Gabriel Becerra Y.
@Gabocolombia76
Esta semana terminan las sesiones ordinarias del Congreso de la República que corresponden al primer periodo de la nueva legislatura instalada el pasado 20 de julio, y pasará a la historia como uno de los más improductivos bajo la conducción del tristemente célebre Ernesto Macías.
A la fecha, importantes reformas constitucionales y proyectos de ley han sido relegados y otros se encuentran rezagados en su trámite.
Para el periodo 2018–2019, según información disponible, se encuentran radicados en el Senado aproximadamente 33 proyectos de Actos Legislativos y 217 Proyectos de Ley que sumados a los presentados en Cámara configuran un verdadero trancón legislativo. En comisiones primeras de ambas corporaciones, que concentran buena parte de los proyectos y reformas más significativas, el número supera las 80 iniciativas.
De ese universo la bancada alternativa presentó 14 proyectos con énfasis en la defensa de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos y la implementación de los acuerdos de paz, que no han podido avanzar en su mayoría por su exclusión de las agendas definidas políticamente por las mesas directivas, y en general la falta de garantías que persiste, muy a pesar de la entrada en vigencia del Estatuto de la Oposición.
Del grupo de proyectos más estratégicos, los relacionados con la implementación del Acuerdo no han sido priorizados y los pocos que se han presentado, el Centro Democrático y sus aliados han querido modificarlos regresivamente, como en los casos de los relacionados con la Jurisdicción Especial de Paz y las Circunscripciones Territoriales Especiales, nuevamente hundido.
Tampoco es claro que logren abrirse camino los proyectos derivados de la consulta anticorrupción. El relacionado con la disminución de los salarios de los congresistas y altos funcionarios ya fracasó, y los demás difícilmente alcanzarán a ser votados en este periodo.
El avance a segundo y tercer debate de la mal llamada reforma política no representa reformas sustanciales. Por su parte, con un proyecto igualmente débil, naufragó el nuevo intento de reforma a la justicia.
La aprobación del presupuesto general y el trámite de la reforma tributaria camuflada como ley de financiamiento ha sido un proceso arbitrario e improvisado, denunciado por varios congresistas no solo por su contenido regresivo –que persiste a pesar de la exclusión del IVA generalizado a la canasta familiar– sino al igual por el método de discusión y votación autoritario.
En resumen: sin desconocer la importante labor de control político e iniciativa legislativa de la bancada alternativa, estamos frente a un poder legislativo ineficiente, autoritario, y mayoritariamente reaccionario.
