Es claro que Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica y como ya es sabido, la pobreza afecta a la calidad de vida de quienes la padecen y limita además, el deleite y el ejercicio de sus derechos humanos.
Según informe de Unicef, “la pobreza afecta de manera distinta a los diferentes grupos humanos, según el género y el origen étnico. Los indígenas y campesinos y, entre ellos, las niñas, los niños, los jóvenes y las mujeres, son los grupos más afectados por la pobreza y la exclusión. Son los más vulnerables. Una proyección hecha con base en las cifras del último Censo Nacional de Población (2001) permite inferir que actualmente unos 2.500.000 niños menores de 18 años y unas 2.600.000 mujeres, de las cuales las niñas y adolescentes son las más vulnerables, viven en condiciones de pobreza”.
Es por eso que en el país, gobernado por Evo Morales, el denominado “aborto terapéutico” está autorizado desde 2014 en casos de malformaciones fetales o embarazo por violación sexual. Pero, actualmente, el Congreso sostiene un debate para que las mujeres pobres y aquellas que llevan a cabo sus estudios, pero contando con escasos recursos para poder culminarlos, puedan realizarse un aborto hasta las ocho semanas de embarazo, y también lo puedan hacer las mujeres con más de tres hijos.
El proyecto consiste en despenalizar el aborto en nueve causales, que son: incesto, pobreza extrema y ser menor de edad, entre otras. Cuatro de ellas durante las primeras ochos semanas de gestación y cinco para cualquier momento del embarazo. La pobreza extrema o situación de calle es uno de los casos que considera la iniciativa.
El proyecto advierte, además, que la mujer que solicite la práctica del aborto, “no será penalizada al solicitar el término de su embarazo durante las primeras ocho semanas de gestación si se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, si no cuenta con recursos para mantenerse a ella o a su familia, es madre de dos o más hijos y no puede mantenerlos. También, si la embarazada es menor de edad”.
Cinco de los casos en los que la mujer gestante tendría derecho a finalizar voluntariamente su embarazo en cualquier etapa de gestación, son: riesgo de vida de la mujer, la prevención de su salud integral, inviabilidad del feto, si es producto de una violación o incesto y cuando la embarazada sea niña o adolescente.
Por otra parte, en 2013, la Organización Mundial de la Salud indicó que “Bolivia tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente. Datos del Hospital de la Mujer de La Paz, del año 2016, dan cuenta de que cada día llegan 10 mujeres en estado crítico producto de abortos clandestinos, incompletos o mal realizados. Además, el Colegio Médico de Bolivia informó que se realizan 115 abortos ilegales a diario y siguen aumentando”.
