Gabriel Becerra Y.
@Gabocolombia76
Como era previsible, no se identifican grandes novedades con el nuevo gabinete ministerial. La primera línea del ejecutivo de Iván Duque a posesionarse en tres semanas, será en esencia una nueva junta directiva de la plutocracia, el gran empresariado y las elites políticas conservadoras que conforman el bloque de poder dominante.
Esta característica de clase en la composición del nuevo gabinete pretende ser ocultada por los dispositivos mediáticos que resaltan principalmente su composición de género, sus altos perfiles profesionales y una supuesta independencia de la desprestigiada clase política tradicional. Como estrategia comunicativa se mantiene la línea utilizada en la campaña electoral, en la cual la clase política colombiana, corrupta y violenta, responsable principal de la grave crisis nacional, se vende como renovadora y moderna utilizando junto a políticos cuestionados, cuadros jóvenes tecnócratas, en buena parte desconocidos para la opinión pública.
En ese grupo se pueden ubicar los nombramientos de Jonatán Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio; María Fernanda Suárez, Ministra de Minas y Energía; Ángela María Orozco Gómez, Ministra de Transporte; José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo; María Victoria Angulo, Ministra de Educación Nacional; Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Sandra Monroy, Ministra de las TIC. Nombres en su mayoría desconocidos, con poca o nula autoridad política, pero por su formación ideológica y académica, antecedentes profesionales y lealtades de diverso tipo, igual o más comprometidos con las orientaciones del proyecto conservador y su estrategia de relegitimación.
De un perfil similar son la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que deberá liderar la polémica reforma propuesta en la campaña por el nuevo Presidente; la Ministra de Cultura, Carmen Vásquez, que muy a pesar de su color de piel aparece lejana para el pueblo afro, sus organizaciones y aún más para el mundo de la cultura; al igual que el Ministro de Salud y de la Protección Social, Juan Pablo Uribe, médico y administrador que sin cuestionar las bases del modelo vigente facilitará la concentración del negocio de la salud en dos o tres grandes EPS.
Muchos de ellos comparten otra característica sobresaliente del nuevo gabinete, su marcado corporativismo que los ubica como correa de transmisión de intereses privados representados en el Consejo Gremial Nacional, con el cual la mayoría ha estado vinculado mediante altos cargos en instituciones como Asobancaria, la ANDI, Fenalco, Asomovil o Fenavidi, que es el caso de Andrés Valencia Pinzón, designado Ministro de Agricultura y Desarrollo.
Otro hecho sobresaliente son las cuotas de poder en ministerios estratégicos entregados al expresidente Uribe. En primer lugar, el Ministerio del Interior a cargo de Nancy Patricia Gutiérrez, la expresidenta del Senado seriamente señalada de persecución política a los opositores y de alianzas con el paramilitarismo; Alberto Carrasquilla, exministro de economía de su gobierno, que regresa a esa cartera a querer profundizar las reformas neoliberales; el Ministerio de Defensa en manos de un empresario conservador abiertamente contrario al acuerdo de paz, la protesta social e indiferente a los asesinatos de líderes sociales; la Cancillería, en manos de un político tradicional vallecaucano como Carlos Holmes Trujillo, dispuesto a asumir como alfil del intervencionismo estadounidense en la región y, Alicia Arango, nada más y nada menos que responsable del Ministerio del Trabajo.
No hay que llamarse a engaños. Éste será el gabinete de las élites y la plutocracia en función de mantener y perpetuar el proyecto de la extrema derecha, sin importar los daños al medio ambiente, el aumento de la desigualdad social, el recrudecimiento de la violencia política, y el recorte de los derechos y libertades ciudadanas. Nada bueno pueden esperar los trabajadores y los sectores populares de un equipo directivo de este tipo. El camino a seguir es claro: fortalecer la resistencia y una respuesta unitaria capaz de construir un proyecto alternativo de gobierno y de poder en el país. Empecemos saliendo a la calle el próximo 7 de agosto en defensa de la vida y las libertades.
