La provocación del helicóptero en Caracas
Alberto Acevedo
Con los hechos del pasado martes 27 de junio, en que un helicóptero militar, secuestrado por un oficial que venía siendo investigado por sus nexos con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, atacó los edificios del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Interior, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dijo que “se trata de ataques de carácter terrorista, enmarcados en la ofensiva insurreccional adelantada por factores extremistas de la derecha venezolana, con apoyo de gobiernos y poderes extranjeros”.
Óscar Alberto Pérez es el nombre del piloto que voló el helicóptero, adscrito a la División de Transporte Aéreo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, quien aprovechando su condición de inspector adscrito a esa institución, secuestró la aeronave.
Una vez en se hizo con el control del aparato, sobrevoló la sede del ministerio del Interior y de Justicia, efectuando al menos 15 disparos contra la edificación, en momentos en que en la terraza se efectuaba un acto social con motivo de la celebración del Día Nacional del Periodista.
Nexo colombiano
Luego voló hasta el edificio que alberga las oficinas del Tribunal Supremo de Justicia, en momentos en que sesionaba allí la Sala Constitucional de esa corte, y un numeroso grupo de funcionarios trabajaba en sus oficinas. Resulta significativo el hecho de que los ataques estuvieran dirigidos contra representantes de los medios de comunicación y contra funcionarios de la administración de Justicia, dos instituciones que desempeñan un papel crucial en el desenlace de la actual crisis que vive el vecino país.
En el caso de la sede del TSJ, el piloto mercenario disparó cuatro granadas, de origen colombiano, fabricadas en Israel, de las cuales una no estalló, y las autoridades pudieron establecer sus características y procedencia.
El autor del atentado está siendo investigado por las autoridades, por sus vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA y con la embajada de ese país en Caracas, ambas entidades acusadas por el gobierno de conspirar contra la revolución bolivariana y alentar y financiar a los grupos de extrema derecha empeñados en desestabilizar este proceso social y retrotraer al país a la época en que la burguesía tenía las manos libres para saquear los recursos naturales y embolsillarse pingües ganancias.
Pérez, a su vez, se había desempeñado como piloto del exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, quien ese mismo martes reconoció haber tenido contactos con la CIA. El piloto había difundido, horas antes de perpetrar el atentado, un video en que exigía la renuncia del presidente Maduro, justificaba el golpe de estado y llamaba a elecciones ‘libres’.
La MUD cómplice
En un comunicado de la presidencia, emitido el mismo día de los hechos, el gobierno llamó al pueblo “a estar alerta ante la escalada golpista, que pretende alterar el orden constitucional en Venezuela. Ninguno de estos ataques detendrá la activación del poder popular constituyente, ni impedirá el ejercicio del derecho al voto por parte del pueblo venezolano el próximo 30 de julio para elegir a miembros de la Asamblea Nacional Constituyente”, puntualizó el pronunciamiento.
Maduro llamó a los partidos de la Mesa de Unidad Democrática, MUD, a condenar estos hechos lo mismo que a la jerarquía de la iglesia católica y a otros sectores de la sociedad. La respuesta de la MUD fue justificar la intentona golpista. Henrique Capriles llamó a tomar el hecho como un aliciente para mantener la protesta callejera, mientras Freddy Guevara dijo que “lo único seguro es que la calle debe seguir”.
El ataque a dos instituciones públicas, con civiles adentro, muestra el grado de descomposición de los atacantes, los niveles de agresión, despiadados, con los que acompañan sus argumentos de ‘cambio’. Con los disparos y las detonaciones estuvo a punto de ocurrir una tragedia, que por fortuna fue evitada por la oportuna actuación de la Guardia Nacional Bolivariana.
Quieren destruir a Venezuela
El presidente Maduro no dudó en calificar como “terrorista” este acto, que por su naturaleza buscaba una coacción psicológica, crear temor entre la población y causar pérdidas humanas, debido al armamento utilizado contra población civil.
Al finalizar la jornada, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, dijo que Maduro se encuentra “al frente del equipo de gobierno, trabajando en función de detener la escalada insurreccional armada contra el país”. Por su parte el ministro de Defensa, Vladimir López Padrino, dijo que “sectores de la derecha nacional e internacional trazaron un plan para fracturar instituciones del estado como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, con el propósito de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela”.
La estrategia de violencia callejera, dijo “no es un asunto de perturbación del orden interno o del orden público, es algo que va mucho más allá”. Padrino invitó a los oficiales “a tener una dimensión exacta del momento histórico y de la dimensión estratégica” de sectores de derecha que buscan “destruir un país como Venezuela”.
