A pesar de los diversos informes sobre la sistemática violación a los derechos humanos, el gobierno niega la existencia de paramilitares y de violencia política
El pasado 21 de marzo, trece organizaciones y movimientos defensoras de los derechos humanos, viajaron a la ciudad de Washington para entregar varios informes en el marco del 161 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en los que evidencian las preocupaciones por la situación de derechos humanos en Colombia.
Esta cita se dio por solicitud de las organizaciones sociales, las cuales hicieron la petición de dos audiencias. Allí abordaron temas específicos sobre garantías de no repetición y obligaciones contra la impunidad. Los defensores de derechos humanos también participaron de una tercera audiencia que habría solicitado el Gobierno para tratar las agresiones contra defensores de DD.HH. y líderes sociales que se vienen presentando en el país. En total fueron tres audiencias las concedidas; la investigación de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia, obligaciones estatales contra la impunidad y Justicia Especial para la Paz en Colombia.
Sin embargo, en el marco de estas importantes reuniones, en donde se esperaba que el Gobierno nacional reconociera la grave situación por la que atraviesan las organizaciones sociales y los promotores de paz en el país en términos de una sistemática violación a sus derechos integrales y al derecho a la vida, el Gobierno eludió tal realidad, la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como también omitió nombrar el paramilitarismo como una de las realidades latentes en Colombia.
Uno de los elementos que las organizaciones también mencionaron, fue el relacionado con la búsqueda de mecanismos contra la impunidad para agentes estatales, pues aseguran que existen alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz, JEP, tiene y tendría de ser aplicada como se aprobó. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.
Dentro de las múltiples violaciones a los derechos humanos denunciados, se encuentran, asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica, estos casos se le atribuyen a los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.
