Es necesario superar el extractivismo de la economía colombiana porque, en el plano nacional e internacional, está basada en los combustibles fósiles y en la explotación abusiva de la naturaleza que conduce a la insostenibilidad de la vida
Carlos Fernández
Una primera mirada al proyecto de presupuesto para 2021, presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la República, haría pensar al más desprevenido que, a pesar de las innumerables menciones a la pandemia y a la abrupta caída de los precios del petróleo, Duque y sus ministros no se han enterado de que la crisis es de fondo y de que hasta personajes que, en el plano nacional e internacional, no pueden ser sospechosos de querer un cambio de sistema, abogan por una modificación, al menos, de los fundamentos de la política económica hasta ahora orientada por los principios del neoliberalismo. Esta actitud ya se hizo evidente en la presentación al Congreso del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), en el que se proyectó una muy optimista recuperación económica para el año 2021.
Las cuentas de la lechera
Entre los supuestos macroeconómicos que sustentan los cálculos de ingresos del Presupuesto General de la Nación, el proyecto calcula un decrecimiento del producto interno bruto (PIB) de 5,5% en 2020 y un crecimiento de 6,6% para 2021, con lo cual se tendría en 2021 un PIB superior en 0,7% al de 2019. ¿En qué se fundamentan estos cálculos? En buenos deseos y en la fe en la Virgen de Chiquinquirá. Un botón de muestra: en el documento Aspectos complementarios del Presupuesto General de la Nación 2021, página 16, se señala que «Una vez termine el choque asociado a la propagación del covid-19, se espera que el grueso de la economía retome sus actividades, permitiendo que durante el año 2021 el valor del producto interno bruto regrese a los niveles registrados en el 2019. A medida que la actividad económica vuelva a la normalidad, los ingresos de los hogares y firmas también retornarían a los niveles anteriores a la crisis».
«Se espera». La fórmula se aplica para otras variables como el déficit fiscal, la deuda interna y externa y, un poco menos, para el empleo. A este último respecto, el Gobierno reconoce que su recuperación será más lenta y difícil, por lo cual la medida de reactivación consiste en no suspender las obras de infraestructura vial de cuarta generación, impulsar las de quinta generación y acelerar la construcción de unos aeropuertos y del metro de Bogotá.
Hay que reconocerle al Gobierno su persistencia en la línea de política económica trazada en el Plan de Desarrollo 2018-2022, en la ley de crecimiento económico (en ningún momento se plantea reversar algunas de las exenciones tributarias otorgadas en ella) o en el MFMP. Pero esta persistencia es prueba, también, de la miopía oficial al no reconocer que la pandemia puso en evidencia una crisis de civilización y de régimen económico y ambiental, que es necesario enfrentar de manera decidida.
La naturaleza de la crisis
Ya se ha señalado por varios analistas que es necesario cambiar el carácter extractivista de la economía colombiana porque, en el plano nacional e internacional, la economía basada en los combustibles fósiles y en la explotación generalizada de los recursos naturales conducirá, tarde que temprano, a una situación de insostenibilidad de la vida humana. Además, porque la deforestación seguirá siendo causa, entre otros desastres, de nuevas pandemias y del cambio climático. De ahí que el fracaso en la Cámara de Representantes del proyecto de acto legislativo, con el que se quería proteger la biodiversidad de la Amazonia, va a permitir que se exploten hidrocarburos en esta región, con las desastrosas consecuencias que es dable esperar.
Quienes dominan, en Colombia, el Estado y, más concretamente, el gobierno, han mostrado una pequeñez en el manejo de la pandemia que no es de extrañar. Mientras en los meses que van desde la declaratoria de la pandemia se han asignado (no gastado) 25,3 billones para atender sus consecuencias, para 2021 se plantea destinar 3,2 billones para el efecto, contando con la prolongación del ingreso solidario, cuyo decreto de creación fue declarado inconstitucional por la Corte.
Las únicas reformas de que se habla ya eran objeto de anuncios antes de la pandemia: la laboral (para flexibilizar más las relaciones trabajador-patrono), la pensional (para fortalecer el régimen de ahorro individual) y la tributaria (para eliminar las exenciones del IVA que benefician a los más pobres. Sobre las exenciones al impuesto de renta de que disfrutan las transnacionales y las grandes compañías colombianas, no se habla).
Algunas cifras
El monto propuesto de presupuesto para 2021 asciende a la suma de 314 billones, 4,4% superior a la asignación vigente a junio 30 para 2020. De esa suma, 295,3 billones corresponden al gobierno nacional central y 18,7 billones a los establecimientos públicos nacionales. Por el lado de los ingresos, cabe destacar que el Gobierno nacional calcula que el impuesto de renta seguirá siendo el más cuantioso pero el crecimiento en el recaudo de IVA y de impuesto al consumo, o sea, los impuestos indirectos que golpean más a la población, será superior, porcentualmente, al del impuesto de renta.
De otro lado, el presupuesto tiene como una fuente de ingresos un ítem denominado Fondos Especiales, que son cuentas con o sin personería jurídica, mediante las cuales se financian elementos específicos del gasto. El ingreso por este concepto disminuye de 38 billones de pesos a 14,9 billones entre 2020 y 2021. Esta disminución obedece, en un 97%, a la disminución señalada más atrás en los recursos del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias), creado para atender las urgencias de la pandemia. O sea, con lo que se ha hecho este año, basta.
En lo que tiene que ver con los recursos de capital como fuente de financiación del presupuesto, la proyección de crédito interno para 2021 es la misma que para 2020, en tanto el crédito externo disminuirá su cuantía, seguramente porque ya las consecuencias de la pandemia se habrán mitigado, según los cálculos oficiales, y no habrá necesidad de mayor endeudamiento. Sin embargo, dentro de los recursos de capital que financian el presupuesto, se prevé un título denominado «otros rubros de capital», con el cual se espera financiar el presupuesto, el año entrante, en una cuantía de 26,2 billones de pesos, 316,2% más que en 2020, cifra justificada de la manera más ambigua que pueda concebirse, para obtener la cual el Gobierno dice contar con 18 meses. Por último, se prevé un ingreso de 12 billones de pesos por concepto de «disposición de activos» (léase, privatizaciones).
En lo que tiene que ver con el gasto, el espacio no permite profundizar mucho. Baste señalar que al Acuerdo de Paz se le asignan 10,7 billones, de los cuales 8,1 billones irían a financiar el primer punto sobre reforma rural integral, dispersos en múltiples entidades, entre ellas el Ministerio de Hacienda. Los recursos asignados al punto de sustitución de cultivos (misteriosamente denominado en el proyecto de presupuesto como «solución al problema de las drogas») ascienden a 1,2 billones, de los cuales el 99,1% se tramitarán a través del Ministerio de Hacienda. Con razón, la Contraloría General dice en reciente informe que, al ritmo que va, el Acuerdo se cumpliría en 25 años. Mejor dicho, no se cumpliría.
Entre la recuperación económica mágica de Duque y Carrasquilla y la aniquilación del Acuerdo de Paz, tenemos más de lo mismo y peor.
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