Pocas instituciones de reciente creación en Colombia han sido tan evaluadas como la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Tirios y troyanos opinan, critican y alaban esta institución médula, esencia del Acuerdo de Paz. La alianza cristiana- uribista la caracteriza como el engendro de todos los males de la patria. Una periodista vocera del uribismo, María Isabel Rueda, en una columna del domingo, considera que el “acuerdo de paz es un parapeto santista”. En consecuencia, la JEP sería un elemento de ese parapeto.
Los sectores progresistas y los partidos tradicionales la valoran positivamente y están empeñados en defenderla de los intentos de reformarla o destruirla por parte del Gobierno. La iglesia Católica en Colombia y el Papa Francisco, desde el Vaticano, han hecho de la defensa de la paz y la JEP una acción militante de todos los católicos del mundo.
Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en una entrevista para el diario El Tiempo, ante una pregunta del periodista Yamid Amat, respondió: “Pero a la JEP hay que dejarla que ejerza su función. La JEP no se puede acabar ni reformar en sus principios básicos, porque es la expresión de la justicia restaurativa. Si la JEP no existiera habría que crearla”.
Esa respuesta en cualquier lugar del mundo zanjaría cualquier polémica o discusión. Pero en Colombia, infortunadamente, no será así. Las razones son múltiples, pero las más importantes son: la existencia de un partido político como el Centro Democrático que ha hecho de su oposición a la paz, el núcleo de sus campañas para posicionarse electoralmente. Además, muchos de sus militantes, empresarios, ganaderos y latifundistas tienen temor de ser juzgados por la Jurisdicción Especial de la Paz.
Al principio el expresidente, realmente bipresidente, pero personaje predominante del dúo, Álvaro Uribe Vélez, simulaba aceptar la JEP, siempre y cuando paralelamente se creara una institución para juzgar a los militares y exmilitares. La idea era crear, con el pretexto de que los militares deben ser juzgados por personas que conozcan los intríngulis de la guerra, consejos de guerra constituidos por personal castrense, activos y retirados.
Con lo cual se garantizaba la impunidad total de los comparecientes, a cambio de obtener el silencio de los autores de los crímenes de estado, mimetizados por el eufemismo de falsos positivos. Resultado esperado por Álvaro Uribe Vélez: Ocultamiento de la verdad y de la responsabilidad de los generales, del ministro de la Defensa y, finalmente, del Presidente de la República de la época: Antioqueño, caballista, pariente y amigo de paramilitares, creador de las Convivir, adicto a los sedantes, con muchos procesos abiertos en las Cortes y manipulador de las decisiones de los pastores y la ingenua grey cristiana.
La presidenta y los magistrados de la JEP, no solo han recibido la confianza y reconocimiento de la mayoría de los partidos políticos colombianos, de los tanques de pensamiento del mundo, sino que ahora con la llegada de la ONU, a sesionar aquí por medio del Consejo de Seguridad, el país se enterara de que este organismo por unanimidad apoya el proceso de paz y la necesidad de implementar el contenido del Acuerdo de Paz. Además, reconoce y avala las actuaciones y decisiones de la JEP y el respeto que merecen su presidenta Patricia Linares Prieto y todos los magistrados que la acompañan en esta magna labor.
Después de estos eventos de máxima importancia, los periodistas y opositores de la paz y la JEP verán menguados sus intentos de sabotear la implementación de los acuerdos y de manipular la opinión para tratar de ponerla al servicio de la siembra del odio y la guerra que procura la derecha y su agente principal Álvaro Uribe Vélez. Algo más para coronar definitivamente la prevalencia de la convivencia y solidaridad sobre la beligerancia, la confrontación y la muerte: la grandiosa movilización del 26 de julio, en defensa de la vida e los líderes sociales, de la paz, la JEP, la inclusión y la soberanía nacional.
