Los últimos hechos de violencia sexual, que involucran a militares constituyen comportamientos de la estructura militar descompuesta, clasista, misógina y racista
Carolina Tejada
@carolltejada
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, en el país, la gran mayoría de víctimas fatales en el marco del conflicto eran integrantes de la población civil: 215.005 civiles. Lo cual debería llevar al país a pensar sobre el trasfondo de estos hechos. El actual gobierno, luego del proceso de paz con el que se estimaba se acabaría la guerra, sigue militarizando territorios y dando un tratamiento de guerra a las poblaciones.
Se podría decir que no solo se trata de un simple ejercicio guerrerista procedente de la misma doctrina militar, sino que, además, quien la asiste actúa bajo conductas clasistas, racistas, xenófobas, misóginas que son violatorias de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en tanto se cometen contra la población civil indefensa, afectando su cotidianidad, la vida e integridad física como se ha denunciado de manera sistemática en los últimos meses. Casos particulares son los de la región del Guayabero y el Catatumbo.
Semillero de la seguridad nacional
Las guerras se han llevado por delante a los grupos poblacionales más frágiles por su condición o cosmovisión ante la misma. Personas de la tercera edad, niños y niñas, discapacitadas, grupos étnicos, etc., y también mujeres. En la medida en que, en Colombia la guerra se impuso como una de larga intensidad, en el tiempo ha tenido variaciones a lo largo y ancho del territorio producto de la aplicación de la matriz para el continente, como lo es la Seguridad Nacional. Esta es una política de Estado creada y desarrollada por los EE.UU. que, como categoría política, se consolidó a partir de la Guerra Fría, en donde se produjeron los más atroces vejámenes contra la humanidad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la violación de mujeres por parte de las tropas nazis en los países de ocupación fue habitual, como lo fue también en los campos de concentración. La misma práctica se dio por parte del Ejército de los EEUU, en 1944 en Normandía. En la década de los años ochenta, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los EEUU, una nueva intencionalidad de militarismo llega al continente.
Se trata de una estrategia que tenía como fin superar el fracaso de lo que hasta ese momento había sido su política de seguridad aplicada en Centro América; inicia entonces lo que se denominó como el semillero de un nuevo concepto que, aunque controvertido, terminó por imponerse: el Conflicto de Baja Intensidad y se resignificaron dos conceptos producto del balance acerca de la efectividad de lo que hasta ese momento era la doctrina militar.
Por un lado, flexibilidad en la acción y por otro, el concepto de victoria. La flexibilidad, se aplica cuando fracasa la acción militar en Centro América, y orienta un nuevo principio en la ofensiva, que consiste, según la experta en el tema Lilia Bermúdez, en “apoderarse, retener y explotar la iniciativa”, “no importa el nivel estratégico o táctico, el lado que mantenga la iniciativa mediante acciones ofensivas fuerza al enemigo a reaccionar más que a actuar. Y, el concepto de victoria, que rescata el elemento político y que, según la autora, coincide con la definición en la nueva Política de Baja Intensidad el cual no admite soluciones puramente militares. Requiere una aproximación multidisciplinaria que reconozca la interrelación de factores sociales, económicos y militares.
Bajo esta premisa, los ejércitos no esperan resultados de forma convencional, es decir, por medio del aparato militar, ejerciendo la violencia sobre el otro en la lógica de la eliminación física, por el contrario, las acciones de la guerra debieron ser adecuadas. La propaganda, las acciones psicológicas, la presión social o quitarle el agua al pez, se configuraron como parte de ese nuevo matiz en la guerra.
Los cuerpos de las mujeres como trofeos de guerra
Los últimos hechos en los que se ha denunciado a hombres del Ejército como los responsables de la violación de una niña embera, no solo no son nuevos, constituyen esa serie de comportamientos de una estructura militar descompuesta desde la raíz. La violación de mujeres, niños y niñas es parte de una escala de comportamiento que se ha mantenido constante en el tiempo, y que no se ha modificado o castigado con veracidad pese a la multiplicidad de denuncias de sus víctimas.
En un informe de la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos del 2015, se relataron los hechos relacionados con la estigmatización y violación de mujeres. “En 2007, en un municipio del centro del Valle del Cauca, militares de la Tercera Brigada, Tercera División del Ejército Nacional, ingresaron a una casa campesina reteniendo a dos mujeres y tres hombres. Las mujeres fueron interrogadas por su supuesta pertenencia a la guerrilla y fueron víctimas de violencia sexual, en la que participó un teniente. Las mujeres, por separado, fueron golpeadas, víctimas de tocamientos, desnudez forzada y de tratos crueles. Ellas fueron dejadas en libertad al día siguiente”.
La Corporación Sisma Mujer documentó la violencia a la que fue sometida una mujer, junto a sus hijos, por parte de miembros del Batallón Contraguerrilla No. 16 “Caribes”, de la Brigada Móvil 2, de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) en Caquetá. Los militares detuvieron la embarcación en la que se movilizaba una familia: “Ellos se acercaron a la orilla del río donde fueron amarrados, la mujer fue golpeada acusándola a ella y a su esposo (que ya había fallecido) de guerrilleros, luego de varias horas uno de los soldados se masturbó y obligó a la mujer a beber el semen, bajo la amenaza de que los mataría”.
En el 2003 en el marco de la Operación Marcial en Granada, Antioquia, soldados violan a una mujer en la carretera y Amnistía Internacional denuncia que fueron varias las mujeres violadas de forma sistemática. En ese mismo año soldados arrojan ácido en la cara de una guerrillera de las FARC capturada en combate y luego la violan. Los soldados afirmaban que por ser soldados podían hacerlo. En el 2019, una niña de 15 años fue violada durante seis días por dos militares del Batallón de Infantería Joaquín París, que la mantuvieron secuestrada y sin darle de comer en una habitación de esa guarnición militar, con sede en San José del Guaviare. Y así un largo prontuario de crímenes sexuales contra las mujeres.
El pasado 20 de marzo VOZ publicó el llamado de atención que la Comisión Asturiana de DDHH que visitaba Colombia, le hacía al Gobierno de Iván Duque por las denuncias que recepcionó en su visita a Río Sucio, Caldas, en donde la comunidad indígena embera denunció un constante acoso, prostitución y violación de niñas por parte del Ejército Nacional y los grupos paramilitares. Según los voceros de la misma comisión ni el Ejército, ni el gobierno se motivaron a dar respuesta a sus inquietudes.
Los territorios en los que se han presentado este tipo de violaciones tienen algo en común, la población civil está en medio de una disputa de los grupos armados, son territorios en donde se presentan enfrentamientos frecuentes, son lugares apartados y olvidados por el Estado y por lo general, zonas en donde la justicia no llega.
En Colombia y en diversos lugares del mundo en donde la guerra cobró su lugar en la historia, las violencias sexuales constituyen formas de posesión y control del territorio enemigo, debilitar moralmente a comunidades vistas como contradictor-enemigo, generar terror y, en esa búsqueda de posicionamiento militar los cuerpos de las mujeres siempre han representado la forma mediante el cual, los ejércitos en disputa se posicionan como vencedores.
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