Las preocupaciones por la implementación ya no solo se centran en el fast track, sino en los territorios y en los otros poderes del Estado
Redacción política
La paz ha sido elevada a política de Estado, pero la cúpula del poder público y los sectores económicos más influyentes, están intentado mutilar los acuerdos de paz, en una estrategia de renegociación que transforme sustancialmente su espíritu original.
A veinte días de terminar el fast trak o la implementación legal de los acuerdos de La Habana, aún faltan proyectos y actos legislativos medulares para hacer efectiva la paz. En los territorios de reincorporación no se inician los proyectos productivos y la seguridad jurídica y personal de los excombatientes está en riesgo por una seguidilla de muertes de miembros de las FARC y también sus familiares. Ya van 24 asesinados, mientras el gobierno sigue respondiendo que no se hay sistematicidad en dichas casos, que son fruto de incidentes aislados al proceso de paz.
Verificación internacional
Eso lo pudo comprobar la misión de verificación internacional, que realizó visitas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. “Estamos sorprendidos por lo que fuimos testigos en los territorios. El ingreso de fuerzas armadas a los territorios que antes estaban en poder de las FARC-EP y que hoy tienen una especie de anuencia de las Fuerzas Militares. Allí se reúnen bandas de narcotráfico y grupos sucesores del paramilitarismo, en las narices de los oficiales”, señala Pedro Arojo, diputado del Congreso del Estado Español, que conformó la misión internacional de verificación de visita en Colombia la última semana.
Y añadió Arojo, como parte de las conclusiones de la visita internacional: “Empiezan a preocupar la poca seriedad de los proyectos productivos para los excombatientes que se encuentran en los Territorios de Reincorporación. Ellos no ven en marcha los proyectos productivos que contemplan los acuerdos y tampoco ven los compromisos de bancarización y de remuneración para algunos de los excombatientes. Lo más grave es que las bandas sucesoras del paramilitarismo les están ofreciendo dinero para sacarlos de las zonas de reincorporación y salirse del proceso de paz. En Buenaventura la violencia apareció en el proceso de implementación”, señaló el parlamentario español de vista en Colombia.
En el Congreso
En el Congreso de la República el pulso es más complejo. Un gobierno debilitado y unas mayorías parlamentarias que se diluyen entre el periodo pre electoral y los favores clientelares a cambio del voto en plenarias o en comisiones, refleja el precario resultado de 10 meses de camino rápido para la implementación. Está en veremos la reforma política, el proyecto de innovación agrícola, la circunscripción especial de paz y la reglamentación de la Justicia Especial de Paz, JEP, entre otros.
Desde el Consejo Nacional Electoral aspiran a ponerle trabas a la participación política de los excombatientes de las FARC. VOZ se enteró de una reunión sostenida en la sección quinta de ese alto tribunal, a la que asistieron el Procurador General, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, el ministro del Interior Guillermo Rivera, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, entre otras figuras del Estado en la idea de modificar la reglamentación de la JEP e imponer que los comandantes farianos vayan primero a la JEP antes de posesionarse en sus curules.
Desde las FARC y Voces de Paz
El partido FARC se mantiene con la idea que el presidente Santos, como jefe de Estado, cumpla con todos los proyectos para materializar la paz en el ordenamiento jurídico. “Lo que nosotros deseamos es que se respete el acuerdo de La Habana. El Gobierno insiste en renegociar y nosotros firmamos un acuerdo con el Estado. La paz ha sido elevada a política de estado, y se debe respetar el manejo de la paz en manos del señor presidente y confiamos en que él pueda sacar adelante ese proceso, entre otras porque tiene los instrumentos legales y constitucionales para ello”, indicó Iván Márquez, Consejero Político de FARC.
Para el representante de Voces de Paz en el Congreso de la República, Jairo Estrada, la preocupación del fast track está en que no asegura la aprobación de asuntos centrales del acuerdo de paz: “Es un tiempo en el que aspectos centrales del acuerdo están pendiendo de un hilo porque en las elites políticas del país se resisten a que existan cambios mínimos en el país. Pero en medio de todo se debe señalar que se registran avances. Esperamos que se entreguen buenas noticias y que se pueda sacar adelante lo sustancial del acuerdo, bajo el entendido que estamos en la fase temprana de implementación, pues el acuerdo establece un periodo que va de diez a quince años y aquí lo que se está definiendo son los marcos normativos que a mi juicio abren posibilidades para las luchas sociales en todo el país”.
Para otros representantes de Voces de Paz, el gobierno puede tener el oxígeno suficiente para sacar adelante los proyectos y actos legislativos, solo con voluntad política real de las bancadas que apoyan la paz.
Pero hay asuntos de mayor gravedad para el futuro de la implementación que van más allá del Congreso. “El Plan Marco de Implementación es parte del punto seis de los acuerdos de paz y señala todo lo relacionado con la implementación y el cumplimiento de los acuerdos. En adelante en los periodos presidenciales de los años 2018 al 2026 existirá la obligación constitucional y legal de incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo específico que desarrollará los acuerdos y en consecuencia obligará la disposición de recursos a fin de garantizar la implementación de los acuerdos”, le dijo a VOZ, Jairo Estrada.
Lo que quiere decir que el tema fiscal está abierto a un debate político. “Es cierto que la regla fiscal y el marco de la sostenibilidad fiscal impone un límite para el cumplimiento de los acuerdos. Pero eso se soslaya con una amplia convergencia que permita modificar ese aspecto, con el fin de hacer un plan marco mucho mejor y eso depende de otro tipo de gobierno que llamamos, de transición”, indicó Jairo Estrada jefe del tanque de pensamiento de las FARC”.
Reclamo internacional
Las FARC hicieron un llamado a la comunidad internacional para valorar las consecuencias que puede traerle al Estado colombiano, el incumplimiento de un pacto especial como fueron los acuerdos de La Habana. “Se firmó una cláusula en la que el gobierno de Colombia se comprometió ante la secretaría general de las Naciones Unidas como un estado. Nosotros decimos, cumplan el acuerdo, no cumplirlo es engañar. Nosotros hicimos dejación de las armas que era con lo que nosotros negociamos, pero no podíamos esperar que tras una dejación de las armas se nos quisiera hacer conejo. Insistimos en la prioridad del cumplimiento en materia de seguridad física y social. No se ven los proyectos productivos, de hecho, la gente nuestra ha tenido es una iniciativa propia para arrancar con los proyectos productivos para no quedarnos esperando lo acordado”, señaló Iván Márquez, cabeza de lista de las FARC para el Senado de la República.
