Existe una relación entre los procedimientos del reclutamiento, con el modelo de desarrollo implementado por el Gobierno nacional, que se centra en los recursos energéticos y mineros.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, presentó a mediados de este mes en un acto público en el Centro de Memoria Histórica, un informe sobre las batidas ilegales en Bogotá.
En este informe se recogen los eventos más relevantes del fenómeno de las conocidas “batidas”. Además de cifras acerca del reclutamiento forzado, en donde se evidencia un alto índice de jóvenes de estratos medios y bajos que son reclutados, siendo el Distrito número 2, localidades de Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, quienes más se ven afectados por esta condición.
Dentro de las cifras se destacan, 109 hechos en donde se desarrollaron las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, afectando unos 863 jóvenes de la ciudad. En 16 de los hechos registrados no fue posible determinar el número de afectados. Los hechos se distribuyen entre 2006, momento en que se registró el primer caso, y diciembre de 2014.
Este seguimiento a las llamadas batidas ilegales, se presentó como una contribución con el objetivo de suprimir la militarización y el servicio militar obligatorio.
En el informe igualmente se señala que existe una relación entre los procedimientos del reclutamiento, con el modelo de desarrollo implementado por el Gobierno nacional, que se centra en los recursos energéticos y mineros. Señala la creación de batallones “minero energéticos” para proteger estos recursos y los intereses de las grandes firmas internacionales, debido a que es el interés económico el que ha venido resguardando y no el interés general o la seguridad de quienes habitan cerca de las zonas de explotación. Esta situación es la que se ha señalado como parte de las motivaciones para ampliar las batidas, y por ende el reclutamiento de jóvenes, principalmente de estratos bajos, y que viven en zonas vulnerables.
Las fuentes de la información allí recopiladas, provienen de los propios datos de las fuerzas militares, de los acompañamientos y seguimientos que ha venido adelantando el CPDH en las localidades de la capital, y por otro lado, de la información presentada con la denuncia frente a las violaciones masivas de derechos humanos, presentada por el representante a la Cámara Alirio Uribe, personal del CPDH y líderes sociales, contra el ministro de Defensa y el jefe de reclutamiento del ejército nacional.
Se espera que la socialización de este informe, ayude a sensibilizar a la sociedad sobre este tema, se fortalezca la denuncia para frenar estos actos inconstitucionales, adelantados sin reparación por la institucionalidad, lo cual deja mucho que decir, sobre todo cuando el país adelanta un diálogo frente a la paz. En términos generales, se pretende la garantía de derechos a los jóvenes de habitar sus territorios, sin miedo a salir a la calle y ser retenidos por un camión, para obligarles a ir a la guerra.
