El próximo 24 de noviembre, se cumple un año de la firma del Acuerdo Final de La Habana, en el Teatro Colón, por parte del presidente Juan Manuel Santos Calderón y del entonces comandante en Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Timoleón Jiménez. Fue la firma histórica del fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. En medio del frenesí de la celebración, ambas partes prometieron cumplir a cabalidad lo pactado.
Es dable recordar que esta fue la segunda versión del Acuerdo, como quiera que el No había ganado, por estrecho margen, el plebiscito de ratificación, convocado por el Gobierno Nacional, el 2 de octubre del año pasado. Eso obligó a hacerle algunos ajustes, en medio de la enorme presión de la extrema derecha y de los enemigos de la paz y de las vacilaciones y concesiones del presidente Santos y de su Gobierno. Las FARC-EP hicieron un enorme esfuerzo para salvar el Acuerdo en su columna vertebral, y a fe que lo lograron en gesto generoso con el país y el bien supremo de la paz.
En esas condiciones se suscribió el texto en el Teatro Colón, bajo la presión de movilizaciones populares, en las que se destacaba la presencia de jóvenes y estudiantes y organizaciones humanitarias y de paz. Fue evidente su iniciativa como la pérdida de la misma por parte de los promotores del No. El Acuerdo de Paz salió a flote para iniciar un tortuoso trámite de implementación. El Congreso, días después, recibió de la Corte Constitucional el derecho a modificarlo aun en aspectos esenciales. Decisión absurda pues en el fallo de legalidad del Acuerdo y del plebiscito, la Corte Constitucional lo había avalado en su integralidad y determinó el carácter vinculante para el Ejecutivo. El Congreso de Colombia, nido de parapolíticos, corruptos y clientelistas, con obvias salvedades, había mostrado pereza hacia la causa de la paz, pero definido el panorama se interesó, en la víspera de la campaña electoral, por aquello de la mermelada.
Entre tanto, las FARC-EP cumplieron con exactitud el cronograma en su primera parte y en lo que los obligaba a ellos. Dejaron las armas y entregaron la información de las guacas, e hicieron el tránsito de organización armada a organización política. Aún se recuerda la frase lapidaria de despedida del exalto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo: “Las FARC ya cumplieron, ahora le toca al Gobierno”.
Sin embargo, ocurrió lo contrario, como si para el presidente Santos, logradas la dejación de las armas y la transformación de los combatientes en militantes políticos, los demás compromisos asumidos ya no son importantes. Es la sensación que queda, porque el Gobierno no cumplió, ni siquiera la entrega completa de las zonas veredales y menos en la aprobación total de las reformas sociales (agraria) y política.
Un año después, la Corte Constitucional falla por fin la exequibilidad de la Justicia Especial de Paz, uno de los pilares del Acuerdo, pero con modificaciones sustanciales que la desvirtúan, como la impunidad que genera la tabla de salvación para civiles en el gobierno y fuera de este, como ministros, funcionarios, empresarios, latifundistas y políticos, que promovieron el paramilitarismo y crímenes de lesa humanidad; no podrán ser obligados a responder sino que lo harán de forma voluntaria. Un fallo propio de una justicia de clase. Salvan a los suyos.
Entre tanto, en el Congreso, bárbaros senadores, entre ellos Roy Barreras, que se muestra tan amigo de la paz, hace causa común con sus enemigos, para a posteriori establecer inhabilidades a los magistrados de la JEP. Es la manera de silenciarlos porque se han desempeñado en función de la paz y de los derechos humanos y a los que han actuado en ONG humanitarias.
“Tenue esperanza en un escenario de grandes dificultades del proceso por incumplimiento de compromisos gubernamentales en todos los órdenes y por la contumacia de congresistas y de otros actores institucionales empeñados en hacer trizas la JEP, la paz, la reparación a las víctimas del conflicto y la participación política, ésta última, en contravía de lo dictaminado por la Corte”, dice el Consejo Político del partido FARC. “Mi propósito al dirigirme personalmente a usted, es el de poner de presente ya no nuestra preocupación, sino nuestra más encendida alarma por la forma como el Estado colombiano actúa en materia de la implementación de los Acuerdos referidos. Como es de su conocimiento, el señor Jeffrey Feltman, su Secretario Adjunto para Asuntos Políticos, recién terminó su visita a Colombia, en donde pudo constatar personalmente el incumplimiento estatal de lo acordado” dice Rodrigo Londoño en carta al Secretario General de la ONU. A nivel internacional es evidente el malestar por el incumplimiento gubernamental y las trabas en el Congreso a la implementación.
Un año importante, de muchas esperanzas, pero desata el pesimismo la actitud de los oportunistas de todos los pelambres en el Congreso, la debilidad del Gobierno y los fallos contradictorios de la Corte. Es como si nada les dijera que con el proceso con las FARC se ha evitado la muerte de no menos de 3.000 colombianos.
