Benedicto González M.
@BenedictoFARC
La noche del miércoles 18 de septiembre la periodista Salud Hernández Mora publicó en sus redes: “Me confirma gente de la zona que hay presencia de disidencias en la zona de Marimondas. Que quizá llevaron allá a Molina. Aseguran que Santrich anda en el área. No lo puedo asegurar, habrá que esperar”.
Se refiere la columnista al secuestro del ganadero José Ramón Molina Peláez, ocurrido horas antes en jurisdicción del corregimiento de Sitio Nuevo, municipio de Fonseca, La Guajira. Fuentes oficiales han señalado que la camioneta en que lo transportaron fue encontrada en zona rural de Tomarrazón, Riohacha. O sea que las versiones publicadas en redes por la periodista no coinciden con la realidad.
El pasado 20 de julio la senadora Aída Avella alertó que sobre el ETCR de Pondores se preparaba un operativo militar y exigió al presidente Duque un pronunciamiento al respecto. Pero el presidente nunca se pronunció, para ratificar o para negar la denuncia de la senadora. Lo cierto es que sobre ésta comunidad se viene ejerciendo una sistemática campaña de estigmatización, señalamientos y calumnias, por instituciones del Estado y medios de comunicaciones.
Pondores es un territorio de Paz, cuyos habitantes, signatarios del acuerdo de La Habana, adelantan en medio de la precaria política de reincorporación del gobierno de Iván Duque, y de la decadente seguridad física y jurídica, un rosario de iniciativas socioeconómicas, políticas y culturales basadas en la cooperación internacional. Por aquí han desfilado dos presidentes de la República, comisionados de paz, altos mandos militares, comisiones y delegaciones del congreso de la república, altos funcionarios de la ONU y la Unión Europea, directores de cine, escritores, figuras del deporte, y todos han evidenciado la vocación de paz de sus habitantes y el compromiso con la reconciliación.
Es evidente que la paz no es una prioridad para el actual gobierno, sus instituciones y la clase política que lo respalda. Quieren más guerra porque de ella se nutren sus negocios. Quieren guerra, porque no son sus hijos ni los de su clase los que van a la primera línea de combate.
Es sabido que toda el área perimetral de Pondores se encuentra bajo control militar y policial desde la declaración de cese al fuego en 2016. De modo que las ligeras declaraciones de la señora Salud Hernández, tanto ponen en riesgo la seguridad física y jurídica de los exguerrilleros en proceso de reincorporación, como ponen en duda el papel de los militares y policías que día y noche custodian el territorio.
Invocamos la solidaridad nacional e internacional a fin de evitar que sobre Pondores se materialice el anunciado plan de retaliación militar, con irreparables consecuencias.
