El defensor de derechos humanos, Reinaldo Villalba, fue el invitado al programa emitido por la cadena Telesur, Paz por Lozano, que conduce el director del semanario VOZ, Carlos Lozano.
El reconocido abogado expresó las principales preocupaciones que le inquietan por el trámite final del fast track y el balance de la implementación de los acuerdos en especial lo que trata de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Para Villalba, la implementación del acuerdo está por debajo de la calificación hecha por el presidente Juan Manuel Santos en el Teatro Colón. “Es cierto que no se pueden desconocer los avances de la paz, pero es cierto que se ha quedado corto después de un año. Tenemos que advertir que el acuerdo se ha venido deshaciendo cuando se le entrega un trato diferencial en la JEP a los agentes del Estado. No estamos ni en la mitad de la mitad del vaso”.
JEP
En cuanto a la JEP, el abogado Villalba señaló: “Prende las alarmas la decisión de la Corte Constitucional. Uno esperaría que el tribunal de justicia transicional se ocupe de los delitos más graves y de sus máximos responsables como los financiadores del paramilitarismo, pero no parece suceder eso con la JEP. Hasta hoy persiste la impunidad cuando se trata del paramilitarismo. Y esperaría que la Corte Constitucional llamara a la justicia para actuar, pero, todo lo contrario, están salvaguardando la responsabilidad que tienen varios sectores sociales y políticos del país con el paramilitarismo y con oficiales de alto mando con responsabilidad por crímenes de lesa humanidad”.
Y es que el país conoce que reposan en la Fiscalía General de la Nación quince mil compulsas de copias, es decir investigaciones por paramilitarismo que no se mueven. Y la pregunta es por qué no se ha llamado a indagatoria a estos empresarios, pero tampoco quieren ir a la JEP ¿entonces? Lo que están haciendo es abrir la puerta a la presencia de la justicia internacional.
Inhabilidades
El senado aprobó un artículo de inhabilidades para los magistrados de la JEP. Al respecto dijo Villalba: “La inhabilidad es ser defensor de derechos humanos y defender víctimas ante tribunales internacionales. Hay que recordarle al Congreso que la defensa de los derechos humanos es un deber. Colombia es el único país del mundo donde se legisla en contra de los derechos humanos. En general esas inhabilidades son una degradación del acuerdo de paz”. Con esa iniciativa se evidencia que el Estado trabaja por la impunidad de sus propios crímenes.
Visión unilateral
Otra de las preocupaciones entre los defensores de derechos humanos es que la JEP está siendo conducida a un tribunal para una sola fuerza de combate en el conflicto armado. “En La Habana se acordó un tribunal entre adversario: Estado, sus ramas, sus agentes y sus fuerzas militares, y guerrilla para ser juzgados los actos del conflicto armado interno. Pero a eso también se le suma las actuaciones de los terceros involucrados”.
La razón de los terceros, según Villalba es que son varios los congresistas comprometidos el fenómeno paramilitar, directamente o por interpuesta persona. Los impedimentos del Congreso a la hora de debatir tales asuntos, son evidentes: familiares en primer grado investigados por paramilitarismo o investigaciones en la Fiscalía por sus propias actuaciones como financiadores o voceros regionales del paramilitarismo.
Vilalba advirtió que se prepara un informe ante la Corte Penal Internacional respecto a la situación de defensores derechos humanos en Colombia en el último periodo: “Si el estado no quiere que sepamos los autores materiales e intelectuales de esos genocidios y si no quieren ir a la JEP, el estado va tener problemas con la Corte Penal Internacional y no solo con ellos sino con los organismos internacionales, la credibilidad de Colombia esta por el piso en caso de no cumplir lo pactado en La Habana”.
