Germán Ávila
Uno de los principales lastres que dejó el gobierno Macri a Alberto Fernández, si no el principal, fue el impresionante nivel de endeudamiento en que quedó Argentina. Lo más mediático ha sido el préstamo Stan by de 44 mil millones de dólares que le hizo el FMI, el más grande en la historia de ese organismo.
Sin embargo, ese préstamo no es la mayor deuda que tiene Argentina, ni la más urgente. El total de su deuda pública pasa los 332.000 millones de dólares, una cifra estratosférica para una nación latinoamericana, convirtiendo a ese país en el más endeudado de la región. El 22 de mayo era la fecha en que se vencía el plazo de gracia para el pago de 500 millones en intereses de tres bonos ofrecidos en canje, así como para la reestructuración de títulos por 66.000 millones de dólares. Esta fecha ya era producto del primer acuerdo de aplazamiento desde el 8 de mayo, pero la realidad argentina es dura: no tiene con qué pagar esa deuda, ni ninguna otra.
Según Martín Guzmán, ministro de Economía, el ambiente es apropiado para desarrollar una negociación que permita ampliar los plazos de una manera coherente con la realidad económica argentina, sin que los acreedores opten por solicitar la aceleración de la deuda. Esta solicitud daría carta abierta para cobrar por vía judicial el capital y los intereses completos o terminaría con la declaración de Default, lo que significaría, entre otras cosas, sacar a Argentina del círculo de naciones con posibilidad negociar préstamos presentes y futuros.
Según las declaraciones del ministro Guzmán, el ambiente para la renegociación de los tiempos es propicio. No cabe duda que las condiciones de la economía derivadas de la crisis de la pandemia, que no se han hecho esperar, generan un clima muy diferente a nivel local en cada país. Argentina no ha sido uno de los grandes afectados por la crisis sanitaria gracias a las medidas que fueron tomadas hace unas semanas desde el gobierno central. Este golpe se ha sentido con mucha fuerza y el gasto público para atender los efectos de la crisis en los sectores más vulnerables, cambian sustancialmente las reglas del manejo fiscal.
Las conversaciones entre acreedores y Gobierno argentino tienen buen panorama en cuanto a las intenciones de reconfigurar la deuda en la forma, pero en el fondo el acuerdo no está tan claro, los tiempos que han propuesto inicialmente desde la administración Fernández no fueron aceptados por los acreedores. Un plazo de gracia de tres años, quitas de capital del 5,4% y de intereses del 62% con una tasa de 2,25% para nuevos bonos proyectados a 2030 y 2047, fue la propuesta del gobierno, rechazada inicialmente.
La base de la propuesta realmente no son los tiempos, sino las quitas de capital, que es una figura a la que se recurre en casos particulares de dificultad para el pago de deudas de este tipo. Se plantea como una solución para garantizar el pago del resto de la deuda y sus intereses. Ante la propuesta del Gobierno, los acreedores hicieron sus respectivas contrapropuestas, que como es lógico no contemplaban quitas, ni en capital, ni en intereses.
La enorme deuda adquirida por el gobierno Macri, se hizo con el argumento de subsanar los gastos generados por “la fiesta Kirchnerista”, en la que se distribuyó el ingreso de la nación en la población por medio de subsidios a los servicios e intervenciones directas en sectores definidos. Lo más curioso es que en el momento en que Macri recibió el gobierno, la situación fiscal argentina era buena, aunque se mantenía una deuda pública, no era realmente grande y estaba bien diferida y había una próspera clase media.
A la salida de su gobierno, Macri no solo entregó al país en un nivel de endeudamiento estratosférico, sino que las condiciones materiales de la población se vieron disminuidas de manera sustancial. El salario real perdió varios puntos producto del aumento hasta del 700% en tarifas de servicios públicos y transporte, y la devaluación vertiginosa del peso argentino con respecto al dólar hizo pasar de 16 a 64 pesos por dólar. Estos dos se convirtieron en los principales factores de pérdida de la capacidad adquisitiva de la población. Esta situación pasó a afectar, en un principio, el estilo de vida de la clase media, pero luego las consecuencias se dejaron ver en las condiciones mínimas de vida de los sectores más golpeados por el sistema.
Por ahora, producto de la pandemia, se espera una fuerte contracción en la economía en Argentina tal como en el resto del mundo, hay una gran preocupación sobre cuáles puedan ser las herramientas de ese país para enfrentarla, sobre todo con una situación fiscal tan complicada. Desde febrero, antes de la pandemia, los expertos observadores del FMI que estuvieron en Argentina, declararon la situación de ese país como “insostenible” en términos de deuda pública.
En una conversación sostenida el año anterior entre Pepe Mujica y Alberto Fernández, días después de que se anunciara su fórmula presidencial con Cristina Fernández, una de las frases que, según sus propias palabras, Alberto Fernández recibió con mayor atención de parte de Mujica, decía que por ahora el único proyecto posible de nación que se puede desarrollar en Argentina, es lograr sacarla con algún éxito del estado de demolición en que la dejó Macri. Ese es el reto que tiene por delante la fórmula Fernández-Fernández.
