Con una acción popular en donde se evidencian los malos manejos e irregularidades de la Alcaldía, se pretende frenar la venta de la empresa más importante de la capital
Redacción Bogotá
Tras una acción popular, se pone en jaque la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Por medio de esta acción interpuesta en el Juzgado 56 Administrativo, se quiere evidenciar que la venta de dicha empresa pública, constituye una violación de los derechos colectivos relacionados con el patrimonio público, la libre competencia económica, la moralidad administrativa, que se prueban por las irregularidades sucedidas en el proceso de venta de ETB.
El mismo sindicato de la ETB, y el comité de defensa del patrimonio público, han expresado que la Secretaría de Hacienda, junto a la administración de la empresa, han querido desmejorar el servicio que esta presta con la intención de desmejorar su imagen y por ende su costo real. Así se expresó cuando la misma Secretaria de Haciendo dio a conocer este mes el valor de la ETB, el cual se criticó enfáticamente, pues su nuevo valor $2.38 billones, no alcanza a ser ni siquiera la inversión de los últimos tres años en una infraestructura moderna, y con fibra óptica de alta calidad y velocidad que llega a toda la capital de Colombia y que se integra a una poderosa red nacional de interconexión. En estos momentos esta empresa pública, la más importante de la capital, es propietaria de Skynet y Colvatel y participa también de la propiedad de Call Center Americas.
Según denuncia el sindicato, el estudio que se adelantó, de manera secreta, lo realizó una empresa cuya imagen a nivel internacional ha estado manchada por manejos irregulares con otras empresas. Esta firma es JP Morgan, y se dice que fue contratada el primero de diciembre del año pasado. Igualmente se comenta que la misma banca ya se ganó dos mil millones, por un primer documento sobre las competencias de la ETB, elaborado en cuatro meses y adicionalmente, esta misma firma, se estaría ganando una comisión de venta de US $5.5 millones de dólares.
En el marco de la acción popular, también se evidencia, cómo la administración de la ETB, que ha actuado en contra de los derechos de los trabajadores y del patrimonio público, estaría pagando parte del bono de productividad que beneficiaría a 300 personas de la burocracia de ETB, incluso al presidente de la empresa.
Igualmente se ha hecho hincapié, en que jamás el concejo de la ciudad recibió estudio preliminar alguno de valoración, como lo exige la Ley 226 de 1995 que se obligaba a ser entregado dentro de los primeros 60 días del año e inicios de periodo de gobierno. Más sin embargo, la bancada mayoritaria que está a favor de la actual administración, votó el acuerdo 645 que establece los artículos 140 a 146 de enajenación de ETB.
Esta acción popular se interpuso antes de las 24 horas de inicio de la etapa de ofrecimiento de acciones a los fondos privados de cesantías y pensiones decretada por el alcalde a partir del 9 de mayo de 2017. Los comités de defensa del patrimonio público, así como el sindicato, Sintra teléfonos, han anunciado diversas acciones con tal de impedir que la alcaldía de forma irregular venda el patrimonio público de la capital.
