Denuncias desde Uribe, Meta. Los únicos dividendos de la paz que han recibido los campesinos de la región es persecución judicial, cerco humanitario y señalamiento social. El Estado solo hace presencia militar
Simón Palacio
@Simonhablando
Después de cinco horas de camino, desde la capital del Meta, se llega al municipio de Uribe. La ruta atraviesa los municipios de Guamal, San Martín, Granada, San Juan de Arama y Mesetas, por una carretea pavimentada. Unos cuatrocientos metros a la salida de Mesetas inicia una trocha inexpugnable para pequeños carros hasta Uribe a lo largo de cincuenta kilómetros.
Allí se llevó a cabo el encuentro social denominado Foro por la Vida y el Territorio, el pasado 26 de octubre en el coliseo del municipio. Llegaron unos trecientos campesinos de la región, delegados de juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, lideres sociales y campesinado que denunciaron tres puntos esenciales: Tierras insuficientes para el campesinado, formalización de las tierras y parar la persecución judicial.
Uribe es un municipio escenario histórico de la guerra. Allí fue el primer laboratorio de paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional a mitad de los años ochenta, fue escenario de guerra por cuatro décadas, recibió bombardeos, fue víctima de retenciones masivas, asesinatos selectivos de dirigentes sociales, despojo de tierras y presencia paramilitar. Uribe hizo parte de la zona de distensión en los diálogos de paz a finales de la década de los noventa e inicios de siglo. Una población que realmente ha sentido el peso de la guerra.
Guerra del Estado
Hoy, después de firmados los acuerdos de paz, el campesinado de la región se queja por otra guerra que le declara el Estado: la persecución jurídica. Buena parte de los campesinos que hoy se mantienen en la región vienen de tradición de colonos que literalmente rompieron selva y se fueron asentando en la zona en busca de tierra para cultivar y sobrevivir. Ese enorme número de campesinos, desde hace casi cinco décadas hacen posesión de fincas que ni el propio Estado tienen en sus cuentas como tierras baldías.
Pero otro es el drama de los campesinos que sin títulos hoy son perseguidos por la Fiscalía General de la Nación, que los acusa de ser testaferros de las FARC-EP por estar asentados en fincas supuestamente de propiedad de la exguerrilla y donde ellos son considerados testaferros de esos bienes que supuestamente no entregó en el reciente proceso de paz.
No ha sido posible que dichos títulos de propiedad, tenencia y posesión de los predios puedan ser reconocidos por la Fiscalía General de la Nación, y menos que los campesinos sean escuchados por el ente investigador y aclarar todo lo pertinente con la propiedad legitima y legal del campesinado.
El calvario de este puñado de campesinos inicia cuando por labores de inteligencia militar, en tiempos de guerra, se le adjudicaban a quienes ocupaban esas propiedades como guerrilleros, pues supuestamente eran las fincas de descanso del Secretariado de las FARC-EP. De hecho, en los inicios de los diálogos de paz en La Habana, se le reclamaba a esa guerrilla hacer entrega de 30 mil hectáreas de propiedad de Manuel Marulanda, jefe histórico de esa guerrilla o el comandante Jorge Briceño. Esa noticia fue la bienvenida al punto uno de discusión en la mesa de conversaciones ya hace siete años.
Propiedad campesina
Desde ese momento se inició un proceso de extinción de dominio en contra de las extensiones de tierras que afectan la tranquilidad y la propiedad de unos cien campesinos. “Estamos asistiendo a una nueva amenaza de desplazamiento y despojo por parte de la institucionalidad que quiere tener esos predios listos para el proceso de entrega a multinacionales que han pedido seguridad jurídica para las tierras que nosotros hemos tenido por décadas. Aquí no hay Estado al que le podamos exponer nuestras denuncias, aquí no hay ni un colegio”, señala uno de los líderes campesinos de la vereda Mansitas, del municipio de Uribe, Meta.
Parece un contrasentido que luego de firmados los acuerdos de paz, ahora los campesinos deban reclamarle al Estado que no los despoje de manera ilegal. “Quieren la tierra para extraer los recursos mineros, pretenden dejarnos los suelos improductivos, pero además dejar a los campesinos que nos oponemos a esa expropiación. Una tierra que según la Fiscalía es de testaferros de la exguerilla de las FARC-EP. Pero aquí estamos los verdaderos dueños: campesinos de la región. Cuando esa guerrilla entregó el inventario de sus propiedades, no están las fincas de nosotros los campesinos”, señaló el vocero de la junta de acción comunal de Mansitas en el foro de tierras y vida de Uribe.
Los acusan de testaferrato por el hecho de poseer propiedades ubicadas en zonas de presencia armada de la insurgencia, donde las FARC eran la única autoridad legítima para esos campesinos pues el Estado nunca hizo presencia.
Como en plena guerra
De hecho, buena parte de esos campesinos solo conocen al Estado mediante el litigio judicial que hoy enfrentan por la propiedad de sus fincas. “Es una persecución con ánimos de revancha. Como si fuera culpa nuestra que aquí desde hace décadas estuviera la guerrilla y no el Estado. Es injusto lo que hacen con nosotros”.
Pero la consecuencia no solo es la propiedad de la tierra sino la persecución judicial por la comercialización de cabezas de ganado, productos agrícolas, leche o la adquisición de fertilizantes o comida para semovientes. Es decir, una especie de bloqueo comercial o incluso a la supervivencia, dado que volvieron los inmensos operativos militares para limitar el consumo de mercado de las familias que desde esos territorios resiste.
Despojo legal
Otro de los asuntos que denuncia el campesinado de la región es la presencia de los nuevos propietarios de varias de las fincas con cientos de hectáreas, que no se conocen y que ellos mismos llaman “escrituración satelital”. Se trata de una modalidad de despojo legalizado por la compra de fincas que carecen de escrituras o títulos, y que resultan propiedad en cabeza de personas ajenas a la región.
La preocupación para el campesinado es esta modalidad de compra y venta de tierras, con complicidad de algunas autoridades incluso las militares. La preocupación del campesinado es que tales tierras le son útiles a las multinacionales que han manifestado su intención de explotar las riquezas del subsuelo. Para ello se necesita la titulación de las propiedades y la libertad de estas para ser comercializadas.
Y por último, la persecución a la propiedad del campesinado en esa región del país es por cuenta de la delimitación de Parques Nacionales después de ampliarse las fronteras de los páramos de Sumapaz, Macarena, de Los Pichachos.
Con la nueva delimitación de los páramos, las fincas de propiedad de campesinos en posesión a lo largo de décadas, incluso algunos de ellos, colonos fundadores de la región, rechazan las resoluciones de la entidad Parques Nacionales. Curiosamente las delimitaciones se iniciaron al tiempo que se le notificaban a otros campesinos los procesos de extinción de dominio.
