Organizaciones de DDHH exigen frenar las actuaciones del Inpec, se garantice el debido proceso y piden a la oficina del Alto Comisionado de la ONU se adelante una gestión para que las actuaciones del Estado colombiano se apeguen a las normas que se ha comprometido a respetar.
La Corporación Suyana, es una organización defensora de los DD.HH que actúa en el sur del país y ha denunciado el caso de Célimo Antonio Fajardo Perdomo, prisionero de las FARC-EP, y quien el pasado siete de julio, en horas de la madrugada intentó fugarse junto a tres internos de la Cárcel Rodrigo Lara Bonilla de Santander de Quilichao. Este hecho terminó con dos prófugos, uno muerto y uno recapturado, Célimo.
Cuando el abogado de Célimo, Oscar Alberto Moreno Bolaños quiso comunicarse con el Inpec de la cárcel, estos le comunicaron que no se podían realizar trámites jurídicos, por lo tanto no se permitiría entrevistarse con su defendido. Al abogado le ocultaron la ubicación de su defendido; “si quiere averigüe en la URI o en la estación de la policía”. Esta comunicación se dio doce horas después de la captura de Célimo, la ausencia de información sobre su paradero, generó desconfianza en su abogado.
El miércoles ocho de julio, el abogado logra ubicar a Célimo en una estación de policía en el barrio “El Limonar”, allí le permiten entrevistarse con él por solo tres minutos. Célimo le comentó que fue víctima de tratos crueles, por parte de funcionarios del Inpec. Según el abogado, “lo habían golpeado en la cabeza en varias oportunidades y le aplicaban descargas eléctricas, tenía todo su cuerpo con hematomas producto de la golpiza”.
Estos hechos dirigieron al abogado al Fiscal Seccional 01 de Santander de Quilichao, donde solicita por escrito el examen de Medicina Legal, además de manifestar que se le estaba violando el debido proceso, el derecho a la defensa y a la asistencia técnica. A pesar de que la valoración de Medicina Legal fue aprobada, la Policía Nacional se negó aludiendo que no contaba con personal suficiente para su traslado.
La Tramacúa, Guantánamo de Colombia
A Célimo le realizaron audiencia de legalización de captura el ocho de junio en las horas de la tarde, después de las 36 horas legales para el trámite y sin la valoración médico legal.
Otro caso que también ha causado rechazo, es la situación por la que atraviesan los reclusos de la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar, más conocida como la “Tramacúa”. Así lo denuncio el prisionero de guerra José Marbel Zamora Pérez en una carta que han hecho pública las organizaciones de DD.HH.
Zamora cuenta que dejó su patio y su celda cuando fue trasladado a Bogotá para cumplir con una diligencia judicial. Al regresar, junto a cuatro paramilitares, uno a uno fue ubicando en su celda, menos a él. Le negaron el ingreso a su torre y cuando solicitó explicaciones le respondieron que su caso requería de la Junta de Patios y debía esperar. Cuatro días duró aislado en un reclusorio que es utilizado como castigo, sin agua, ni baño.
Este prisionero, líder del Movimiento Nacional Carcelario, fue enviado a la torre tres, donde cumplen condena los paramilitares. Le fue asignada la celda 203, en su carta la describe como: “otro calabozo peor, no tiene sanitario y genera olores nauseabundos, no tiene energía, ni siquiera unos cables para tratar de iluminarla, sin colchoneta, sin recipiente para el agua; en esa parte de la estructura es donde se concentra la mayor cantidad de zancudos y como aquí en un acto irracional son prohibidos los toldillos, por supuesto en estas primeras noches no se ha podido dormir”. Zamora adelanta estudios en Licenciatura en Filosofía en la UNAD, sus libros, colchoneta y forma de estudio quedaron coartados desde entonces.
Desde el MNC se ha venido exigiendo el cierre de la Tramacúa, tal y como determina la sentencia T-282 de octubre de 2014. Según Zamora la Defensoría del Pueblo ha denunciado, “en la Tramacúa se siguen violando los DDHH, hay casos de tortura, no hay agua y los alimentos que se le deben entregar a los internos fueron encontrados en descomposición”.
Las organizaciones de DDHH, exigen frenar las actuaciones del Inpec, se garantice el debido proceso y piden a la oficina del Alto Comisionado de la ONU, se adelante una gestión para que las actuaciones del Estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar.
