Desde la comunidad internacional y diferentes sectores sociales llaman tanto a Santos como a Duque a frenar la ola de violencia contra líderes sociales en el país
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
“Estos valientes activistas están siendo silenciados por poderosos intereses económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluidos paramilitares, por defender sus derechos o exponer la trágica realidad del país”. Así caracterizaba la situación en el 2017 Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional cuando se dirigió al gobierno de Juan Manuel Santos, para exigirle protección efectiva a los defensores de derechos humanos que se encontraban en situación de riesgo. Un año después, la misma organización llama la atención a Santos y a Duque ante los asesinatos de líderes sociales, advirtiendo que lo que está ocurriendo en todos los rincones del país, es una “vulneración masiva de los derechos humanos” recordando que se dio un aumento de estas violaciones en el momento en que se eligió el nuevo presidente y que hasta ahora solo ha existido, según mencionan en su misiva, un “silencio cómplice”.
Esto tiene que cambiar
Esta organización quien además ya se había dirigido a Duque, habría expresado que la violencia en Colombia continuaba siendo una realidad para miles de personas y comunidades. “Nos preocupa que actores armados, como los nuevos grupos paramilitares, continúen cometiendo crímenes de derecho internacional, como el desplazamiento forzado colectivo, violencia sexual contra mujeres y niñas y asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos. Esto tiene que cambiar, y esperamos este sea el compromiso de la nueva administración bajo el presidente electo Iván Duque”, señaló Amnistía a través de su directora Erika Guevara Rosas.
Igualmente, reconocen que gran parte de la responsabilidad de que ocurran estos hechos está en que la implementación del acuerdo de paz no se ha cumplido: “la lenta implementación del Acuerdo de Paz en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono del Estado” se abrían convertido en “la fórmula para que actores armados coopten territorios y continúen asesinando con impunidad”.
El informe que prendería las alertas de las organizaciones internacionales frente a esta situación en Colombia habría sido el entregado por la Defensoría del Pueblo, quien asegura que, desde enero de 2016 al 30 de junio del presente año han sido asesinados 311 líderes y lideresas. Sin embargo, luego de conocerse el informe, otras víctimas entraron a engrosar esta lista negra, otras más fueron amenazadas o víctimas de atentados en contra de sus vidas a lo largo y ancho del país.
Por su parte, el movimiento de la Colombia Humana le pidió a la Unión Europea, UE, que le exija tanto al presidente saliente Juan Manuel Santos, como al recientemente electo, Iván Duque, que se brinden las garantías necesarias para que activistas y defensores de derechos humanos puedan hacer su labor en cualquier rincón del país.
Desde Asturias, la 14ª delegación asturiana que visitó este año a Colombia con el ánimo de verificar la situación de DD.HH. en diversas regiones del país, presentó junto a dos refugiadas temporales, el informe de verificación, y luego de mostrar su preocupación por el alto índice de violencia, invitaron a que el próximo siete de agosto, en el marco de la toma de posesión de Iván Duque, se convocaran en España concentraciones masivas en las plazas públicas, exigiendo respeto por el acuerdo de paz firmado por el Estado, y respeto por la vida de las personas defensoras de DD.HH. en Colombia.
