Tras la declaración conjunta suscrita por los presidentes de Colombia y Venezuela, que dio paso a un clima de distensión, es conveniente atender el llamado del presidente Maduro sobre la necesidad de construir unas relaciones de frontera de nuevo tipo
Alberto Acevedo
La reunión que a instancias de los presidentes de Unasur y Celac realizaron en Ecuador los gobernantes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, el pasado 22 de septiembre, tiene la virtud de reconocer el derecho inalienable que tienen las dos naciones a poner en marcha su propio modelo de desarrollo político, económico, jurídico y social, sin indebidas intervenciones de terceros en sus asuntos internos.
Plantea la necesidad de proyectar un nuevo tipo de relaciones en la frontera común y abre definitivamente, no sin algunos tropiezos, el camino a la normalización de las relaciones bilaterales y la posibilidad a mediano plazo de reabrir la frontera, con la perspectiva de que los colombianos que lo deseen regresen a sus lugares de trabajo en el vecino país.
La declaración recoge el espíritu de una propuesta del presidente Maduro sobre la necesidad de aprovechar las lecciones que presentan los incidentes que llevaron al cierre de los pasos fronterizos y avanzar en la construcción de una nueva frontera, de reconstruir las relaciones bilaterales, sobre la base de un nuevo tipo de frontera en que se avoque el combate a las bandas criminales y paramilitares, el contrabando de combustibles y artículos de primera necesidad desde Venezuela, los ataques a la moneda nacional venezolana desde Cúcuta y una nueva normativa legal que tome en cuenta estas circunstancias fácticas.
Por cierto, la reunión de los mandatarios de los dos países reconoce la importancia que tienen Unasur y la Celac como “mecanismos regionales de unidad”, que una vez más se proyectan como herramienta efectiva de solución de conflictos entre los estados miembros. Este es un reconocimiento importante, después de que el presidente colombiano convocó una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, con la intención de hacerle una ‘encerrona’ a Venezuela, con apoyos de los gobiernos de la derecha latinoamericana. Sin embargo, el escenario de la OEA, ya desgastado en otras ocasiones, tampoco esta vez surtió los efectos propuestos.
Coexistencia de modelos
Y de nuevo, la diplomacia colombiana vuelve a estrellarse con realidades que parecen no ser comprendidas desde el Palacio de San Carlos.
En la reunión de Ecuador, Santos y Maduro “se comprometen a construir un acuerdo que solucione los problemas de la frontera común, orientado a la fraterna convivencia, la buena vecindad, el mutuo respeto y el desarrollo económico y social.”
Para el cumplimiento de estos propósitos, acordaron un cronograma de siete puntos, que propone el retorno de los respectivos embajadores, la realización de una investigación sobre la situación de la frontera, una reunión de equipos ministeriales de ambos países, que ya se cumplió el 23 de septiembre en la ciudad de Caracas, la progresiva normalización de la frontera, la coexistencia de modelos económicos diferentes y un llamado a mantener un espíritu de hermandad y de mutuo respeto y convivencia.
De alguna manera, la agenda de la reunión bilateral y los contactos que han adelantado equipos ministeriales y de expertos de ambos países, ha estado marcada por las reclamaciones del presidente Maduro, que documentó la existencia de una verdadera conspiración contra la economía de su país, orquestada desde este lado de la frontera. Santos, en un tono altisonante, había puesto tres exigencias como condición para sentarse a conversar, y en últimas asistió a una negociación en la que no hubo condicionamientos de ninguna de las partes.
Decantada un poco la batahola de los medios de comunicación colombianos, que hasta última hora quisieron envenenar el ambiente de las relaciones entre los dos países, los hechos han venido mostrando la realidad de lo que pasa en la frontera.
Cifras del contrabando
Una primera información es que con el cierre de la frontera, el contrabando de combustibles hacia Colombia se redujo en un 70 por ciento. “La seguridad en los territorios fronterizos es mayor y mejor, la seguridad militar, policial; se ha logrado reducir el contrabando de combustible casi en un 70 por ciento. En un año podrían estar ingresando con el ahorro de gasolina 10.000 millones de dólares”, dijo Maduro, en alocución presidencial el pasado 22 de septiembre.
Se han reducido sensiblemente las filas de personas en los supermercados venezolanos que buscan aprovisionarse de artículos de primera necesidad para la canasta familiar. Esta situación ha permitido establecer que las cadenas de distribución y comercialización de alimentos, combustibles, medicinas y otros artículos, estaban en manos de contrabandistas. Varios miles colombianos, involucrados en estas cadenas, han regresado a Colombia.
Hay observadores imparciales, para quienes las medidas de cierre de frontera son excesivas y plantean que la deportación de más de un millar de colombianos, pudo haberse evitado. Pero estas posiciones, seguramente alimentadas por los persistentes ataques de la gran prensa colombiana e internacional, ocultan muchas de las razones que tuvo el ejecutivo venezolano para tomar esas medidas.
Una de ellas, el enorme costo que para la economía venezolana tiene el contrabando de bienes y artículos de primera necesidad, en su mayoría subsidiados por el Estado para mejorar la capacidad de compra de los hogares y elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Esos precios bajos, sin embargo, se convirtieron en el gran negocio de bandas criminales, la mayoría de ellas vinculadas al paramilitarismo, que obtienen utilidades hasta del mil por ciento.
Plan social
No es un secreto que en Cúcuta y otras ciudades de frontera, e incluso en Bogotá, se consiguen bodegas a reventar de productos venezolanos, que escasean en los hogares de ese país. La semana pasada, el presidente de la estatal PDVSA, Eulogio del Pino, dijo que la petrolera estima en 100 mil millones de barriles los combustibles que diariamente cruzan la frontera de manera ilegal hacia Colombia. Este flujo, ligado al desabastecimiento de productos de primera necesidad, es lo que ha llevado al presidente Maduro a hablar de una ‘guerra económica’ contra su país, y ahora, de la necesidad de construir un nuevo tipo de frontera entre dos naciones hermanas.
En el esfuerzo del gobierno vecino por aliviar la escasez, el Palacio de Miraflores ha establecido una amplia línea de importaciones de productos que también se entregan subsidiados. Ahora se ha podido establecer que el 40 por ciento de esos productos importados por Venezuela, vienen a parar a Colombia por vía del contrabando criminal, lo que crea una situación de ingobernabilidad económica que el gobierno decidió cortar de raíz. Por el evidente nexo entre contrabandistas y paramilitares, Venezuela habla también de una paraeconomía que es necesario desarticular.
Esta situación es agravada por la falta de oportunidades para muchos colombianos residentes en la zona de frontera, que han hecho del contrabando una forma de subsistencia y a la vez de suministro de mano de obra barata para las poderosas mafias criminales. Esto ha llevado a que hombres como el ex embajador venezolano en Colombia, Pável Rondón, hablen de la necesidad de elaborar un plan social para esta región, a ambos lados de la frontera.
