Nixon Padilla Rodríguez
@NixonPadilla
Un capítulo doloroso se abre ante nuestros ojos sin la menor delicadeza y exhibiendo una rabia que nadie advertía o a la que nadie temía. Las denuncias de las Violencias Basadas en Género (VBG), han roto de manera dramática el proceso de naturalización de prácticas que mayoritariamente consideramos inofensivas y que sirven de escondrijo a graves hechos de abuso y violencia. Es precisamente por esa naturalización que nos negamos a dar crédito al diluvio de acusaciones sobre prácticas de abuso y violencia en nuestro entorno político, cuya dimensión solo puede observarse cuando las relaciones sociales y políticas de nuestras organizaciones, entran a cuestionarse con los marcos conceptuales que nos proveen los feminismos.
Las violencias y el abuso contra las mujeres en las organizaciones del campo popular no son nuevas, pero ahora se pueden observar, gracias a la titánica lucha que han librado. Es tal el tamaño del fenómeno que ahora podemos valorar, que aquellos pasos, mecanismos y formulas que construimos para hacerle frente, parecen minúsculos e impotentes.
La naturaleza de la confrontación de clase y política en Colombia ha cultivado en nuestras organizaciones una desconfianza legitima frente a lo que percibimos como ataques contra las dirigencias y a las estructuras políticas revolucionarias o democráticas. Tal vez eso explica la razón de intentar eliminar de tajo el debate sobre VBG, calificándolo como una sospechosa intervención del enemigo.
No podemos equivocarnos. Podemos afirmar que desde la orilla de nuestros contradictores y desde los aparatos de inteligencia, van a utilizar las denuncias de VBG para propinarnos golpes políticos y organizativos. El papel de la ONG Rosa Blanca, es evidente y descarado. Pero sin ser ingenuos, es necesario que esa realidad no nos conduzca a darle un tratamiento conspirativo per se, a las denuncias de VBG en las organizaciones revolucionarias.
La mejor respuesta, no es estigmatizar el debate. Seguramente el deseo es que mucha de las denuncias, entraran en el camino disciplinario procesal que tenemos previsto en nuestras organizaciones y no por las redes sociales y el escrache. Pero más allá del debate sobre el debido proceso, el problema de fondo es de orden político y supera el procedimental.
Abordar este debate como un problema exclusivamente disciplinario o punitivo, es tentador. Pero, aunque resulte urgente darle salida rápida y garantista a los procesos disciplinarios que suponen las denuncias de VBG, debemos avanzar en incorporar este debate al interior de las organizaciones revolucionarias y democráticas, no solo como un problema que atañe a las mujeres para cercarlo en el gueto que hemos construido alrededor de los temas sobre género y sexualidad, sino al conjunto de la organización, que debe cuestionar nuestras certezas ideológicas y políticas al respecto, que interpela de manera importante a los hombres, sobre los privilegios que no controvertimos y las practicas que normalizamos.
Reconocer que estamos ante un fenómeno existente en nuestro seno; que no debemos darlo por entendido o simplificarlo; que la estigmatización a su denuncia, no contribuye a su solución; que lo debemos abordar a profundidad, rigurosidad y de conjunto, construyendo un marco conceptual que apropiemos de manera colectiva, y que adicionalmente debemos construir y mejorar las herramientas para combatirlo, es un paso insoslayable para continuar un proceso transformador de las organizaciones y las militancias, coherente con la tradición emancipadora de nuestras organizaciones. Es el camino mas pedregoso y difícil, pero será el que nos permita aportar en la construcción de una sociedad que ponga fin a la opresión de las mujeres, sexual y de clase.
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