
El regalo navideño que el mandatario entregó a los peruanos, fue la liberación de un personaje, símbolo de la guerra, la represión y la negación de derechos humanos a sus gobernados
Alberto Acevedo
En un habilidoso acto de malabarismo político, que le mereció el repudio de la opinión pública nacional e internacional, en la noche de navidad, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, no solo logró evadir la máxima sanción moral en un proceso parlamentario en el que se le acusó de corrupción, sino que, a cambio del voto de una parte de la bancada de oposición, en una típica operación de ‘mermelada’, al estilo colombiano, otorgó el indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
El regalo que el mandatario de ese país entregó a los peruanos, fue la liberación de un personaje, símbolo de la guerra, la represión y la negación de derechos humanos a sus gobernados, durante el tiempo en que ocupó la primera magistratura. Jueces de la república lo encontraron responsable por varias matanzas de opositores políticos, especialmente las conocidas como de La Cantuta y Barrios Altos, cometidas por un escuadrón militar clandestino denominado La Colina.
Una vez conocida la noticia, miles de peruanos interrumpieron sus fiestas navideñas y se lanzaron a las calles a expresar su repudio por la medida y acusar, a través de consignas y pancartas a Kuczynski de “traidor”, por cuanto una de sus promesas de campaña electoral fue la de no liberar a Fujimori de la prisión. Ahora, numerosas organizaciones de derechos humanos dicen incluso que el indulto concedido es una jugada política absolutamente ilegal, pues la constitución peruana prohíbe aplicar esta figura a personas que tienen procesos penales vigentes, y Fujimori tiene aún deudas por saldar con la justicia por otros hechos.
Para la gente del común, es claro que el presidente peruano ‘compró’ el voto de una parte de la bancada parlamentaria fujimorista y chantajeó a otras facciones políticas, para conseguir que los votos que lo iban a condenar y a sancionar, fueran insuficientes, y pudiera mantenerse en poder. Esto fue lo que sucedió, y dos días después del frustrado debate parlamentario, Kuczyinski anunció el indulto a Fujimori, que se materializó el pasado viernes 5 de enero, con su salida del hospital donde permanecía en tratamiento médico.
Esta jugada de Kuczynski, para atornillarse en el poder, se hizo a costa de exponer los restos de su maltrecha imagen, poner en entredicho su capacidad de gobernabilidad y provocar fisuras entre las huestes de su gobierno. En efecto, conocida la noticia del indulto a Fujimori, presentaron renuncia tres altos funcionarios del ministerio del Interior, el director general de Derechos Humanos de esa misma cartera, la prefecta (gobernadora) de Mosquera, Paulina Lourdes Cano Oviedo, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, tres parlamentarios del partido de gobierno, mientras la influyente Confederación General del Trabajo anuncia la posibilidad de realizar un paro nacional contra la impunidad y la corrupción en las altas esferas de gobierno.
Que regrese a prisión
Analistas políticos coinciden en señalar que lo ocurrido en el marco del examen que el parlamento hizo de la conducta del mandatario peruano fue un pacto de impunidad entre dos fuerzas que, al menos en la campaña electoral, aparecían como antagónicas. Kuczynski salvó el pellejo a cambio de dilapidar su escasa credibilidad política. Pero la crisis alrededor de la conducta del ejecutivo no termina. Hay en marcha otros procesos alrededor de los vínculos del mandatario con la constructora Odebrecht, que ahora serán examinados por la justicia ordinaria.
La población, enfurecida no solo por los hechos de corrupción sino por el indulto ilegal, reclama que Fujimori sea regresado a prisión y termine de pagar su pena.