La suspensión del operador, de origen norteamericano, afecta a los usuarios de Telesur que en un 40 por ciento recibían la señal a través de este
Ricardo Arenales
Desde el pasado martes 19 de mayo, seis y medio millones de venezolanos se quedaron sin la mayor señal privada de televisión, elemento principalísimo de recreación y esparcimiento, especialmente para los niños, en tiempos de confinamiento por la pandemia del coronavirus. En esa fecha, Directv, que controla el 45.32 por ciento del mercado de difusión por suscripción, anunció que suspendía la programación y se retiraba del país.
La decisión se produce cinco meses después de llevarse a efecto una reunión entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la operadora AT&T, propietaria de Directv. La subdirectiva para América Latina del canal de entretenimiento, dijo que cerraba sus operaciones en Venezuela de inmediato y sin la participación de sus clientes, debido a las presiones del gobierno de Washington.
Este argumento no fue compartido por los usuarios del canal ni por las autoridades venezolanas, que lo consideraron un eslabón más en la cadena de sabotajes contra el país bolivariano.
Plataforma contra Venezuela
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, María Alejandra Díaz dijo que “esta empresa está abusando de su oposición de dominio y de su condición oligopólica para dejar sin comunicación a un sector de los venezolanos”. Precisó que “es una acción que va contra los derechos garantizados en la Constitución, la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, las normas de carácter comercial y la inamovilidad laboral”, que amerita incluso persecución penal.
En círculos cercanos al órgano constituyente, se dice que está en marcha una estrategia para imponer un cerco internáutico a Venezuela y el primer paso sería la suspensión de los servicios de Directv. Antes se había producido una suspensión del servicio de Cantv satelital, con la consecuente reducción de los canales afiliados.
Esta estrategia, que se suma a numerosas sanciones y actos de sabotaje de la economía con el auspicio de las autoridades norteamericanas, incluye el traslado de los equipos y la programación de Directv a Colombia y desde allí instalar una plataforma de mentiras y descrédito del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De momento, la suspensión del canal de origen norteamericano afecta a los usuarios de Telesur, que en un 40 por ciento recibían la señala de este operador.
Embargo de bienes
Como reacción inmediata a la maniobra, el Frente de Usuarios y Usuarias para la Defensa de los Derechos de las Comunicaciones, interpuso una demanda ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contra Galaxy Entertainment, la firma que representa a Directv en Venezuela, con el pedido de que se suspenda el retiro de la empresa y se mantengan las transmisiones de la señal a los usuarios.
El Tribunal acogió favorablemente la demanda, en fallo del 22 de mayo, y ordenó a la firma “de manera inmediata la reanudación del servicio de televisión por suscripción”. Ordenó así mismo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, “tomar posesión inmediata de todos los bienes” de Directv en Venezuela, para lo cual contará con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB.
La decisión incluye la prohibición de salida del país de los actuales miembros de la junta directiva de la programadora, el embargo de sus cuentas bancarias y de los instrumentos financieros que posea y la designación de una junta directiva ad-hoc que estará presidida por el director general de Conatel, Jorge Elieser Márquez Monsalve.
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