La reforma a la institucionalidad política y judicial que se necesita no es la que se encuentra en curso, reducida a los intereses de los sectores tradicionales en su afán de autorreformarse para quedarse en el poder.
Gabriel Becerra Y.
@gabocolombia76
En los próximos días continua su trámite, en tercer debate, en la comisión primera de la Cámara de Representantes, el proyecto de Acto Legislativo N° 018 de 2014, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”.
Conocido el contenido de la iniciativa, incluyendo las modificaciones de los dos primeros debates en el Senado, son evidentes sus limitaciones y, en particular, la ausencia de temas centrales para abocar de verdad la solución a la crisis del sistema político y de justicia. Con mayor razón cuando se discute un posible acuerdo de paz que incluye como uno de sus puntos principales la ampliación de la participación política, y que para nada es tenido en cuenta hasta el momento en las discusiones y decisiones.
Muy a pesar de las buenas intenciones de la Constitución de 1991 el sistema político electoral colombiano mantuvo su carácter excluyente, corrupto y por ende antidemocrático. Las reformas de los años 2003, 2009 y la ley 1475 de 2011, centradas principalmente en la reducción y organización de los partidos y en la ingeniería electoral, muy poco han avanzado en ampliar la democracia.
Estás reformas fueron aprobadas, como la que se encuentra en curso, principalmente a conveniencia de las elites tradicionales, y ningún efecto tuvieron para lograr que la política se ejerciera de manera decente. Por el contrario, lo que se ha vivido es una mayor ligazón de los grupos tradicionales con la mafia y el paramilitarismo, como ya es probado, inclusive, mediante sentencias judiciales.
En este contexto, el mismo proyecto oficial reconoce que se mantiene y profundiza la crisis institucional en el sistema liberal de gobierno en sus tres ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, haciendo énfasis en los efectos negativos del llamado “desequilibrio de poderes” a raíz de la imposición de la reelección presidencial que fortaleció aun más el ya tradicional presidencialismo colombiano. Otros factores como el clientelismo, la corrupción y la exclusión de las minorías, entre otros temas, son soslayados o no se tienen en cuenta con la profundidad que ameritan.
Nada se dice de las garantías reales a la oposición, ni de la democratización del poder electoral, ni mucho menos del papel y el poder de los medios de comunicación, aspectos críticos que no han podido ser reformados desde hace ya más de dos décadas por la expresa falta de voluntad política del mismo congreso y el ejecutivo.
El proyecto se limita a los objetivos puntuales de algunas fracciones del poder dominante y a uno que otro “mico” para beneficiar grupos de interés en cualquiera de las ramas. Se centra principalmente en la eliminación de la reelección ampliándola a otros altos funcionarios; busca el fin del sistema de listas con voto preferente por el de listas cerradas -que ya fue rechazado en el segundo debate-; la inclusión de un sistema mixto en la elección del senado de la república limitando la circunscripción nacional; entre otras medidas que en general restringen mucho más los derechos de las minorías políticas, con el agravante de que quedarían elevadas a rango constitucional, haciendo más compleja y difícil cualquier modificación en el corto y mediano plazo.
Adicionalmente la reforma introduce puntos relacionados con la administración de justicia y el sistema de controles, que buscan eliminar el desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura, el cambio en el proceso de elección de procurador, contralor y otras altas responsabilidades; la creación de un nuevo tribunal de aforados para la investigación y juzgamiento de altos dignatarios, y otras propuestas que, como muy bien han denunciado parlamentarios demócratas, en las actuales condiciones no garantizan que las prácticas clientelistas y la impunidad reinante en estas altas esferas desaparezcan.
En definitiva: la reforma a la institucionalidad política y judicial que se necesita no es la que se encuentra en curso, reducida a los intereses de los sectores tradicionales en su afán de autorreformarse para quedarse en el poder. Una reforma democratizadora exige incorporar las iniciativas que desde el campo popular y alternativo existen para garantizar una real apertura democrática, componente sin el cual será imposible la construcción de una verdadera paz estable y duradera. Lo demás, hablemos claro: no pasará de ser otro retoque de cosmética política para beneficio de las elites.
