Es claro que los sectores democráticos no van a permitir que el trabajo de seis años por articular los acuerdos de La Habana, se malogre en favor de los intereses de la ultraderecha colombiana
Alberto Acevedo
En Colombia, no siempre se cumple aquello de que, detrás de la tormenta viene la calma. Ha sucedido en las últimas semanas, con la decisión de una sala de la Jurisdicción Especial de Paz de no extraditar al exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, hecho que se dio, casi de manera concomitante con la remisión a la Corte Constitucional del pliego de objeciones a la JEP y las reacciones de sectores enemigos de la paz, que propusieron convocar a una asamblea nacional constituyente, o declarar el estado de conmoción interior, para desconocer la voluntad de los tribunales de justicia y de un manotazo, extraditar a Santrich por vía administrativa.
Funcionarios del gobierno desmintieron que se estuviera contemplando la declaratoria de la conmoción, o que se alentara la convocatoria de una constituyente. En eso sucedió como en el cuento del que no cree en las brujas, pero que las hay, las hay.
Fue el senador José Obdulio Gaviria, antes de sufrir un accidente cerebrovascular, quien habló de que era necesario convocar una constituyente para reformar la JEP, impulsar una reforma a la administración de justicia, fortalecer la extradición y robustecer la lucha contra las drogas.
El golpe no se dio
Y fueron vertientes del Centro Democrático, en el que milita José Obdulio, quienes lanzaron el rumor de que la declaratoria del estado de conmoción interior funcionaria para los mismos objetivos, sólo que, mediante este mecanismo administrativo se produciría, por orden ejecutiva, la extradición del exguerrillero de las FARC.
A esta última decisión administrativa, o a las dos, se le había puesto fecha, en medio de la barahúnda en que se encontraba el país, en buena medida por las versiones de prensa que casi insinuaron el apocalipsis, y no tanto por el fallo de la JEP, que al fin y al cabo no fue más allá de ser una decisión tomada en derecho.
El anuncio debía darse en el marco de una rueda de prensa que el presidente Iván Duque convocó el viernes de la semana ante pasada en las instalaciones del aeropuerto militar de Catam. La oficina de Protocolo de la presidencia había convocado a los directores de los principales medios de comunicación. Asistían varios ministros, entre ellos los titulares del Interior y Defensa. El embajador de los Estados Unidos esperaba en una sala VIP del aeropuerto y sobre la pista permanecía estacionado un avión de la DEA.
Una mirada al entorno
El tinglado estaba listo. Solo que a última hora, una voz sensata, cercana al presidente, le insinuó al oído que lo que estaba en ciernes era ni más ni menos que un ‘fujimorazo’ una especie de golpe de Estado, que no solamente iba a causar más heridas en el escenario nacional, sino que no tenía presentación ante la comunidad internacional, en momentos en que el mundo ponía sus ojos sobre el proceso de paz.
Las tensiones vividas en esas horas, dejan una serie de lecciones que vale la pena tomar en cuenta, si se quiere adelantar la mirada a las definiciones que en el campo de la justicia y de la política están por venir.
En primer lugar, la ‘crisis institucional’ que vivió el país a raíz de la determinación de la JEP en el caso Santrich, fue más una fabricación de la prensa oficiosa del régimen y de las toldas uribistas, que creyeron llegada la hora para arremeter contra el conjunto de la jurisdicción especial de paz.
Temor a la JEP
Lo de Santrich era un pretexto. La decisión que tomó una sala de la JEP, ya se había filtrado a las altas esferas del ejecutivo y de la Fiscalía. El fondo del escándalo es el miedo a que la Jurisdicción Especial de Paz avance en sus decisiones, y termine enjuiciado a Álvaro Uribe, a los empresarios vinculados a procesos de parapolítica y a nuevos mandos militares comprometidos con desapariciones, crímenes de líderes sociales y ‘falsos positivos’.
Hoy está claro que la renuncia del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, no fue tanto por su desacuerdo con la decisión de la JEP, sino porque era inminente una acusación en su contra por la participación que tuvo en el escándalo de Odebrecht y el encubrimiento que durante su gestión hizo hacia otros actores en el mismo caso de corrupción.
Pero llama la atención su discurso de renuncia, donde muestra la virulencia en sus ataques contra la JEP, su odio contra los líderes del movimiento insurgente que protagonizó el acuerdo de paz, y su convocatoria a una movilización nacional contra los acuerdos de paz, que algunos analistas interpretan como su primer acto de campaña electoral.
El avance de la derecha no es inexorable
Es claro que el país avanzó en estos días en un proceso de radicalización de las posiciones de extrema derecha y fascistas, de posiciones guerreristas. Los sucesos que se precipitaron tras la decisión frente al caso Santrich no se pueden desvincular del asesinato sistemático de líderes sociales y de excombatientes de la insurgencia. Para este momento, el 1.8 por ciento de los desmovilizados, han sido asesinados. No hay día en que no circulen panfletos de las ‘Águilas Negras’, anunciando nuevas amenazas contra activistas sociales.
Ese avance de la extrema derecha, no es sin embargo inatajable. Al gobierno Duque, las cosas no le han salido todas a su favor. Los resultados del trámite a las objeciones del ejecutivo a la JEP, que terminaron en manos de la Corte Suprema de Justicia, constituyen un revés a su estrategia. El intento por impedir que la JEP asistiera a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue una vergüenza internacional. La tentativa reciente por buscar un “acuerdo nacional” contra el proceso de paz y por la extradición, terminó sin pena ni gloria.
Reservas democráticas
El fallo de la jurisdicción especial para la paz en el caso de Jesús Santrich, aunque pueda ser revertido en la sala de apelaciones, constituye en todo caso un acto de soberanía de la justicia colombiana, que pone en evidencia las complicidades de la Fiscalía General, el sometimiento del gobierno colombiano a los intereses norteamericanos, y la injerencia de Washington en los destinos nacionales.
En otro escenario, los acontecimientos recientes han permitido una coordinación entre organizaciones de derechos humanos y del movimiento social, en defensa de los acuerdos de paz de La Habana. Sectores del liberalismo, de los Verdes, de Cambio Radical, salieron al paso de los planes de la ultraderecha por ‘hacer trizas’ el proceso de paz. Es un buen mensaje en relación a la capacidad de respuesta de los sectores democráticos, que no van a permitir, sin una movilización nacional, que el trabajo de seis años por articular los acuerdos de La Habana se malogren en favor de los intereses de la ultraderecha colombiana.
