Luis Jairo Ramírez
@JairoRamirezh
La epidemia del Covid-19 llegó a Colombia justo en medio de un estallido social de protesta que venía creciendo desde el segundo semestre del año anterior. Los decretos de aislamiento preventivo han sacado a la superficie las enormes desigualdades que sufre la sociedad, producto de la concentración de la riqueza en un puñado de familias que controlan el poder real.
Colombia ha entrado en cuarentena nacional obligatoria decretada por el Gobierno, que en principio irá hasta el 13 de abril y que puede extenderse si logramos aclarar el sub-registro actual; esta medida choca radicalmente con la situación de millones de pobres e indigentes que viven hacinados, que no encuentran cómo aislarse, no cuentan con agua potable, tienen que rebuscar su ingreso diario y están desnutridos; no están cubiertos por los programas estatales, no conocen el gel antibacterial y son los más expuestos al virus y la devastación; es allí donde debiera estar la prioridad del gasto público.
El gobierno vacilante de Duque reaccionó tardíamente, se demoró el cierre de los aeropuertos internacionales, vía por la cual ingresó el virus al país y así se perdió tiempo valioso para tomar las medidas de recuperación del sistema de salud. El virus encontró desprotegida a la sociedad porque la salud pública y el régimen de pensiones fueron entregados desde la década de los 90 a poderosas corporaciones empresariales que convirtieron los derechos de la gente en lucrativos negocios.
También tardíamente fue decretada la emergencia económica y social por parte del Gobierno nacional. Lo grave es que se tomaron los recursos de los departamentos y municipios, y también los del Fondo de Pensiones. Es condenable a todas luces que el decreto busca primero favorecer a quienes gobiernan con Duque, que son los grandes empresarios y banqueros que aprovechan la coyuntura para echar mano a los recursos públicos.
Autorizados economistas sugirieron otras fuentes de financiamiento: por ejemplo, reorientar el gasto público hacia las prioridades actuales, usar hasta 5.000 millones de dólares de las reservas internacionales guardadas en el exterior a unas tasas de muy bajo rendimiento, o renegociar parte de la deuda externa para liberar recursos; también revertir las grandes rebajas de impuestos que obtuvieron las mayores empresas del país.
Además de la prioridad social, estos recursos deberían privilegiar a las pequeñas y medianas empresas que sí requieren de créditos subsidiados o aún de subsidios, puesto que ellas son las que aportan más del 70% del empleo en el país y serán las más golpeadas.
El gobierno se reúne con el Consejo Gremial para discutir la situación laboral pero no lo hace con las centrales sindicales, siendo que los trabajadores y trabajadoras son los afectados. Hay una oleada de despidos de trabajadores que viene a agravar la situación social. En medio de la pandemia, la estatal Ecopetrol ha ordenado a sus tercerizadoras el despido ilegal de más de 5.000 trabajadores, en una decisión inhumana; el gobierno debe detener semejante atropello y decidir medidas urgentes para la protección de los derechos laborales.
Las manifestaciones de solidaridad nos hacen ver que las comunidades organizadas en medio de sus debilidades se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, esa movilización atenúa los vacíos de un Estado clasista que aún en medio de la crisis saca ventaja para las élites dominantes.
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