Colombia tiene más de 80 mil familias sufriendo el dolor de la desaparición forzada con el silencio de un Estado que no brinda garantías para su búsqueda
Carolina Tejada
@carolltejada
El pasado 15 de febrero, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, DD.HH., presentaron en el marco de una audiencia sobre desaparición forzada convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la cual se llevó a cabo en Bolivia, un informe penoso que nos pone entre los países con más delitos sobre desaparición forzada de todo el continente. Se trata de más de 83.000 personas que se han registrado como desaparecidas.
La magnitud de este tipo de delitos
Estos delitos, además de la magnitud, están relacionados con el ocultamiento de cientos de víctimas en cementerios, estamos hablando de otras 26.000 cuyos cuerpos se encuentran sin identificar en los cementerios y fosas comunes de Colombia. Estas cifras documentadas en las últimas dos décadas, son presentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Para las organizaciones de DD.HH., entre las cuales se encuentran la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -OFB, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar y la Corporación Jurídica Libertad –CJL, entre otras organizaciones, son tres los llamados que hacen a la comunidad internacional. Uno sobre la importancia de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, la urgencia de proteger los cementerios y sitios irregulares de inhumación o entierro, y, por último, la participación efectiva de las víctimas en las entregas de los cuerpos de sus seres queridos.
VOZ, dialogó con César Santoyo, representante del Colectivo Orlando Fals Borda, OFB, y quien hace parte de las diversas organizaciones demandantes ante la CIDH. Según Santoyo, esta audiencia cobra gran importancia para Colombia y para las víctimas, pues el registro de “estas 83.000 personas dadas por desaparecidas en diversos periodos de las violencias que se han desarrollado dentro del conflicto social y armado, es tres veces más desparecidos que los denunciados en lo corrido de la dictadura argentina”. El defensor, además, asegura que “para la paz de Colombia es trascendental esta audiencia en la medida que el organismo de seguimiento a los compromisos de cumplimiento y garantía de protección de los DD.HH. está enterado de la gravedad y la dramática situación que viven las familias colombianas ante el flagelo de la desaparición forzada; ello se agrava ante la terrible situación de subregistro que existe en el manejo de bases de datos y su documentación”
En el marco de la audiencia se le demostró a la CIDH el interés que existe en el país desde las mismas organizaciones de DD.HH. y las víctimas, porque dichos casos de personas no identificadas (PNI) en los cementerios del país, salgan a la luz y se puedan brindar garantías para su identificación.
Según la hipótesis de trabajo que tienen las organizaciones defensoras de DD.HH. y acompañantes de las víctimas, el drama de la desaparición ha tocado todos los rincones nacionales, ha golpeado a toda la nación y ha producido enterramientos que no son registrados. Por ejemplo, “se dice por parte del Ministerio del Interior, en un diagnóstico, que aún no está publicado, qué hay 26.000 personas sin identificar (PNI) en 426 cementerios del país. Esta tragedia, es gigantesca y dolorosa para el resto de municipios y ciudades del país, por ejemplo el cementerio de Matatigres, en Bogotá, es un lugar que debe ser protegido con medidas jurídicas especiales, posiblemente allí se encuentren inhumados los restos de muchas personas ultimadas en el marco de operaciones de ejecuciones extrajudiciales o fueron retenidas contra su voluntad”.
Las víctimas y el riesgo de la impunidad
Las cifras que se conjugan con una tragedia nacional, significan que el país podría tener entre tres y cuatro veces más personas desaparecidas que las registradas durante las infames dictaduras del Cono Sur. Lo cual, para el grupo de defensores, representa que, “el obstáculo para la paz y para la verdad, como necesidades de tránsito a la convivencia pacífica queda truncada y peligrosamente acechada por la incertidumbre y el dolor de la búsqueda de nuestras personas desaparecidas. Implica también que continúen las indagaciones acerca de las responsabilidades que le asisten al Estado colombiano en la ineficacia, incapacidad y / o falta de voluntad política en la búsqueda de las personas desaparecidas”. Santoyo reitera el peligroso riesgo de la impunidad, “pues con cada persona desaparecida que retorna a su hogar, inicia también una búsqueda de la verdad sobre lo sucedido y, en no pocas ocasiones el terrorismo de Estado es el agente perpetrador, las ejecuciones extrajudiciales su canal y el miedo, la zozobra y la “disuasión” su objetivo”.
A través de la campaña “contemos la verdad porque las personas no identificadas tienen una historia”, comenta Santoyo que han logrado que 115 personas regresen a su hogar para que sus familias los despidan con dignidad. Pero la tarea no termina allí para el colectivo de abogados. Después de este proceso, inicia la otra búsqueda, la de la verdad de la ejecución, por ellas, hay 60 militares de distintos rangos procesados y muchos ya condenados.
Las causas que se señalan en dichos delitos, están relacionadas entre ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Dichas situaciones están vinculadas a los territorios en disputa con proyectos calificados como estratégicos, agroindustriales, minero-energéticos, volteo de tierras para crear distritos industriales, entre otros.
Las exigencias
Dentro de los elementos que se le exigen al Gobierno colombiano, está el hecho de que el mismo Estado, reconozca la tragedia de la desaparición forzada y su responsabilidad, por acción o por omisión, “que Colombia tenga a más de 80.000 familias sufriendo el dolor de la desaparición es inaceptable”, asegura el abogado, y explica la necesidad de una política pública de manejo y disposición de cementerios. Plantea por ejemplo, la necesidad de que se construyan espacios para el manejo especial de los restos de personas no identificadas, “por ejemplo en cinco cementerios de los Llanos Orientales, en los municipios de La Macarena, Vistahermosa, Granada, Villavicencio y San José del Guaviare tenemos la dolorosa cifra de 2.344 personas sin identificar, que son el doloroso testimonio de la guerra contrainsurgente que recorrió nuestras selvas y sabanas, relatos del plan de consolidación, del Plan Colombia, del Plan Patriota que otra vez la ultraderecha en el gobierno exhibe hoy como presea de persecución a comunidades campesinas olvidadas, pobres y dolidas de tantas cicatrices de este horroroso conflicto”, asegura Santoyo.
Finalmente, ante la CIDH, estas organizaciones de derechos humanos, además de exigir la garantía de la vida de líderes sociales, también piden que “el Gobierno de Duque Márquez respete el Sivjrnr y cumpla con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano ante la comunidad internacional para superar de una vez por todas la guerra, el militarismo y la humillación que soportan millares de colombianos y colombianas. La paz, la verdad y la convivencia necesitan recuperar a todas las personas desaparecidas, ese es el reto”.
