En alocución televisada el mandatario mostró las pruebas que vinculan a Colombia con el frustrado atentado. Rusia, Chica, Irán y Cuba, entre las naciones que condenan el hecho y llaman a un diálogo civilizado para superar la crisis venezolana
Alberto Acevedo
Una marea humana de venezolanos de toda condición social, algunos de ellos no vinculados a las ideas del presidente Maduro, pero que no quieren que el país se precipite por el despeñadero de la violencia fratricida o de una guerra civil, marcharon por las principales avenidas de Caracas, desde tempranas horas del pasado lunes 6 de agosto y concluyeron en una vigorosa concentración frente al palacio presidencial de Miraflores, para respaldar la gestión del gobernante socialista y rechazar el frustrado magnicidio que se presentó el sábado de la semana pasada.
Al tiempo que se daba esta movilización, llegaban a la sede presidencial numerosas expresiones de respaldo al gobierno bolivariano, por parte de gobiernos amigos. Rusia, China, Irán y Cuba, encabezaban el plebiscito de apoyos.
El ministerio de asuntos exteriores de Rusia condenó enérgicamente el “intento de asesinato” del presidente Maduro. “Consideramos que el uso de métodos terroristas como herramienta para las luchas políticas, es categóricamente inaceptable”, aseguró la cancillería de ese país. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el exmandatario de la isla, Raúl Castro Ruz, condenaron “enérgicamente” el atentado y reiteraron el “apoyo irrestricto” del gobierno cubano a la gestión del mandatario suramericano.
Salida negociada
Un portavoz del gobierno en Beijing, precisó ante los medios de comunicación: “China se opone a todas las formas de acciones extremas y violentas y apoya los esfuerzos brindados por la parte venezolana para realizar la paz, la estabilidad y el desarrollo del país”.
El gobierno de España expresó su “firme condena”, y dijo que la crisis en ese país “demanda una salida pacífica y negociada entre venezolanos”. El gobierno de Irán calificó el atentado como “un paso hacia la inestabilidad de Venezuela”. En similares términos se pronunciaron los gobiernos de El Salvador, Siria y Turquía, entre otros. Llamó la atención que la joven Ahed Tamimi, símbolo de la resistencia palestina contra la ocupación israelí a los territorios árabes, expresó su apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela, y se tomó fotos, con su familia, al lado de unos afiches con las figuras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Ese robusto apoyo, tanto nacional como internacional, le sirvió al presidente Maduro para afirmar, en sus primeras reacciones, en una alocución el mismo sábado 5 de agosto, pocas horas después del atentado, que el intento de magnicidio fracasó, y otras acciones de la derecha seguirán fracasando, mientras el pueblo respalde la obra de la revolución bolivariana y a sus fuerzas de seguridad.
Llamado al diálogo
“Han vuelto a fracasar -repitió después ante las cámaras de televisión-, y en Venezuela tiene que haber justicia, porque han atentado contra mi vida”. Pese a la contundencia de esta afirmación, Maduro ha mostrado, en repetidas ocasiones, su disposición a mantener un diálogo civilizado y respetuoso con los sectores de oposición no comprometidos en planes golpistas y de desestabilización del país. “Hago un llamado a la Venezuela honesta y trabajadora. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica”. Estas eran las palabras que pronunciaba el mandatario al momento de producirse las dos detonaciones provocadas por sendos drones junto a la tarima presidencial, palabras que fueron interrumpidas por la natural conmoción provocada por la intentona criminal.
Decantados los primeros sustos, y gracias a la colaboración ciudadana, que señaló a los sospechosos, en las horas siguientes al atentado se produjeron las primeras detenciones, siete inicialmente, y se pusieron en claro los pasos de la audaz empresa criminal. Se estableció que quienes operaron los drones recibieron entrenamiento en la finca Atalanta, ubicada en inmediaciones del municipio de Chinácota, en el departamento de Santander, a este lado de la frontera colombiana.
Protegidos de Juan Manuel Santos
El primero en confesar el itinerario criminal fue Juan Carlos Monasterios, que operó uno de los drones, y con fuertes vínculos con el diputado venezolano Juan Requesens, ya detenido. Se estableció igualmente vinculación con el atentado por parte del dirigente opositor Salvador Lucchesse, de Julio Borges, en calidad de autor intelectual, y de Rayder Alexander Russo Márquez, todos ellos residentes en Bogotá y protegidos por el gobierno de Juan Manuel Santos. El grupo conspirador fue entrenado y financiado desde Bogotá, admitió Monasterios.
Más tarde el presidente Maduro precisó que los fondos para la financiación del atentado, en donde se ofreció una suma de hasta cincuenta millones de dólares a los participantes y estadía en Estados Unidos, provinieron de “financistas” aún sin identificar, residentes en Miami.
El frustrado atentado se suma a una larga cadena de acciones desestabilizadoras, intentos de golpe de estado, boicots a la economía, sanciones aplicadas por potencias extranjeras, guerra mediática, guerra económica; el episodio anterior al atentado del sábado pasado fue el sabotaje a la red de suministro de energía eléctrica, que provocó cortes del servicio en varias ciudades.
Fracaso de los planes golpistas
Es una guerra que tiene expresiones en lo económico, en lo militar y en lo diplomático, propias de un teatro de operaciones bélicas, sin que formalmente se haya declarado un comienzo de hostilidades.
En febrero de 2016, el almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur de la Armada de los Estados Unidos, publicó el documento “Operación Venezuela Freedom 2”, toda una estrategia de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Ese guión golpista, en la distancia, se ha venido cumpliendo, aunque hay que reconocer, también ha venido fracasando en sus diferentes etapas, por la capacidad de reacción del gobierno y el pueblo venezolanos, y por la firmeza de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de ese país de defender la legalidad.
En forma paralela, se presenta una creciente presencia militar de Estados Unidos en el cono sur del continente (Paraguay, Brasil, Argentina), en la zona andina (Colombia, Perú, Ecuador) y en Centroamérica. Ya se contabilizan 70 bases militares norteamericanas, que se articulan estratégicamente con las agencias de inteligencia, comprometidas con la estrategia del Comando Sur, orientada a reforzar el control territorial norteamericano en la región.
