45 mil millones de dólares; es decir, en ese lapso, la deuda pública argentina se multiplicó por cinco.
Abuso de poder
Esa deuda se contrajo para financiar la fuga de capitales en favor de la cúpula militar, costear la represión y generar terror entre la población. Durante el período de la dictadura, además, las deudas privadas fueron nacionalizadas, en favor de un reducido y corrupto círculo de poder.
Al retornar el período de la ‘democracia’, para manejar el crecido pago de intereses, los gobiernos se vieron forzados a aplicar el recetario del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, consistente en la privatización de empresas de servicios públicos, desempleo, marginalidad, extranjerización de la economía y desarticulación del aparato productivo. En poco tiempo, con esta fórmula, la deuda pública ya estaba en 147 mil millones de dólares.
Más tarde se aplica un nuevo programa económico, conocido como Plan Brady, que buscó endeudarse con bonos para financiar los déficits fiscales. De alguna manera, con la medida se palió la asfixia económica y se dispuso de recursos frescos para superar la crisis. Pero cambiar deuda por bonos resultó peor: los intereses de los tenedores de bonos se multiplicaron y en esa proporción las nuevas obligaciones crediticias, y hoy la deuda externa argentina bordea los 240 mil millones de dólares.
Contra la soberanía
Es en este escenario cuando aparece la pelea con los que la presidenta Cristina Fernández califica como ‘fondos buitre’, una parte de los cuales demandó ante las autoridades norteamericanas para exigir el pago inmediato de su deuda. Argentina ya venía renegociando fórmulas de pago, en términos no tan lesivos paran su economía. El fallo del juez de Nueva York impone una erogación con la que no se contaba, creando un gran desbarajuste en la economía interna del país y obligando a replantear una negociación con todos los acreedores.
Es por esta circunstancia que los sectores populares en ese país dicen que la deuda pública es ilegal y una buena parte de ella debe ser sometida a una rigurosa auditoría, con participación de las organizaciones sociales.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su solidaridad con Argentina y rechazó cualquier decisión de tribunales extranjeros que atenten contra la soberanía de la región. Mercosur, Unasur y otros organismos de cooperación también ofrecieron su respaldo al gobierno argentino. Mercosur fue enfático al manifestar “su más absoluto rechazo a la actitud de dichos fondos, cuyo accionar obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países”.
