Debido a la situación de crisis humanitaria que se vive actualmente, en donde las amenazas, desapariciones y asesinatos a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, organizaciones sociales del suroccidente colombiano en coordinación con la bancada de oposición del Congreso de la República realizaron el viernes 5 de octubre la Audiencia Pública “Por la defensa del territorio, la vida, la dignidad y la paz” en la ciudad de Popayán
Redacción Derechos Humanos
La audiencia, que fue convocada por el Congreso de la República y las organizaciones sociales campesinas, indígenas, afros, de mujeres, de víctimas, sindicales y populares, contó con la participación de más de 500 personas delegadas de los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Chocó y Huila; así como la Comisión de Paz de la Cámara y el Senado, los gobernadores del Cauca y Nariño, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante el encuentro, representantes de las organizaciones sociales del suroccidente manifestaron su preocupación por la situación humanitaria del país y la región así como la conexión de las amenazas y asesinatos con la actividad en defensa de los DD.HH., del proceso de paz y la implementación de los acuerdos, como también la defensa de los territorios.
Gobernadores
El Gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo, manifestó su preocupación por “la muerte de líderes sociales” y resaltó que “hoy más que nunca necesitamos que los PDET tengan los recursos para que la sustitución sea una realidad, convirtiéndose en una posibilidad real de formalizar la economía de nuestros indígenas campesinos y afros que hoy se encuentran en la dinámica de producción de cultivos de uso ilícito” así como el rechazo al uso de glifosato: “No queremos que nos fumiguen la vida, los ríos y el pancoger” manifestó. Por su parte, Camilo Romero, Gobernador de Nariño, manifestó la necesidad de “insistir en el camino de la paz, que se cumpla el acuerdo con las FARC y se dé el proceso con el ELN… si no logramos resolver el tema de los cultivos de uso ilícito y de la minería ilegal no hay paz que valga porque ahí está el combustible para cualquier guerra” y aprovechó el escenario para afirmar que desde el suroccidente “habrá no solo gobiernos sino pueblos que se levanten para decir no al uso del glifosato, para salir a marchar por la vida y por la defensa del ambiente y del territorio”.
Situación de derechos humanos
Por su parte, las organizaciones sociales presentaron un informe sobre la situación de DD.HH. en los seis departamentos del suroccidente colombiano, afirmando que estos territorios “concentran más del 50% de la violencia sociopolítica en Colombia” y exigiendo a los entes del gobierno nacional que cumplan su obligación en relación a garantías y respeto a la prevención y protección efectivas respecto a la vulneración de los DD.HH. de las y los colombianos. Los representantes que asumieron la palabra en nombre de las organizaciones convocantes, manifestaron de forma insistente que no se debe centrar el problema en cifras, sino poner el acento en las causas y el carácter generalizado y sistemático de la violencia estructural sociopolítica, económica, ambiental y cultural.
Líderes sociales
Los líderes y lideresas afirman que las amenazas y asesinatos se corresponden con la criminalización a campesinos cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, con el incumplimiento a las comunidades que se han comprometido con la sustitución voluntaria de estos cultivos, con la actividad de quienes luchan por el reconocimiento del campesinado y la defensa del agua y en contra el extractivismo, así como su lucha por las territorialidades, por las zonas de reserva campesinas, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios. Para ellos, las raíces de esta situación están relacionadas con intereses políticos y económicos dirigidos a desmembrar el tejido social, debilitar los sujetos sociales y sus organizaciones para romper cualquier posibilidad de actuación colectiva desde los territorios.
Ausencia del Gobierno
Los representantes del Gobierno nacional convocados a la Audiencia Pública, como el Ministro de Defensa, Guillermo Botero; la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez; el Procurador General, Fernando Carrillo y el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, faltaron a la cita y al compromiso con las organizaciones sociales, quienes asumieron esta ausencia como una falta de respeto y un desprecio a la vida de los líderes y lideresas sociales y defensores de DD.HH. Frente a la ausencia del gobierno nacional la senadora Aída Avella afirmó que “al gobierno nacional no le interesan los líderes sociales” y agregó que a los funcionarios del gobierno solo les importan las convocatorias de grandes empresas; por su parte Iván Cepeda afirmó que no era posible “presentar denuncias sin que ningún ministro nos escuche” e hizo un llamado a actuar colectivamente para conformar una gran coalición democrática que permita tener un gobierno alternativo. Ante esta situación, los congresistas presentes convocaron a los ministros ausentes y al fiscal general a un debate televisado en la Comisión Segunda del Senado para que den respuesta a un cuestionario acerca de la situación de DD.HH. en el suroccidente y en todo el territorio nacional.
El común de las intervenciones de los congresistas asistentes, fue la manifestación de su compromiso con las organizaciones sociales y populares para que su voz sea escuchada en el parlamento, y pusieron especial énfasis a la necesidad de coordinar la agenda legislativa con la agenda social para impulsar las reformas que el país necesita y ejercer el papel de oposición conjugando la movilización social con la actividad parlamentaria. En ese sentido, el representante a la Cámara por Bogotá, Carlos Carreño, afirmó que se debe avanzar en “garantizar que cuando en el parlamento se hable en las calles también se hable, que cuando haya movilización, que es el único lenguaje que el gobierno entiende, en el parlamento nuestra vo resuene para que ustedes sean respaldados”.
En total fueron 23 los congresistas, entre senadores y representantes, los que asistieron a la Audiencia Pública “por la defensa del territorio, la vida, la dignidad y la paz”.
