Los trabajadores de la capital del país exigen su vinculación directa. No aceptan que se continúe con las Órdenes de Prestación de Servicios en una ciudad donde en este sector son más de 20 mil, aunque solo cinco mil vinculados directamente
Pedro Yepes López
A punto de romperse estuvo, la semana pasada la mesa de negociación entre sindicatos de trabajadores del Distrito Capital y la administración de Bogotá, en el espacio que trata los temas de salud, y que completó la etapa de arreglo directo, sin prórroga, en el proceso de negociación.
El impase se dio cuando las partes abordaron el tema de las Órdenes de Prestación de Servicios, OPS; y la necesidad de nombrar a los miles de trabajadores en esta condición.
Los diálogos beneficiarán a más 20 mil trabajadores de este sector entre quienes están médicos, enfermeras, radioperadores, servicios generales y administrativos, de los cuales solo cinco mil son de planta. Los representantes de los trabajadores insisten en su petición argumentando que hay dos dos mil vacantes.
Piedra en el zapato
El tema se ha convertido en el más debatido en la mesa sectorial de salud. Las diferentes organizaciones sindicales han planteado una y otra vez el asunto, pues en esta condición se encuentra más del 80% de los trabajadores del Estado colombiano; por lo que la mayoría de los dirigentes sindicales convocados, nunca antes habían unificado sus voces con una sola petición: la formalización de quienes están por OPS.
En consecuencia, después de 20 años de sometimiento a esta nueva forma esclavitud hablan de este sector de trabajadores, les importa esa problemática y los efectos que generan en sus familias.
Antes se habían hecho gestiones, pero ninguna con resultados. En los últimos meses se ha conocido mucha gente que clama por lo mismo: justicia, trabajo digno, equidad. Los sindicatos se han unido para analizar la problemática y buscar una salida a un problema que se volvió una bola de nieve, sin embargo en esta negociación el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales; el Subsecretario de Salud y las gerentes de los hospitales, no han permitido avanzar en soluciones, pretenden desconocer totalmente los derechos laborales y el derecho de asociación de estos contratistas.
Por lo pronto, se espera que se agilice la ampliación de plantas de personal, se vincule a todos los contratistas con todos los derechos laborales, se les reconozca y se les pague todo lo que les han quitado en 20 años. Además, que se ignoren por completo las propuestas de algunos congresistas que lo único que hacen es burlarse de esta condición. En conclusión, la única propuesta válida y decente es la formalización.
Vieja crisis
Pero este no es un problema nuevo para quienes durante muchos años han estado vinculados al sector de la salud pública, es claro que la causa de la crisis se origina en la intermediación financiera que hacen Entidades Prestadoras de Salud, EPS, y la naturaleza de las Empresas Sociales del Estado, ESE, que deben vender servicios a las primeras, quienes a su vez manejan los recursos y no pagan las deudas a las ESE (Hospitales Públicos). Tampoco pagan a las Instituciones Prestadoras de Servicios privadas (IPS, clínicas y hospitales privados), casi todas en quiebra con carteras impagables y de imposible cobro, pues la Ley 100 de 1993 fue diseñada para que los dueños de las EPS se apropiaran de los dineros de la salud.
La propuesta del candidato uribista Iván Duque de fortalecer las EPS y perseguir a los trabajadores de la salud es un acto cobarde de arrogancia. Se sabe que las EPS financian la campaña para que sea garante del saqueo de los recursos de la salud, al igual que lo hizo su jefe político quien fue el ponente de la Ley 100 de 1993.
Esta ley muestra el afán de enriquecimiento fácil de las entidades financieras, el desprecio por sus compatriotas y el desconocimiento de los derechos de los trabajadores de la salud, por lo cual hoy los contratistas por OPS de la red pública hospitalaria financian la salud con su condición de esclavos del siglo veintiuno.
Los recursos económicos de la salud deben ser manejados por el Estado, por lo que la pregunta es ¿quién paga los dineros de la nómina de los trabajadores de salud? Debe pagarlos el Gobierno nacional a través del sistema general de participaciones de la Ley 715 y las otras fuentes de financiación deben ser utilizadas para fortalecer la red pública, invertir en tecnología e investigación.
Si las EPS le adeudan a los hospitales públicos y a las clínicas una suma que fluctúa entre seis y ocho billones de pesos, cabe la pregunta, ¿cuánto les debe el sistema a los contratistas por OPS?
Si bien hay una gran cantidad de trabajadores de las EPS que temen ser despedidos, es una falsa alarma, las EPS pasan al Estado y se realiza la sustitución patronal de la empresa privada a ser una entidad pública, solamente que las ganancias no van a parar a paraísos fiscales o a canchas sintéticas de golf, o a los bolsillos de políticos corruptos o del sector financiero, sino que van a fortalecer el patrimonio público, la investigación científica y a mejorar la calidad del servicio y de la vida de los colombianos, bien sean en un calidad de sujetos del derecho fundamental a la salud y de los trabajadores de la salud hoy en condición de indefensión en un Estado fallido que no respeta los derechos de sus funcionarios.
