Luego de 100 días de firmado el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, aunque hay avances en su implementación, los desafíos son crecientes. Ello porque éste es un proceso político que depende de la correlación de fuerzas entre los impulsores y opositores de la paz en cada momento concreto del proceso. Los resultados del plebiscito fueron un indicador de la complejidad y vaivenes que tendrá la implementación del acuerdo. Si bien se han logrado algunos adelantos en leyes como la de amnistía e indulto, jurisdicción especial de paz y en el trámite de otros proyectos de ley concernientes al desarrollo del acuerdo, entre ellos el estatuto de la oposición política, el proceso normativo para la implementación ha sido más lento de lo esperado, al punto de estar por terminar la fase de fast track sin que se haya cumplido con la mayoría de los compromisos convenidos.
Las dificultades en la implementación también se expresan en cambios, con respecto a los acuerdos, en el contenido de algunas de las leyes tramitadas, como las ventajas dadas a última hora a los militares frente a la jurisdicción especial de paz ante delitos que violan los derechos humanos, y las nuevas talanqueras impuestas a los excombatientes de las FARC-EP para el ejercicio de la política al reincorporarse a la vida civil. Todo ello es expresión del poder de incidencia en el proceso legislativo del Congreso de fuerzas parlamentarias y sociales enemigas del proceso de paz de forma abierta o camuflada, como ha sucedido con representantes del uribismo y el vargasllerismo por dentro y fuera del congreso.
Ejemplo del incumplimiento del gobierno en la implementación es también la lentitud en la construcción de la infraestructura, instalaciones y entrega de dotación de los puntos y zonas veredales de transición y normalización donde ni siquiera la presencia de un médico y una auxiliar de enfermería ha sido garantizada de forma ágil por este para atender a niños enfermos, mujeres embarazadas y adultos con enfermedades crónicas y en situaciones de discapacidades fruto de los embates de la guerra. Es evidente la falta de compromiso del gobierno en el desmantelamiento de los grupos paramilitares cuya existencia, a pesar de los cientos de asesinatos de líderes sociales y comunitarios en poco tiempo y de forma sistemática, se niega a reconocer.
Amplio acompañamiento
Estas dificultades del proceso de paz, no solo nos convocan a hacer un amplio acompañamiento de los excombatientes en las zonas y puntos veredales de transición y normalización, sino a promover una amplia y variada movilización ciudadana en apoyo del mismo. Nuestro partido, la UP y las organizaciones de trabajadores y populares en que tenemos presencia debemos organizar visitas periódicas de intercambio político y de manifestación de distintas expresiones materiales de solidaridad a las personas establecidas en las zonas y puntos veredales de transición y normalización, como ya lo hemos venido haciendo aunque de forma aún tímida.
También nuestro compromiso debe expresarse estimulando la movilización ciudadana ante el Congreso de la República para exigir respeto al contenido del acuerdo al convertirlo en leyes y ejercer la veeduría permanente a los debates de los proyectos en las sesiones de los congresistas. Del mismo modo, la exigencia al gobierno de la presentación rápida de los proyectos de ley faltantes, entre ellos los de reforma rural integral y reforma electoral, la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como las garantías de seguridad a los excombatientes y el desmantelamiento inmediato de los grupos paramilitares.
Pero la movilización ciudadana debe también tomar la forma de eventos de deliberación y construcción pública de compromisos a favor de la paz, como el Congreso Nacional por la Paz a realizarse entre el 27 y 29 de abril de este año. Nuestro partido debe comprometerse en su organización y en la promoción de la más amplia participación. Este Congreso tiene entre sus objetivos propiciar un Pacto Nacional por la Paz que repudie el uso de las armas y el uso de la violencia en la vida política, y exigir la construcción de un Estado de derecho y democrático que haga posible el monopolio legitimo de la fuerza para que la reconciliación y la justicia social sean una realidad entre los colombianos. Es hora de acción por la paz. Los comunistas y patriotas debemos levantar banderas de lucha para que ella sea posible.
