Por donde se mire, la economía del país está siendo desfalcada y los derechos de la población vulnerados. La clase dirigente ha entregado las riquezas y las tierras a la mafia, las multinacionales y al paramilitarismo
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
El descrédito y la decadencia del gobierno de Iván Duque han tocado fondo. Mientras la crisis económica, social y humanitaria se acentúa ampliando las brechas sociales, la pobreza y la marginalidad; el control político del Estado, por su parte, pareciera estar entregado por concesión a las mafias regionales y narcoparamilitares que, por medio de la violencia política, han retomado a gran parte del territorio nacional. La coyuntura electoral hoy evidencia su despropósito.
La riqueza entregada al mercado mundial
Además de mantener las necesidades básicas de la población colombiana insatisfechas, la riqueza natural y ambiental, casi en su mayoría, se ha cedido a las empresas extractivistas que alimentan el bolsillo de los grandes empresarios extranjeros, bajo el rigor infame de la pauperización de la dignidad humana.
Solo por hacer un acercamiento a lo amplio de esta problemática; cada corredor ambiental y red hídrica, como son los ríos Magdalena, Cauca y Amazonas, con dimensiones fronterizas georreferenciadas por su gran importancia para el país, hoy están siendo intervenidas para la explotación desaforada de sus recursos. Las reservas biodiversas y energéticas, tales como el petróleo, uranio, coltán, oro, plata, entre otras; son objetivo de los mercados y el gran capital que, bajo la licencia del Gobierno nacional no han dudado en deforestar e intervenir gran parte de la selva virgen, de los caudales hídricos y de los territorios con sus máquinas de hierro para abrir camino a la extracción de los recursos.
Según estudios, 11 son las grandes empresas que, en el país, están encargadas de extraer metales preciosos, entre esas están: Gran Colombia Gold Corp., Continental Gold Corp., Miranda Gold, Royal Road Minerals, Libero Copper Corporation, Newrange Gold Corp., Max Resources, Metminco, Atico Mining Corporation y Anglo Gold Ashanti. Según la dirección de la organización Forjando Futuros, Anglo Gold tiene 184 títulos de explotación minera, y hay 109 títulos más de empresas con las que tienen alguna relación.
A inicios de este año, la Agencia Nacional de Minería, ANM, entregó un informe sobre los títulos entregados. En el informe se asegura que son 6.490 títulos y 1.220 más de la Gobernación de Antioquia; lo que equivale a 2,7 millones de hectáreas formalizadas. El departamento de Boyacá es uno de los más explotados, con 1.314 títulos, seguido por Cundinamarca, con 897 títulos, seguido por Norte de Santander con 559.
Hoy, esos territorios se han convertido en cordones industriales, mientras la naturaleza desfallece, y aumentan la pobreza y el hambre de los pobladores, a quienes se les ha privado del disfrute y del goce de su territorio. El desplazamiento forzado es el pan de cada día de comunidades agrarias e indígenas, a causa de esta realidad.
Otros territorios con corredores naturales como Chocó biogeográfico y el Andino, cuentan con altos niveles de biodiversidad de flora y fauna, potenciales para la industria farmacéutica. Pero, también, han sido objeto de megaproyectos agroindustriales, como la palma africana y la caña de azúcar, destinadas a la producción de biodiesel o combustible renovable y etanol. Así mismo, estas zonas también han sido devastadas por la industria maderable, lo que ha implicado la deforestación de amplias zonas selváticas
La ubicación geoestratégica de las regiones colindadas con los océanos Pacífico y Atlántico, se han convertido en el escenario más apetecido para la entrada y salida de mercancías legales, pero también del narcotráfico y de las mafias ligadas a la comercialización de armamento, tráfico de migrantes y trata de blancas, por ejemplo.
Parapolítica
El paramilitarismo surge en Puerto Boyacá, en donde se constituye la Asociación de Campesinos, Ganaderos y Comerciantes del Magdalena Medio, Acdegam, la cual sería el paraguas legal de las autodefensas y, posteriormente, de las AUC. El crecimiento de este tipo de organizaciones armadas ilegales, vinculadas a la expansión de la ganadería, la agroindustrial, el comercio ilegal, el procesamiento de la droga o con empresas de seguridad de grandes multinacionales, constituyó un gran aparato logístico con hombres y mujeres en todo el territorio nacional que, por medio de la violencia y el terror, se convirtieron en los escudos para el crecimiento de este tipo de economía.
No solo empresarios o multinacionales han sido procesados por delitos relacionados con la financiación a las AUC, también políticos de diversas regiones, cuyos negocios eran amparados por estos grupos. Un ejemplo de ello son los denominados cacicazgos políticos que se mantienen tanto en Antioquia como en Córdoba. Solo en el departamento de Córdoba, el 80% de sus gobernantes, de los últimos tiempos, han sido vinculados, procesados o salpicados por relaciones con la parapolítica. En el 2007 fueron capturados por nexos con el paramilitarismo los senadores Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes, así como el representante a la Cámara, José de los Santos Negrete. Otros alcaldes y gobernadores están en la larga lista.
La agroindustria del banano ocupa en el país 47.542 hectáreas según datos del Censo Nacional Agropecuario, y los departamentos de Antioquia (70,7%), Magdalena (26,1%) y La Guajira (3,2%) 240, serían los más extensos. La Tierra Esclava, un proyecto de investigación de El Diario, señala que el 54% de la tierra cultivada con banano está en manos del 6% de los bananeros; el 30% de la tierra está en manos del 15%; mientras que el 16% de la tierra está en manos del 79% de los bananeros.
La tierra para este tipo de cultivo está en manos de siete comercializadoras, que a su vez, tienen las fincas productoras del banano: Uniban, con el 41% de las exportaciones; Banacol, el 20%; DOLE, el 9%; Del Monte, el 4%; Tropical, el 6%; Banafrut, el 7%; y Banasan, el 8%. Según investigaciones e información entregada a la Fiscalía, gran parte de las fincas productoras de banano en el Urabá contribuyeron al financiamiento de los grupos paramilitares. De las 346 fincas relacionadas en dicho listado, 291 se encuentran distribuidas entre las comercializadoras.
Cuando se da la supuesta desmovilización de las AUC, en el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, hoy también investigado por los mismos delitos, las personas desmovilizadas, de las oficialmente reconocidas, fueron cerca de 31.000, unas 20.000 se reportaron, según el Centro de Memoria, parte de ellas se integró al programa, pero otras 11.000 nunca se reportaron, pues tampoco era obligatorio hacerlo.
