Aunque el proceso no prescriba sigue reinando la impunidad
Simón Palacio
A Pedro Malagón lo asesinaron un 20 de junio de 1996, siendo diputado de la Unión Patriótica (UP) a la Asamblea Departamental del Meta, diez años después de que su hermano, José Rafael Malagón, quien ocupaba el mismo cargo, cayera por las mismas balas. A José y a Pedro Malagón ordenaron asesinarlos los mismos autores intelectuales, por las mismas razones y con planes sistemáticos de exterminio. Los responsables: políticos, paramilitares, narcotraficantes y militares que vieron en la UP un peligroso movimiento político que amenazaba con quitarles el poder en el departamento.
Esas son las primeras razones que tuvo la Fiscalía General de la Nación para declarar el asesinato de Pedro Malagón como un crimen de lesa humanidad. En la providencia firmada por la fiscal 95 especializada de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Lina María Salazar, se relatan los pormenores del doble crimen contra la familia Malagón Hernández, el de su padre Pedro y su hija, Elda Milena Malagón Hernández, ocurrido en su propia casa del barrio El Paraíso, en Villavicencio.
Dirigente comunista
Pedro Malagón era un reconocido dirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC) y la UP. Durante su trayectoria política se destacó como líder agrario, fue concejal en el municipio de El Castillo (Meta) y de ahí saltó a la Asamblea Departamental, gracias a la fuerza política de la UP. Desde que ocupó la curul, su trabajo político se había convertido en una permanente denuncia del plan de exterminio que estaba padeciendo la UP.
De las 16 alcaldías alcanzadas por la UP en todo el país, en las elecciones de 1986, cuatro estaban en el Meta, además de ostentar 47 concejalías en los 58 municipios de ese departamento. La UP con solo un año de vida se convirtió en una fuerza política imparable. Eso intimidó a las fuerzas políticas liberal y conservadora que hasta ese momento ostentaban el poder local y regional. La UP se perfilaba como la primera fuerza electoral del país.
La ética, la lucha férrea contra la corrupción, la nueva manera de hacer política y la ilusión de convertirse en una fuerza que pudiera alcanzar la paz y los cambios del país, fue el atractivo para que la UP se atreviera a patear el ajedrez político tradicional de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa.
La advertencia
Pero ante esa efervescente euforia electoral, tanto Pedro Malagón como otros dirigentes de la UP y el PCC advertían crecientes amenazas. En el caso del Meta, Malagón anunciaba su muerte sin que nadie en ese departamento pudiera evitarla. “Nos hemos dado cuenta de que existe un plan de exterminio contra dirigentes populares con mentalidad de cambio, especialmente contra los de la UP y el PCC. Entre ellos está quien les habla. Sabemos que hay una orden militar o paramilitar, que hay una suma de 50 millones para exterminar esa vida, cueste lo que cueste. Eso no se justifica cuando estamos luchando por una política coordinada a través del diálogo y la negociación”, decía Pedro en sus alocuciones en la Asamblea Departamental.
Por eso de la mano de paramilitares y militares de la Séptima Brigada, los políticos de la región iniciaron un plan de exterminio contra la militancia y los dirigentes de la UP. Apoyados en el Meta por Víctor Carranza, los casos de crímenes contra la UP están llegando a la bochornosa cifra de seiscientos.
La presidenta de la colectividad, Aída Avella, declaró en el caso de Pedro Nel Jiménez Obando, otro dirigente de ese departamento que en 1986 fue asesinado por las mismas razones que a Pedro Malagón, su hermano y su hija. Ante la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2011, y desde su exilio en Ginebra (Suiza), Aída dijo: “Por supuesto que eran crímenes completamente coordinados, ensañados, no podían matarnos en tan poco tiempo a tanta gente. Después supimos que en el mismo año de 1986, en octubre, se reunieron narcotraficantes, políticos y Fuerzas Armadas en una finca de Hernando Durán Dussán en San Martín (Meta) para ver cómo detenían a la UP, porque ellos sentían que de donde sacábamos gente –votos- podían perder el control del departamento”. Un plan que duró una década.
El señalado paramilitar
En los argumentos para declararlo crimen de lesa humanidad, tenidos en cuenta por la fiscalía 95 de DH y DIH, destaca un nombre clave: Víctor Carranza. El esmeraldero aparece en todos los expedientes como el autor intelectual de las muertes de la militancia upeísta en el Meta.
Uno de los testigos claves que tiene la Fiscalía, es su hijo Ulianop Malagón, “desde siempre se tuvo la sospecha y la casi certeza de que esto venía dirigido por grupos paramilitares que actuaban en la región, con la anuencia de la Séptima Brigada del Ejército ubicada en Villavicencio. En aquel momento se escuchaba mucho, incluso mi padre me comentó que el señor Víctor Carranza estaba detrás de los seguimientos que a él le hacían”, declaró.
Para el abogado defensor del caso Malagón, Ramiro Orjuela, la declaración de crimen de lesa humanidad es significativa porque detiene la prescripción del caso y, con ello, la manifiesta impunidad. Orjuela le dijo a VOZ: “lo que hace la Fiscalía es atreverse a seguir con un proceso bastante amenazado por quienes están detrás del genocidio de la UP y el PCC en el Meta. Los varones políticos de la región y sus herederos temen que se conozca la verdad en los tribunales y quieren impedir a cualquier costo eso. Empresarios, militares y paramilitares ordenaron y ejecutaron a los militantes de la UP. Entre ellos el difunto Víctor Carranza, quien murió con una estela de impunidad y rodeado de la jerarquía católica y política del país. Eso es una vergüenza”.
El investigador Pedro Ruiz Jazbón era miembro de la Fiscalía General para la época de los hechos y logró la captura de alias Rasguño, uno de los paramilitares implicados en el genocidio de la UP en el Meta. Eso le costó persecución pero el investigador ratifica ante la fiscal Salazar que el nombre que está detrás de las muertes contra la UP es Víctor Carranza. “En 2001 me llamaron a un juzgado especializado para que yo declarara en contra en el caso de Carranza, creo que era el juez cuatro o sexto, y allá en audiencia hice mi declaración respecto a la relación entre Carranza y Rasguño. Pero a pesar de todas las pruebas e indicios que había, es evidente que ese proceso lo negociaron”, señaló Jazbón.
La impunidad
Y es que esa podría ser la única razón que le asiste al ente investigador para explicar la razón por lo cual ningún juzgado del Meta haya podido encausar un proceso judicial contra Víctor Carranza por los crímenes cometidos contra la UP y el PCC.
La Fiscalía manifiesta que el crimen de Malagón y su hija Elda “provino por ser considerado guerrillero, por pertenecer al movimiento político UP y el PCC, partidos políticos considerados por los paramilitares y líderes políticos de derecha como de la guerrilla. Esto es: se advierte palmariamente el móvil discriminatorio de índole política en su homicidio”. A pesar de las pruebas y los señalamientos de los responsables, la Justicia sigue mostrándose tímida para enfrentar el poder paramilitar y acusar a los responsables del genocidio de la UP en el Meta.
