José Ramón Llanos
Colombia asediada y empobrecida por la corrupción de los políticos, los funcionarios y los empresarios, debían tener en cuenta la experiencia paraguaya. Los gobiernos de Brasil y Paraguay, firmaron en mayo un acuerdo sobre la venta al primer país de la energía eléctrica producida por la represa de Itaipú. La parte del león le correspondía al país carioca. Por esa razón mantuvieron en secreto el acuerdo. Pero como dice el refrán: entre cielo y tierra, nada permanece oculto, todo se supo en la última semana del mes de julio.
Sucede que en el año 2009, los presidentes Fernando Lugo y Lula da Silva, guaraní y brasilero respectivamente, firmaron un acuerdo muy favorable para los paraguayos, hasta el punto que la regalía que se le reconocía era dos cientos por ciento superior a la que se le reconocía antes del nuevo acuerdo.
La violenta presión de Bolsonaro
El presidente Abdo Benítez no fue capaz de rechazar la presión violenta a que lo sometió el mandatario Bolsonaro y aceptó revisar el convenio del año 2009 y según el diputado del Frente Guasú Ricardo Canese: “Este abusivo acuerdo ocasionaría pérdidas al Paraguay en comparación con las ventajas obtenidas con el convenio Lula-Lugo”. La prensa guaraní, especialmente el Diario Contexto, afirma que Brasil se quedaría con el 89 por ciento de la energía producida por Itaipú a un precio irrisorio. Fabián Cáceres, exgerente de la Administración Nacional de Energía, ANDE, afirmó: “Los brasileños consiguieron algo que desde hace 10 años buscaban”.
Cuando se conoció el acuerdo las calles de Asunción, capital del país y los centros urbanos, fueron tomadas por manifestaciones coléricas que enarbolaban pancartas que decían “Traición” y pedían juicio político del presidente Benítez. Las respuestas del mandatario fue exigir la renuncia del canciller Luis Castiglioni; del director de ANDE, Alcides Jiménez y del embajador en Brasil, Hugo Saguier.
Las movilizaciones logran tumbar el acuerdo
El presidente Abdo Benítez, ante la masividad de las protestas se vio obligado a anular el acuerdo y nombró una comisión técnica para que negociara un cronograma que hiciera posible un acuerdo sobre energía hasta el año 2022.
Las movilizaciones del pueblo paraguayo sostenidas hasta cuando el mandatario anunció el desconocimiento del acuerdo tienen un gran significado, ya que Paraguay es recocido por la relativa aceptación del pueblo ante la larga dictadura que soportó de Alfredo Strossner, quien gobernó durante 35 años, desde 1954 hasta 1989. Sin embargo, debe reconocerse que en parte la inmovilidad, no es consecuencia de pasividad, sino fruto de la bárbara y cruel violencia del dictador.
Luis Castiglioni, ante el riesgo de ser juzgado por traición a la patria, con gran cinismo, en un tuit declaró: “Por ética y responsabilidad política, he puesto mi cargo a disposición del Presidente Abdo. Lamento que la tergiversación haya llevado a este estado de crispación. Todo lo actuado fue transparente para beneficio del país,” Además, en su carta de renuncia tuvo el descaro de escribir: “Fue un honor servir a mi Patria como canciller. Desde el lugar en que me toque trabajar, lo seguiré haciendo para engrandecimiento de nuestro querido Paraguay”.
El mandatario Abdo Benítez, después de poner parte de su gabinete como chivos expiatorios, reconoció que el acuerdo sobre la energía generada por Itaipú, ponía como vulnerables los intereses de Paraguay. Se debe destacar que desandó los primeros pasos que diera cuando estalló la denuncia y la consecuente protesta por el acuerdo, entonces dijo que el acuerdo reportaba grande beneficios al país, que incluso era un convenio histórico.
Los acontecimiento vividos entre los últimos días del mes de julio y los primeros días de agosto, dejan en claro que la más radical terapia contra la corrupción es la movilización masiva del pueblo. ¿A prenderán otros países de América esta lección?
