La visión de una organización defensora de derechos sobre la paz y la implementación de los acuerdos
Erika Gómez Ardila*
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, junto con las organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicales, políticas y populares ha jugado un papel importante, en cuanto a la promoción y exigibilidad de los derechos fundamentales, constituyéndose en un pilar relevante, con el compromiso de apoyar las salidas negociadas para superar el conflicto armado que ha vivido el país, conflicto que ha estado trazado por una profunda crisis social, económica y política, fallas estructurales que han sido de igual manera los catalizadores para intensificar la brecha de la desigualdad e inequidad.
Una de las mayores apuestas del CPDH y aporte en los últimos seis años, fue la asesoría realizada en la mesa de negociaciones que se adelantó en La Habana – Cuba, en cabeza de Diego Alejandro Martínez Castillo, anterior secretario ejecutivo, pero a su vez, esa labor se complementó y cristalizó, gracias a los aportes y trabajo incansable realizado por parte de las y los defensores de derechos humanos de las diferentes seccionales del CPDH a nivel nacional, que trabajaron hombro a hombro con otras organizaciones, plataformas y espacios unitarios, sin ahorrar esfuerzos para cooperar desde las diferentes etapas y escenarios en la construcción de una paz estable y duradera, donde debe primar la convivencia y reconciliación. De igual manera, se ha trabajado fuertemente en los territorios para realizar un diagnóstico por medio del intercambio de experiencias, respecto a las medidas de protección colectivas y diferenciadas, que ha permitido presentar propuestas concretas para que permita proteger y prevenir de manera efectiva la violación de los derechos humanos.
Dentro de los trabajos conjuntos que se realizaron por parte de las organizaciones y la sociedad civil, fueron cientos de propuestas allegadas a la mesa de negociación, y que se tuvieron en cuenta por las partes negociadoras. Varias propuestas se materializaron en el contenido mismo del acuerdo, es decir, qué temáticas priorizadas por parte de las organizaciones sociales, como la constante lucha contra la impunidad, el conocimiento y reconstrucción de la memoria y verdad histórica, el desmantelamiento efectivo de los grupos sucesores del paramilitarismo y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas hoy en día, son parte de los componentes del mecanismos y gran sistema integral (Sivjrnr), que tiene en su centro, el universo de víctimas del país. Por ello el estado colombiano y el recién posesionado gobierno en cabeza del presidente Iván Duque, deben brindar las garantías de no repetición, y de esta forma romper con los ciclos de violencia.
Es necesario resaltar, que se han allegado propuestas, a fin de hacer aportes para complementar mediante la normatividad que reglamenta los diferentes mecanismos del sistema integral, los vacíos jurídicos existentes, pero a su vez, se está trabajando en la coadyuvancia de la demanda presentada por inconstitucionalidad, interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas.
Así mismo, y no menos importante, son los logros alcanzados gracias a la incidencia política, las constantes denuncias y advertencias que se han presentado ante las autoridades competentes, y las cuales han permitido visibilizar las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en contra de la sociedad civil, especialmente las perpetradas en los últimos dos años (2016 a 2018) y las cuales están directamente relacionadas con los incumplimientos de la implementación de los acuerdos de paz, razón por la cual se ha concentrado todo el esfuerzo en realizar un fuerte y contundente trabajo de incidencia a nivel internacional, logrando pronunciamientos de vital relevancia por parte de los mecanismos y organismos internacionales. En este año se ha logrado la visita del presidente y varios pronunciamientos por parte de la FIDH, visita del programa Asturiano, dos pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el pronunciamiento de algunos parlamentarios norteamericanos y europeos, así como más de doscientas recomendaciones realizadas en el marco del Examen Periódico Universal 2018 (EPU 2018) las cuales fueron aceptadas por Colombia, entre las que se destacan las concernientes a la efectiva protección de los líderes sociales y defensores de DD.HH., pero especialmente las relacionadas con la implementación de los acuerdos suscritos entre el estado colombiano y la FARC, así como la necesidad de dar continuidad a los diálogos que se adelantan con la guerrilla del ELN.
Siendo conscientes de los grandes retos que se tienen para lograr la debida implementación de los acuerdos de paz, podemos decir, que definitivamente se está escribiendo una nueva página en la historia del país, por lo cual se deben seguir fortaleciendo plataformas nacionales como el Movice y la Coeuropa entre otras, así como fortalecer desde las regiones los espacios y mesas que hacen presencia en los territorios.
* Secretaria Ejecutiva CPDH Nacional.
