La condición de colonia de los Estados Unidos, impide a la isla renegociar su deuda pública en condiciones soberanas y la obliga a someterse al Congreso norteamericano, que empuja al país al recorte del gasto social y la quiebra
Alberto Acevedo
En los círculos económicos y políticos de los Estados Unidos y de América Latina, en las últimas semanas han sido motivo de análisis y preocupación las declaraciones del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en el sentido de que la deuda de ese país con sus acreedores, que asciende a 72 mil millones de dólares, es “impagable”.
En las condiciones actuales, la deuda pública de ese país representa el 70 por ciento de su Producto Interno Bruto, PIB, pero a diferencia de la situación que padece Grecia, con la que se suele comparar, la condición de “estado libre asociado”, eufemismo con el que se denomina su dependencia de los Estados Unidos, Puerto Rico no tiene la facultad soberana de acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para aliviar su cartera.
En estas condiciones, su deuda adquiere la forma de ‘líneas de crédito’ y de bonos gubernamentales intercambiados en la bolsa de valores, y cualquier gestión orientada a examinar su deuda debe contar con el aval del Congreso de los Estados Unidos. El gobierno no puede establecer relaciones económicas directas sin contar con esta garantía.
El problema es que al someterse a la jurisdicción norteamericana, el régimen legal del país del norte establece que la deuda tiene que privilegiar la orden de pago. Es decir, paga o paga. En estas condiciones, un litigio por esta causa terminará necesariamente en los tribunales federales, que seguramente se van a pronunciar por forzar más recortes en el gasto público, con los consecuentes aumentos escalonados en el servicio de la deuda.
Desarrollo desigual
Este embrollo es el resultado de una política industrial fallida, ejecutada por los últimos gobiernos títeres de Puerto Rico que se plegaron a la política del mercado, impuesta por los Estados Unidos y la banca internacional. Se inscribe por consiguiente en el marco de un desarrollo desigual del capitalismo global, que dispuso a su antojo de unas ganancias que nunca se reinvirtieron en el pequeño país caribeño.
Y como en el caso griego, el gobernador García Padilla lo que ha hecho es aplicar el recetario neoliberal: cierre masivo de escuelas públicas; aumento del IVA, del 7 al 11.5 por ciento; desmejora en el régimen de pensiones de los empleados públicos; recortes en los servicios de salud del magisterio; aumento del impuesto a la gasolina, de 9.25 a 15.5 dólares, e incremento de las tarifas de agua y luz.
Con anterioridad, García Padilla y su grupo político, el Partido Popular Democrático, aliado del Partido Demócrata de los Estados Unidos, privatizó el principal aeropuerto, desmanteló lo que quedaba de inversión social y aumentó la dependencia del país del comercio norteamericano, al punto de que el 80 por ciento de los bienes de consumo se importan de los Estados Unidos.
Inversión social
En junio pasado, la revista Fortune reportó que más de la mitad de la deuda nacional de Puerto Rico pertenece a fondos de capitales, lo que en Argentina se conoce como fondos buitre, que ya han sido calificados como ilegales e ilegítimos.
Sin embargo, en un nuevo esfuerzo por satisfacer a los acreedores, el gobierno de la isla contrató a Anne Krueger, ex asesora del Fondo Monetario Internacional, para que delineara un “plan de salvación”, y la funcionaria, como era de esperarse, propuso bajar el costo de la mano de obra, “para ser más competitivos”; eliminar el tope del salario mínimo; recortar los aportes al sistema de asistencia social; que las empresas privadas compitan con el sector público, especialmente en la transmisión y prestación del servicio de energía; reducir los subsidios a la Universidad de Puerto Rico y recortar los servicios médicos.
Como resulta inevitable comparar la tragedia del pueblo portorriqueño con la que padece hoy el pueblo griego, a la isla caribeña se le llama, “la Grecia del Caribe”. Los caminos de solución de una deuda impagable, en este caso no transitan por la misma vía. Pero en una cosa sí coinciden los dos pueblos, el camino es el de la lucha y la movilización social. Es buscar un modelo de desarrollo diferente al del mercado, que priorice el gasto público y la inversión social por encima del pago de la deuda.
