José Ramón Llanos
El gran problema del uribismo y su líder máximo es que su historial está signado por la sombra del paramilitarismo, los falsos positivos, realmente crímenes de Estado, y el espionaje ilegal a la Corte Suprema de Justicia. Amén de que Álvaro Uribe durante su gestión presidencial se destacó por las acciones desinstitucionalizadoras y por los numerosos funcionarios que resultaron encarcelados o fugitivos, dados los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos.
Los seguidores del expresidente lo presentan como un gran patriota y gran demócrata y una especie de salvador de la nación, incluso una senadora comete el exabrupto de presentarlo como el Libertador redivivo. Pero no hay tal. Recordemos que para ser reelegido tuvo que hacer una reforma de la Constitución, mediante el delito de cohecho logró que Yidis Medina y Teodolindo Avendaño vendieran su voto para lograr la aprobación de la reelección del presidente Álvaro Uribe. La lógica indica que el beneficiario del delito es responsable en calidad de determinante del mismo. O sea el exmandatario actuó como un delincuente. Prueba de ello es que quienes fueron los ejecutantes de la acción ilegal fueron condenados, los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, los cuales encubrieron al autor intelectual del delito: el ahora reo Álvaro Uribe.
El gobierno de Uribe organizó la más grande campaña de espionaje a la Corte Suprema de Justicia, cuando esta institución juzgaba por paramilitarismo al pariente del presidente Mario Uribe, este fue condenado al comprobársele estas actividades. El DAS a lo largo de dos años espió a la Corte Suprema de Justicia y esta información se la pasaba su directora María del Pilar Hurtado a la presidencia de la República. La revista Semana calificó así estas trapisondas: “Este fue apenas el último episodio del peor caso de espionaje estatal de que se tenga memoria en el país”. El nivel delincuencial de ese Gobierno lo mide este hecho, la revista Semana afirma que “ordenaron al DAS robar de la Corte Suprema de Justicia el expediente del caso Mario Uribe”.
Estos datos parciales de los antecedentes de Álvaro Uribe, algunos comentaristas judiciales afirman que tiene casi cien procesos abiertos en las Cortes, justifican la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle la casa por cárcel. Por tanto, los intentos del Centro Democrático de calificar su detención como decisión política y no jurídica, no pasa de ser un intento estéril de seguir engañando al pueblo.
Es necesario convocar a las fuerzas políticas progresistas y revolucionarias del país a promover un apoyo masivo a las Cortes, para evitar el linchamiento infame de la extrema derecha y sus voceros del Centro Democrático. Y en cuanto se refiere a las críticas del Presidente y sus ministros a la determinación de la Corte Suprema de Justicia, sería suficiente que la Procuraduría General de la Nación investigue y sancione.
Si el expresidente Álvaro Uribe desea que su nombre concite la admiración y respeto de los conciudadanos, sería suficiente que demuestre su inocencia sin embrollos, con respeto a las normas procesales y con la decencia y pulcritud que debe actuar un expresidente de la República y no como un buscapleitos. Senador Uribe, no olvide que de la naturaleza de sus actos depende como aparezca en los anales de la historia. Por el bien del país, deje de sembrar cizañas.
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