Entrevista a Luis Carlos Domínguez Prada sobre las funciones del Consejo Nacional de Control Ético, su naturaleza, y un reciente hecho que llamó la atención: el interés de las mafias electorales de permear la UP en el departamento de Sucre.
Hernán Camacho
@camachohernan
Luis Carlos Domínguez Prada, es experto constitucionalista y defensor de derechos humanos. Militante de las causas justas durante toda su carrera profesional, y luego del V Congreso de la Unión Patriótica fue postulado para conformar la comisión de ética de ese partido. En la UP se llama Consejo Nacional de Control Ético. Un tribunal de control político y ético muy estricto. VOZ le preguntó a Domínguez sobre las funciones del Consejo, su naturaleza y un reciente hecho que llamó la atención: el interés de las mafias electorales de permear la UP en el departamento de Sucre.
–¿En qué consiste una comisión de ética para un partido político en el sistema electoral colombiano?
–Consiste en el cumplimiento de un mandato legal, Ley Estatutaria 1475 de 2011 que regula el funcionamiento de los partidos políticos en Colombia. Se ordena que éstos adopten un Código de Ética y tengan una Comisión Nacional de Ética que contemple las faltas que en este campo puedan cometer los afiliados, así como el procedimiento sancionatorio.
–¿Cuál es la naturaleza de la comisión ética en la UP?
–Su naturaleza es la que la ley le da de ejercer el poder sancionatorio de las faltas que se lleven a su conocimiento por información de cualquier persona – afiliada o no,- o por conocimiento directo. Es decir, puede actuar de oficio. Es elegido por el Congreso Nacional del Partido, y su denominación es Consejo Nacional de Control Ético.
–En Colombia, el mercado electoral borra de plano las comisiones de ética de los partidos tradicionales.
–Puede ser que en la práctica, traten de que sea así. Pero la verdad es que si en cualquier partido o movimiento político –que como dijimos deben tener su Código de Ética y su Consejo de Control Ético- se incurre en conductas tipificadas como faltas, se supone que se activa ese mecanismo e imponen las condignas sanciones. Pero claro, ello queda supeditado a la voluntad política del partido de que así sea.
–Qué opinión le merece la siguiente afirmación: En Colombia no existe el costo político por prácticas corruptas de los partidos tradicionales.
–Esa opinión ha tenido validez histórica. Recordemos el episodio más dramático de ello: el Partido Liberal tuvo su Veedor ético –no en los términos es cierto de la actual legislación más rigurosa y exigente- en la campaña presidencial del candidato Ernesto Samper. Y ése Veedor, le dio el visto bueno a la moralidad de la financiación de ella. Y después se supo la verdad. Pero hoy hay un principio de intervención del Estado en esa materia para que las conductas y los controles sean efectivos. Aunque aún no es suficiente. En las más de 100 listas a Concejos en todo el país aún no hay quejas ni procesos por episodios de ese tipo. Todo es muy reciente para que se tenga evidencia de irregularidades. Los candidatos fueron formalmente avalados conforme a los Estatutos.
–Quisiera preguntarle de un caso en particular, el de Tolú. Explíquenos qué pasó allá.
–Este caso es la posible excepción a la respuesta anterior. Lo que pasó allá fue que el aval para la inscripción de dos candidatos por la UP al Concejo Municipal de Tolú se hizo formalmente bien: la representante legal del Movimiento la autorizó con base en el aval que de ellos dio la Dirección Regional. Sólo que después se supo que el aval que daba la regional estaba “envenenado”, porque esos candidatos no eran militantes de la UP, sino de la cuerda del dirigente regional Yahir Acuña. Entonces la UP nacional procedió ante la Registradora Nacional del Estado Civil, a revocar el aval dado con la consecuente solicitud de que se excluya a esos candidatos de su lista.
–La UP es el único partido que dio la cara.
–Tal vez lo más acertado sería decir que la UP es el partido más transparente en ese campo, aunque no el único. Ha habido reacciones similares de otros partidos por situaciones irregulares durante el proceso electoral en curso. El aval concedido a esos dos candidatos, se revocó ante la Registraduría. Falta ver si esta dependencia la acepta, ya que hay dudas legales de que proceda esa revocatoria.
