Una metrópoli con un sistema obsoleto de trasporte público y una crisis gubernamental que afecta al conjunto de la ciudadanía
Jenny María Solis Roa
@Jemasolis
Bogotá, la única capital de América Latina sin metro, hoy por hoy, experimenta una de las más agudas crisis en transporte público. Ciudades como Quito, que va por la construcción de su segunda línea de metro subterráneo o Caracas, que cuenta desde 1986 con metro y a la fecha con tres líneas al servicio de las y los caraqueños, pueden ser un referente en este tipo de sistemas. En ambas ciudades, el sostenimiento y prestación del servicio es de carácter público.
Para la capital del país la situación es muy diferente, se cuenta con un sistema de transporte que se denomina público, pero realmente es de carácter privado, sólo el 4% de lo que genere en recursos el sistema es para las y los bogotanos. El actual alcalde, a lo largo de su trayectoria política y de negocios, se ha encargado de hacer viable la construcción y continuación del modelo Transmilenio, además de venderlo como único modelo posible para la ciudad, incluso, afirmando, que un metro no sería la solución de transporte para una ciudad del tamaño de Bogotá y que Transmilenio hace las veces de un metro.
Control sobre Transmilenio
Son mucho los reparos, las críticas y hondos señalamientos a la presente alcaldía, en relación a esta problemática de movilidad, que a su vez, se configuran como problemas de seguridad y convivencia. A la larga lista de quejas y reclamos, por parte de opositores y expertos en el tema, se suma la preocupación por parte de la Contraloría General de la Nación, en relación al disparate del burgomaestre de implementar el Transmilenio por la carrera 7ma y la contratación del SITP.
Una solicitud del senador de la República, Rodrigo Lara y la representante a la Cámara, María José Pizarro, para hacer control excepcional al proyecto Transmilenio y 10 contratos de concesión firmados en el año 2009, entre el Distrito y el Sistema Integrado de Transporte SITP, fue aceptada por el ente de control para su revisión.
La solicitud de control excepcional tiene que ver, en el caso de Transmilenio por la carrera 7ma, con presuntas irregularidades en la fase de planeación y en el que la Nación comprometió recursos económicos. Por su parte, en relación con los contratos, la solicitud tiene que ver con revisar contratos celebrados en el IDU y las empresas Ingetec e Integral, por presunta violación a los principios de planeación y contratación pública, además de presuntas irregularidades con la formulación del proyecto urbano troncal Séptima, la contratación de los estudios y diseños y temas relacionados con decisiones del licenciamiento al proyecto y decisiones administrativas y contractuales.
Ineficiencia más allá de una licitación
Los escándalos e inconformidad ciudadana relacionadas con el Sistema de Transmilenio, van más allá de los procesos de licitación y contratación, en síntesis, del manejo de los recursos y la no trasparencia de los procesos de licitación y contratación pública, situación que debe enfrentar la presente administración y por las que se exige una respuesta por parte del alcalde Enrique Peñalosa. Pero, además, esta inconformidad ciudadana pasa también por las indignas condiciones de movilidad e inseguridad, la afectación de este sobre el medio ambiente y la salud de las y los capitalinos.
Para tratar de atender la inseguridad en este tipo de transporte público, la última decisión del gobierno distrital fue poner en las estaciones de Transmilenio perros que supuestamente evitarían que las personas se colaran en el sistema, lo que aumentaría la seguridad al interior de las estaciones. Sin embargo, y como ha sido demostrado por varios medios de comunicación, el proyecto no solo no ha sido funcional, sino que ha sido criticado por los defensores de los animales, quienes ven en dicha medida una salida populista y nada correspondiente con las necesidades del momento.
El tema es de gobernabilidad y voluntad política, lo que necesita la ciudad es un sistema público y multimodal que dé respuesta a las necesidades de movilidad y el cuidado del medioambiente y, por otro lado, una política de prevención de la violencia que garantice resolver los niveles de marginalidad que han llevado a miles de personas a colarse en los buses, a la venta ambulante, o al robo.
