La doble moral del Estado

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Líderes de Tumaco exigen la atención a Duque sobre la crisis humanitaria. Foto Carolina Tejada.

La crisis humanitaria en Tumaco es causada por la negligencia del gobierno de Duque. Indiferencia para frenar la guerra del narcotráfico e incumplientos con lo acordado en el territorio

Carolina Tejada
@carolltejada 

De 22 integrantes que componen la Comisión de Paz del Congreso, y que fueron citados a la Audiencia Pública por la crisis humanitaria en Tumaco, llama la atención que solo asistieron tres3 senadores; Gustavo Bolívar, Aída Avella y Gustavo Petro.

Tumaco, es uno de los municipios más grandes y más olvidados del sur del país. Su población es de alrededor de 200 mil habitantes, y está compuesta por 360 veredas.  Una de las tragedias que hoy vive su población es el abandono del Estado. Durante años han venido exigiendo planes de inversión para la producción agrícola, vías adecuadas para transportar los cultivos y mayores inversiones en términos de salud y educación. A pesar de ser un municipio tan extenso y de ser el segundo puerto más importante de la región pacífica, ninguna universidad pública hace presencia allí. Contrario a un desarrollo social digno, el abandono ha llevado a su población, en medio de la pobreza, y de la necesidad de subsistir, a vincularse a los cultivos de coca y amapola.

Con los acuerdos de paz adelantados en La Habana entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, esta población del Pacífico vio la oportunidad para sustituir dichos cultivos y sumarse a los acuerdos de paz, especialmente en el apartado en el que hablan de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, y pese a la voluntad de las comunidades por sustituir de manera escalonada estos cultivos y proyectar los agrícolas que serían financiados con los proyectos que surgieron del acuerdo, el Estado les ha vuelto a incumplir.

El año pasado, más de 16.000 familias que firmaron el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito manifestaron su inconformidad por el atraso en los pagos que el Gobierno nacional debe hacer cada dos meses, que corresponde a dos millones de pesos por familia, a fin de garantizar los proyectos productivos para evitar no volver a la siembra de coca o amapola, y garantizar el sustento de sus familias. Pero el no pago de los proyectos productivos no fue la única respuesta del Gobierno, también anunció la fumigación con glifosato a dichos territorios.

Una crisis humanitaria cantada

El municipio de Tumaco vive una crisis humanitaria sin precedentes. Hace año y medio una unidad de la Policía Antinarcóticos masacró a seis campesinos y dejó una decena de personas heridas. Con el ánimo de verificar las denuncias hechas por la comunidad, una misión de la ONU, de defensores de derechos humanos y periodistas llegaron a la zona y fueron recibidos con granadas aturdidoras. Hechos como estos continúan en la impunidad.

La Audiencia Pública tenía que ver con la denuncia del incumplimiento del Estado con los acuerdos de paz, pero también, con el flujo de violencia que se viene generando en la región, luego del proceso de paz. Los grupos armados ilegales llegaron al puerto para apoderarse del territorio, generar control de la población y obligarles a no avanzar con la sustitución de cultivos de coca y amapola. Cientos de líderes sociales han sido amenazados, otros han sido asesinados y el desplazamiento forzado que se pensó nunca volvería a llegar, volvió. Solo al mes de marzo, Tumaco recibió 300 familias desplazadas del Consejo Comunitario Bajo Miranda y Frontera. Un terreno de 46.000 hectáreas compuesto por 53 veredas que quedan al margen de los violentos, dueños del narcotráfico en la región.

Es esta la realidad que las comunidades quieren que pare. En el marco de la audiencia a la cual asistieron más de 300 personas de las comunidades afro, indígenas, campesinas y mujeres, se expusieron toda clase de denuncias con la intención de que el Congreso de la República en cabeza de la Comisión de Paz, presione al alto gobierno para que Tumaco pueda vivir en paz.

Los relatos de la población

VOZ participó de la Audiencia con el ánimo de visibilizar la tragedia de las comunidades, en sus relatos se evidencia el cansancio por la guerra, el anhelo de acabar con la pobreza, la violencia y el olvido en medio de tanta riqueza. “Tumaco cerró al año 2018, con 200 asesinatos específicamente en el municipio. Esta realidad desborda cualquier situación de DD.HH. a nivel nacional. Debe haber un compromiso muy grande de parte de los congresistas, para presionar al Fiscal porque no le está poniendo cuidado a los asesinatos y a la situación del Pacífico. Para nosotros esto es el exterminio a una raza que sigue resistiéndose a lo que viene sucediendo en el Pacífico”, afirmó en su intervención, uno de los líderes afro, vinculado a la mesa interétnica de la región.

La denuncia es otra de la situación a la que más le temen las comunidades. Afirman que no pueden denunciar, “si denunciamos, enseguida nos están asesinando los actores armados, pero también los legales. Estamos sentenciados a que, si no estamos muertos, estamos en la cárcel por el solo hecho de hacer las denuncias en términos de reivindicación de derechos que hoy tenemos los pueblos”. Es el relato de Javier, uno de los líderes indígenas, que luego de explicar la situación de las comunidades, atinó diciendo que, el tema de la seguridad en la Costa Pacífica, es muy complejo, pero que, “una cosa es ver la violencia por televisión y otra es vivirla día a día en las comunidades. Por eso hoy denunciamos los asesinatos que se vienen presentando en nuestras comunidades étnicas territoriales, y no tenemos garantías desde la Unidad de Protección”.

El pasado cinco de febrero, los indígenas se reunieron con el director de la Unidad Nacional de Protección, para exigir garantías sobre el pueblo Awa. Sin embargo, han sido poca la respuesta institucional. Sus demandas han sido integrales, debido al olvido histórico que han vivido en términos de educación, salud, “es ahí donde los grupos armados aprovechan el narcotráfico, y es por eso que nuestro Pacífico no progresa”, continuó Javier.

Las mujeres organizadas en asociaciones y juntas de acción comunal, también expresaron sus opiniones. “Las mujeres hemos sido víctimas de disputas territoriales de los diferentes actores armados, quienes han generado el desplazamiento forzado, desapariciones e intimidaciones y vulneraciones de nuestros derechos como mujeres, conllevándonos a que nuestro único medio de subsistencia sean los cultivos ilícitos”, aseguró la delegada de la mesa de mujeres quién también les relató a los congresistas, que la única presencia del Estado en los territorios, “ha sido de la fuerza pública. Presencia que es negativa ya que la violencia contra los líderes y las mujeres ha aumentado. Las mujeres nos hemos convertido en un objeto de la guerra, hemos sido víctimas de retaliaciones lo cual ha conllevado a que nuestro ritmo de vida cambie, a tal punto que tengamos que encerrarnos en nuestras casas por temor a ser atacadas”.

El llamado al congreso

“Señores senadores, en ustedes están las voces de las comunidades del Pacífico, para que puedan manifestar al Gobierno nacional, que necesitamos que continúen valorando los acuerdos de paz que ya se iniciaron y que deben continuar los diálogos con el ELN. No se pueden levantar de ese diálogo porque los más afectados son las comunidades”, asegura Javier.

Para las personas asistentes, el no adelantar un plan para recuperar la tranquilidad en la región, va a implicar el aumento del desplazamiento forzado, “por esa razón solicitamos que desde el Congreso puedan incidir en que el Gobierno continúe sentándose a dialogar con el ELN y que sigan respaldando esos acuerdos de paz que son los acuerdos del pueblo, con esos acuerdos han llegado muchas inversiones a nuestros territorios”. Igualmente, piden que se frene lo relacionado con la erradicación de los cultivos de uso ilícito y se implementen otros mecanismos que no sean los de la fumigación, “los pueblos indígenas hemos elevado nuestras propuestas, porque este proceso se tiene que hacer de manera consultada, con un criterio por localidad y de manera escalonada en los diferentes sectores, no solamente para los pueblos indígenas, las fumigaciones matan, y nos están matando a todos”, comentó el líder indígena.