Los trabajadores, las organizaciones sindicales y el movimiento social en general, tienen el reto de salir a las calles a no permitir la imposición de esta medida que aumentará los niveles de pobreza y miseria en el país. Hay propuestas alternativas para el recaudo del Estado
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
El eufemismo con el que han llamado el nuevo proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso de la República, por parte del Gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no ha logrado esconder el carácter clasista que tiene por esencia ni las consecuencias negativas que dejará sobre la economía de miles de hogares colombianos.
La denominada “Ley de financiamiento” no es más que la continuidad de políticas económicas acordes con el recetario neoliberal o con los mandatos de la banca internacional, impuestos desde hace décadas, y que han dejado como consecuencia mayores niveles de pobreza, miseria, violencia, aunque también beneficios a grandes capitales nacionales y foráneos.
Otro atraco
El Gobierno argumenta la necesidad de los recursos que se recaudarían en 2019, $19,4 billones de pesos y para 2020, 13,2 billones; producto de aplicar un Impuesto al Valor Agregado, IVA, de 18% el primer año y 17% el segundo, a la gran mayoría de productos de la canasta familiar.
Para el economista, investigador y profesor de la Universidad Nacional, César Giraldo, las consecuencias de la medida serán desastrosas porque al tener en cuenta los bajos salarios y que se tenga que destinar más a los productos de la canasta familiar: “Se agotará más la capacidad adquisitiva de los sectores populares. Es lo que siempre terminó pasando con ese tipo de reformas”.
A su vez, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela García, expresa: “La ley de financiamiento es un atraco al bolsillo de todos los colombianos, a los de menos recursos y las clases medias que son los que más consumen los productos de primera necesidad que no estaban gravados con el IVA. Es un atraco a la economía del país porque afecta directamente el consumo como un instrumento para salir de la crisis y para el crecimiento, es un atraco para los productores del campo y para los mismos empresarios porque al haber menor consumo sus ventas se van a disminuir”.
Aunque el Gobierno ha hecho énfasis en que a los sectores más pobres se les devolverá el IVA, el profesor Giraldo cree que es un anuncio populista: “Es algo que ya se hace con Familias en Acción, es volver a la focalización, al discurso de la pobreza, es cobrarle a la gente impuestos pero sin reconocimiento de los derechos, es seguir en el miserabilismo. Es el mismo asistencialismo que vienen haciendo desde la década de los 90. Pero además, está probado que la herramienta del Sisbén no es efectiva para identificar a las personas pobres”.
Argumentos inocuos
No es la primera vez que un Gobierno aplica medidas económicas en detrimento de la calidad de vida de las mayorías, es algo que se hace desde hace décadas, siempre con las mismas justificaciones. Se sabe que es necesario recaudar no solo para tapar los huecos fiscales –muchas veces dejados por la corrupción de los partidos políticos en el poder-, sino también para inversión social. El punto es que no es con impuestos regresivos como se debe hacer.
El profesor César Giraldo considera que hay otras maneras de conseguirlos sin necesidad de golpear a los menos favorecidos: “Lo que hay que ver es la distribución de los recursos. Hay que ver cuánto se lleva la deuda, cuánto en seguridad o gasto militar, el pasivo pensional es producto de la privatización de las pensiones; entonces, si quieren mantener un rol de gasto militar en esa proporción, si quieren que los fondos privados se queden con todas las cotizaciones de los trabajadores y no vayan al presupuesto público, obviamente ninguna plata va a alcanzar porque es el apetito del capital financiero y el apetito de los poderes militares los que tienen desfinanciado el presupuesto”.
Las propuestas alternativas siempre han sido respondidas desde las élites económicas y los gobiernos con los mismos argumentos: Cobrar altos impuestos a los grandes capitales desestimulará la creación de nuevos empleos y la inversión extranjera en el país. Además, un alza de salarios produciría incrementos inflacionarios.
A las calles
El dirigente de la CUT, Diógenes Orjuela, cree no hay crisis que no se pueda resolver si no es sobre la base de aumentar el consumo de la población: “Nosotros creemos que debe ser de productos nacionales, con mano de obra nacional que genere empleo, con empresas, industria y agricultores colombianos, no sobre el modelo importador que han impuesto y que es el causante de toda esta crisis.
“Además, se deben eliminar todas las exenciones y beneficios tributarios que le están dando al gran capital y a las multinacionales, ya que son de 20 billones de pesos anuales, con lo que no necesitaríamos hacer reforma tributaria. Pero también, gravar más a los grandes capitales ya que las reformas tributarias deben ser progresivas, es decir, que quienes deben pagar más impuestos son los más ricos y lo que están haciendo es todo lo contrario, donde los impuestos los asumimos las clases medias y los menos favorecidos”.
Acerca de las explicaciones gubernamentales, de que si se suben los impuestos o no se eximen de estos los grandes capitales extranjeros se desestimula la inversión, el dirigente de la CUT manifiesta que es una tragedia que el país dependa de eso, producto de no desarrollar el capital nacional. “Si nosotros en vez de comprar 14 millones de toneladas de alimentos por año, nos ponemos a producirlas, hay más empleo; ganan los campesinos, trabajadores y el empresariado agrícola; si el Gobierno impulsa la industria nacional, hay desarrollo, empleo, poder adquisitivo y no se genera la inflación. Claro, si usted alza salarios y no hay un proceso de revitalización de la agricultura, de la industria puede haber inflación, pero si al tiempo crecen los salarios y aumenta la producción no pasa nada. Así se desarrollaron las grandes economías en el mundo”.
Entre las propuestas para evitar la reforma tributaria está la hecha por la organización sindical de la DIAN, que ha expresado que con una modernización de los sistemas y el fortalecimiento de la planta de esa entidad se evitaría la evasión y el contrabando, fenómenos que afectan las finanzas del Estado. Según Sinedian, por contrabando el Estado está dejando de recibir 30 billones al año y por evasión de grandes y medianos contribuyentes, y de IVA, entre 10 y 20 billones.
En conclusión, ante las acciones gubernamentales, es el momento de que el movimiento social muestre su madurez y en unidad con organizaciones sindicales, cívicas, estudiantiles, políticas o de cualquier índole, llame a colmar las calles para manifestarse hasta que la propuesta caiga, pero a la vez presentando medidas alternativas como en otras oportunidades lo ha hecho. Pero, ¡esta reforma, no hay que dejarla pasar!
