En las últimas semanas salieron a flote varios informes que llaman la atención sobre la violación de los derechos humanos en Colombia y la amenazante presencia en el país de los grupos paramilitares, herencia nefasta de las antiguas AUC que adelantaron la guerra sucia contra la izquierda y las organizaciones sindicales y populares con la complicidad y ayuda de agentes del Estado, en particular de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad e inteligencia.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dejó en claro que están siendo asesinados dirigentes sociales y populares por bandas paramilitares, que no son perseguidas y controladas por el Estado. El Gobierno Nacional, por boca del ministro del Interior, Luis Fernando Cristo, ripostó para cuestionar el informe y decir que los muertos no son tantos como los que están allí consignados. De otro lado, La Fundación Paz y Democracia reveló la creciente presencia paramilitar en el país, haciendo un mapa de cómo han ido copando los espacios antes ocupados por las FARC y llegando a nuevas regiones. La sospecha es que lo hacen con las mismas complicidades del pasado, es decir, con la ayuda de la Fuerza Pública, de políticos regionales, latifundistas, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes, que financian sus actividades ilegales. El sacerdote jesuita, Javier Giraldo, también denunció el acoso paramilitar en regiones de paz y la preocupante extensión paramilitar en territorios nacionales.
El Gobierno Nacional en lugar de salir de respondón contra toda evidencia, debería adoptar las medidas necesarias para combatir el paramilitarismo y cortar de raíz toda colaboración desde el Estado e instituciones del establecimiento. Hay mucha demagogia y poco compromiso. Ni siquiera se atreven a llamarlos por su nombre con el argumento que el paramilitarismo ya no existe, como si no fuera una realidad. Es herencia del pasado y huestes del narcoparamilitarismo que, como está demostrado, no se acabó con la extradición de varias de sus cabezas visibles ni con justicia y paz que solo sirvió para la impunidad y los beneficios de los delincuentes.
Por ahí no es el camino, si en realidad existe el interés de la Casa de Nariño de erradicar el paramilitarismo que tanto daño le ha hecho al país. Es una piedra en el zapato de la paz estable y duradera, la cual se construye a partir del Acuerdo Final de La Habana y de los diálogos de Ecuador con el ELN. En el Acuerdo con las FARC se establecen compromisos gubernamentales para actuar en dirección a desmantelar estos grupos.
Es parte de la indignación que hay en el país. Planteada por las organizaciones de víctimas del Estado y de instancias de derechos humanos que no dejan de cuestionar la incompetencia del gobierno de Colombia en este campo.
Pero al lado de esta situación, está también la indignación por el clima social y económico. La oligarquía celebra con bombos y platillos el quinto aniversario del TLC con Estados Unidos, mientras aumenta la explotación a los trabajadores y la pobreza creciente en amplias franjas de la población “ignorada y olvidada” por la oligarquía dominante.
Los educadores y los trabajadores del Estado van a paro. La protesta tiene que ver con nuevos incumplimientos del poder central. Fecode está exigiendo que se cumpla con aspiraciones concretas con la jornada única en las mejores condiciones de infraestructura, garantizando alimentación y el transporte escolar, con respeto a la libertad de cátedra y los derechos de docentes y estudiantes. Rechazan medidas absurdas y antidemocráticas como las del “docente líder” y la discriminación al negar la bonificación por servicios prestados.
En el caso de los estatales es indigno el tratamiento de sus derechos y la negativa a cumplir compromisos pactados en el pasado como ocurre en el Ministerio de Trabajo, la rama judicial y la DIAN. El gobierno insiste en descargar sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis económica y social con el único objetivo de proteger los intereses de los capitalistas. En Bogotá quiere el Consejo Nacional Electoral birlar la petición suscrita por casi un millón de habitantes para revocar al alcalde Enrique Peñalosa.
En el sector agrario desconoce los acuerdos y pretende abrir paso a la ley de Zidres ya aprobada en contravía del desarrollo rural integral acordado en La Habana, cuya implementación quiere adoptar sin tomar en cuenta las opiniones de las FARC, de los campesinos y de los indígenas.
Los sectores sociales están indignados. Las masas salen a la calle en enormes movilizaciones y maduran las condiciones para el paro nacional de los trabajadores y sectores populares.
